La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó formalmente ante la Procuraduría
General de la República (PGR) tres nuevas denuncias penales por malos manejos
de casi 540 millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)
entregó mediante convenios a tres universidades en 2015, año en que esa
dependencia estuvo encabezada por Rosario Robles y el hoy precandidato del PRI
a la presidencia, José Antonio Meade.
Los presuntos desvíos se cometieron con el mismo esquema
revelado por Animal Político en la investigación periodística “La Estafa
Maestra”, es decir, a través de
convenios que dependencias del gobierno federal firmaron con universidades por
servicios que, a su vez, estas terminan subcontratando con otras empresas para
eludir los controles de licitación y transparencia. Los bienes y servicios que
se contrataron terminaron siendo de dudosa calidad o inexistentes.
Los nuevos casos denunciados por la ASF ante la PGR contemplan convenios de Sedesol firmados en
2015 con la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad
Politécnica de Chiapas y la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, quienes
recibieron en conjunto casi 540 millones de pesos que estaban destinados, entre
otras cosas, a identificar a personas en condiciones de pobreza extrema
alimentaria.
Lo que los auditores
descubrieron es, entre otras cosas, que buena parte del dinero simplemente
desapareció.
La existencia de
algunos convenios fueron negados por la propia SEDESOL, pese a que los firmó y
hay copias de los mismos. Además, la comprobación de los servicios realizados
es, en el mejor de los casos, sospechosa.
Con estas tres nuevas
carpetas de investigación abiertas por PGR en diciembre pasado, ya suman 19 las
averiguaciones que la Procuraduría tiene en curso por fraudes y desvíos con el
esquema de la “Estafa Maestra”, sin que al momento alguna haya sido resuelta.
Cabe recordar que Rosario
Robles fue la secretaria de Desarrollo Social, desde diciembre de 2012 hasta el
28 de agosto de 2015, llegando en su relevo José Antonio Meade, que se mantuvo
en el cargo hasta el 6 de septiembre de 2016.
A continuación, se mencionan las conclusiones a las que
llegaron los auditores al verificar los convenios mencionados y que dieron pie
a las denuncias interpuestas. Todo ello forma parte del informe de resultados
de la auditoría financiera y de cumplimiento 277-DS.
Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?
Universidad Intercultural del Estado de México.
La Secretaría de Desarrollo Social adjudicó, de forma
directa, un monto de 124 millones de pesos a la Universidad Intercultural del
estado de México para la aplicación de Cuestionarios Únicos de Información
Socioeconómica (CUIS) en zonas rurales y semiurbanas, con el objetivo de
localizar e identificar a personas que pudieran estar en condiciones de pobreza
extrema alimentaria en los 32 estados del país.
La adjudicación se dio
mediante la firma del convenio UCD/33901/010/2015 cuya vigencia fue del 5 de
marzo de 2015 al 31 de julio de 2015. En este caso el periodo corresponde
únicamente a la gestión de Rosario Robles al frente.
Lo que la Auditoría
encontró al revisar este convenio fue que Sedesol no proporcionó prueba de las
supuestas cotizaciones que hizo con distintas universidades para aplicar los
cuestionarios, y elegir a la Universidad Intercultural del Estado de México por
ser la mejor opción.
Luego, cuando se solicitó la información, se descubrió que la
referida universidad subcontrató la totalidad de los servicios por los que
recibió el dinero con dos empresas externas incumpliendo con lo pactado en el
convenio: que la Universidad pudiera realizar a los servicios.
La institución pagó a las dos empresas subcontratadas 61.2
millones de pesos para la aplicación de los cuestionarios, sin que exista
prueba alguna de donde quedaron los otros 62.8 millones de pesos que la
Secretaría de Desarrollo Social le entregó a la Universidad a través del
convenio firmado. El dinero simplemente desapareció por lo que los auditores
presumen que se cometió un fraude a la Hacienda Pública.
Cuando los auditores
solicitaron la comprobación de los servicios pactados, tanto las empresas
contratadas como la Universidad entregaron exactamente los mismos documentos,
incluso con los logotipos de la Universidad y la Sedesol, lo que permite
presumir que se trataba solo de copias para solventar el trámite.
La ASF cuestionó a la
Secretaría de Desarrollo Social sobre este cúmulo de irregularidades, pero la
dependencia literalmente respondió que no era de su incumbencia.
“En respuesta de los
resultados, la dependencia fiscalizada informó que no es posible pronunciarse
respecto de la subcontratación realizada por la UIEM, debido a que corresponde
a hechos ajenos a su control.
Universidad Politécnica de Chiapas.
En este caso la Secretaría de Desarrollo Social entregó a la
Universidad Politécnica de Chiapas 400 millones de pesos para llevar a cabo la
supervisión, control, mejora y monitoreo de los comedores comunitarios en el
Estado de México.
Para ello, la dependencia federal firmó dos convenios con la
universidad, cada uno por 200 millones de pesos. El primer convenio, número
710.33901.13/2015 tuvo una vigencia del 14 de abril al 31 de diciembre de 2015,
mientras que el segundo, 710.33901.14/2015, fue con una vigencia del 6 de mayo
al 31 de diciembre de 2015.
La vigencia en ambos
contratos abarcó tanto el periodo de Rosario Robles como el de José Antonio
Meade en la Sedesol.
El informe de la
Auditoría destaca que, como es el modus operandi en esto casos, la dependencia
se excusó de haber entregado el dinero sin ningún tipo de competencia con el
argumento de que la Universidad es una institución pública y solo se necesitaba
acreditar que tuviera la capacidad técnica de realizar el servicio. ¿Cómo se
acredita esa capacidad técnica? Con una promesa escrita sin que se realice
ninguna verificación al respecto.
Lo grave es que cuando
se pidió a la dependencia los comprobantes del servicio por el cual se pagaron
los 400 millones, la SEDESOL de plano no proporcionó evidencia alguna que
acreditara que recibió en tiempo y forma los servicios de la Universidad. Posteriormente
desconoció por completo haber firmado los referidos convenios.
“En respuesta de los resultados, la dependencia fiscalizada informó que la Dirección General de
Desarrollo Comunitario desconoce la existencia del Primer Convenio Específico
número 710.33901.13/2015, y Segundo Convenio Específico número
710.33901.14/2015 formalizados con la Universidad Politécnica de Chiapas debido
a que no fueron incluidos en el acta de entrega – recepción del titular de esa
dirección”, señala el informe de los auditores.
Esta negativa es
incongruente con la realidad, agregan los auditores, ya que la documentación de
dichos convenios fue entregada a la Auditoría Superior de la Federación en la
visita domiciliaria que se efectuó a la Universidad Politécnica de Chiapas.
“La respuesta de la
SEDESOL respecto del desconocimiento de las operaciones con la UPCH, no es
congruente con la evidencia documental existente en sus archivos como son los
convenios formalizados con la UPCH y el pago de 400,000.0 miles de pesos que se
realizó a dicha universidad”, detalla el reporte que dio pie a la denuncia contra Sedesol.
Y como es costumbre en
estos casos, la Universidad no realizó el servicio, sino que para ello
subcontrató a un tercero sin ningún tipo de licitación o competencia. Además,
pagó por el servicio 278.4 millones de pesos sin que exista justificación sobre
dónde quedó el resto de dinero transferido por la dependencia. Los auditores
presumen un fraude al erario de, por lo menos, 121.6 millones de pesos.
Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl del Estado de México.
Esta universidad logró que la Sedesol le transfiriera
directamente poco más de 15 millones de pesos, con el objetivo de operar la
coordinación de diversos proyectos vinculados con la Cruzada Nacional contra el
Hambre, programa con el cual se busca abatir la pobreza alimentaria.
El convenio firmado
(que no tiene número) tuvo una vigencia del 16 de febrero al 31 de diciembre de
2015. Abarcó tanto la gestión de Robles como de Meade en Desarrollo Social.
Lo que los auditores
encontraron en este caso fue que la Sedesol no tenía documento alguno que
acreditara que se cumplió con el objetivo del contrato.
Sobre el cumplimiento de dicho convenio, la SEDESOL informó: “En cuanto a la acreditación en tiempo y
forma de los entregables derivados de dichos convenios no existe un documento
como tal; sin embargo, eso queda plasmado en el Acta de cierre de la Comisión
Técnica…” indica el repofrrte de los auditores. El problema es que no se proporcionó tampoco ninguna evidencia documental
de que lo anterior fuera cierto.
Cabe señalar que algunos de los conceptos que tendrían que
haberse cubierto por parte de la universidad era realizar trabajos como la
conformación y consolidación de comités comunitarios, autodiagnósticos
comunitarios, planes de desarrollo comunitario, la gestión e implementación de
acciones y proyectos específicos y asambleas implementadas para el fomento al
desarrollo comunitario.
Pero cuando se pidió a
la universidad la comprobación, lo único que entregó fueron documentos donde se
asegura que se realizaron 5,001 asambleas de seguimiento. Los auditores
revisaron la documentación y encontraron múltiples incongruencias como fechas
de 2014 o promotores que no tenían el perfil para serlo. En resumen, ninguna
evidencia concreta que acreditara que esas asambleas ocurrieron.
Por ello la Auditoria concluyó que existe un quebranto a
erario público que asciende a los 15 millones 658 mil pesos. La denuncia penal
se interpuso en contra de los funcionarios de la Sedesol que resulten probables
responsables.
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