El gobernador envió al Congreso su propuesta
para la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde destaca
la “sugerencia” de aprobar a su secretario particular Pedro García Montañez,
cuya única experiencia en la materia es haber sido director jurídico en Boca
del Río, ente municipal donde gobierna el hijo del mandatario, Miguel Ángel
Yunes Márquez.
Las otras tres propuestas de Yunes
Linares son Alejandro Pérez, exdirector jurídico del municipio de Xalapa; Luisa
Samaniego, jueza octavo de lo Familiar en Xalapa, y Estrella Iglesias
Gutiérrez, jueza de control en Xalapa y quien ha llevado el caso de varios ex colaboradores
de Duarte de Ochoa y que hoy se encuentran en prisión.
Apenas al
inicio de esta semana, la Contraloría General del Estado (CGE) y la Secretaría
de Gobierno (Segob) comenzaron una campaña publicitaria al interior de la
propia administración estatal, con la colocación de carteles en las
dependencias públicas con el slogan:
“Censuramos el tráfico de
influencias”, sin embargo, la propuesta de García Montañez, aún secretario
particular del gobernador como próximo magistrado del Tribunal de Justicia
Administrativa, dista mucho de poner el ejemplo.
En el sexenio pasado, el priista
Javier Duarte de Ochoa realizó las mismas acciones de incorporación de sus
amigos al Poder Judicial del Estado (PJE), sobre todo de aquellos políticos que
le rindieron favores en “torcer” las investigaciones de asesinatos de
periodistas.
La extitular del Juzgado Cuarto Civil
de Coatepec, Beatriz Rivera Hernández, fue ungida como magistrada como “premio”
por haber avalado los desaseos en la investigación del homicidio de la
corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez (abril 2012), crimen que
continúa impune y sólo se centró en el robo como único móvil.
Luego Marco Antonio Lezama Moo, ex subprocurador
general de Justicia, y el incipiente abogado Amadeo Flores Villalba fueron
propuestos por Duarte como magistrados.
Lezama Moo por avalar la ruta que
tomaron las investigaciones de asesinatos de algunos reporteros en Veracruz,
los cuales fueron vinculados a ligas criminales y, en el caso de Flores
Villalba, su mérito fue ser vástago del ex procurador Amadeo Flores Espinosa,
conocido por entorpecer cientos de investigaciones por desaparición de
personas, delitos en los que estaban ligados fuerzas policiacas locales, y
también por dar “carpetazo” a las investigaciones por asesinatos de
periodistas.
Mientras Villalba rendía protesta
como magistrado, su padre Amadeo Flores era investido al pasar de los meses
como líder estatal del PRI.
Duarte también sugirió retirar a Consuelo Lagunas
Jiménez de la dirección de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General
del Estado (FGE), para mandarla a un cargo de bajo perfil, pero con el mismo
salario dentro de la misma corporación.
Cuando entró el gobierno de Yunes,
Lagunas fue designada como procuradora fiscal de la Secretaría de Finanzas y
Planeación (Sefiplan), donde también cobra un jugoso salario.
Por último, María Dolores Silva
Ovando, cónyuge del magistrado Agustín Romero Montalvo, también adscrito al
expediente de Regina Martínez, rindió protesta hace un par de años como
consejera del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial del
Estado (PJE).
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