El ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, admitió este viernes las
acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Procuraduría General de la
República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la
Ley de Extinción de Dominio para la Ciudad de México.
La PGR
impugnó los artículos 2, fracción XVIII; 4, párrafo quinto, y 5, segundo
párrafo de la norma, que establecen las condiciones para que proceda la acción
de extinción de dominio.
Por su
parte, la CNDH reclamó la invalidez del
artículo 39, tercer párrafo, en la porción normativa que establece: ‘Contra el
auto que admita el ejercicio de la acción no procede recurso alguno’.
La SCJN ordenó notificar a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal y al jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, para que rindan su informe en un plazo de quince días hábiles, a partir
del día siguiente de la notificación.
La Corte requirió a la Asamblea
rendir un informe con las iniciativas, los dictámenes de las comisiones
correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado
artículos impugnados, en las que conste la votación, y los diarios de debates.
Al jefe de Gobierno de la Ciudad de
México, Miguel Ángel Mancera, se le requirió, en el mismo plazo, un ejemplar de
la Gaceta Oficial en la que se haya publicado la norma controvertida en ambos
medios de control constitucional.
La Ley de
Extinción de Dominio fue publicada en el 17 de noviembre de 2017 en la Gaceta
Oficial para la Ciudad de México.
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