Gabriel Sosa Plata.
La lucha que ha emprendido Javier
Corral para combatir la corrupción no sólo encuentra una férrea resistencia en
una estructura gubernamental y partidista, sino en diversos medios de
comunicación que buscan debilitar o desacreditar su movimiento.
La del
Gobernador de Chihuahua es, por lo
mismo, una batalla también contra las campañas de desinformación y la escasa
cobertura de su plan de acciones anticorrupción en el gobierno federal y en su
entidad.
Baste echar
una hojeada a una buena cantidad de medios impresos o sintonizar algunos
noticiarios de radio y televisión para advertir la línea editorial: lo de
Corral, se repite una y otra vez, es parte de una estrategia político-electoral
que busca reforzar la candidatura de Ricardo Anaya para llevarlo a la
presidencia y debilitar al PRI.
También en
esos mismos espacios periodísticos se dan a conocer coordinadamente nuevas
cifras sobre la violencia en Chihuahua, se sacan a la luz pública la “dudosa”
experiencia de algunos de sus colaboradores, se habla de “acarreo” y
“sándwiches” en sus eventos públicos, se recuerda que le “debe” dinero a
Televisa, entre otras perlas de un periodismo que quiere dirigir el foco de
atención a un conflicto personal, partidista y electoral.
Destacar lo anterior junto con la
posición gubernamental –especialmente de la Secretaría de Hacienda- y
subestimar o darle irrelevancia a las medidas que ha emprendido Corral para
llevar a la cárcel a quienes robaron dinero de las arcas de Chihuahua y a
quienes desviaron parte de los recursos al PRI, de acuerdo con las
investigaciones de la fiscalía del estado, es la postura editorial que algunos
medios de comunicación han asumido. ¿Por qué?
La denuncia de Corral alcanza hasta
al mismo presidente Enrique Peña Nieto, a integrantes de su círculo de
colabores más cercano y a líderes partidistas de larga trayectoria. Los
intereses que toca son tan poderosos que algunos medios de comunicación han
optado por plegarse a la línea gubernamental y evitar así una confrontación con
los funcionarios públicos o políticos cuestionados, ya que lo que se pone en
riesgo son los recursos de la publicidad gubernamental que les permiten
mantenerse a flote.
Corral conoce de sobra a la prensa,
la radio y la televisión, a sus propietarios, sus relaciones e intereses
políticos y económicos, las rutinas periodísticas y los razonamientos en la
construcción de noticias. Es una de sus especialidades. Por eso, como legislador y
académico, fue un incansable promotor de la democratización de los medios de
comunicación y combatió la concentración de la propiedad en dicho mercado, como
ocurrió con la “ley Televisa”.
En respuesta, en diversos momentos de
su trayectoria política, ha recibido un trato editorial, que ha llegado a la
difamación y la calumnia. La historia parece repetirse ahora. Para algunos
medios, es una oportunidad para la revancha, el ajuste de cuentas, por afectar
los intereses.
Como político experimentado sabe que
muchos medios de comunicación no lo acompañarían en la cobertura de esta nueva
batalla –que impacta la historia reciente de nuestro país y que quizás sea la
más relevante en su vida pública- porque lo que se pone en evidencia, los
rebasa, los coloca, como a él, en una situación de vulnerabilidad, de presión,
de acoso, ante un régimen dispuesto a impedir que esto crezca legal, política,
social y mediáticamente. En otros casos, como decía, porque Corral no era ni es
un “amigo” de ciertas empresas mediáticas.
No todo, sin
embargo, es adverso en el ámbito comunicacional. A diferencia de años anteriores, su movimiento cuenta actualmente con
una amplia cobertura periodística en medios digitales, que se ha reflejado en
algunos medios tradicionales por la magnitud de lo que está en juego.
Paralelamente ha logrado convocar y
movilizar a miles de chihuahuenses, a líderes políticos, académicos destacados,
intelectuales, artistas y a líderes e integrantes de organizaciones de la
sociedad que comparten su visión sobre la urgente necesidad de eliminar ya la
corrupción, considerada como el principal obstáculo para la vida democrática en
México.
En su
cruzada, ha privilegiado el uso de internet y redes sociales para difundir
información, construir redes de apoyo y contrarrestar la estrategia de
desprestigio. “Es importante que todos
nos convirtamos en agentes informativos, en productores de contenido” a través
de Facebook, Twitter, Instagram y mensajes de WhatsApp, dijo el Gobernador el
domingo pasado, durante una concentración en la Plaza de Armas de la capital de
Chihuahua, en la que presentó detalles de la Caravana por la Dignidad, que
partirá de su entidad y llegará a la Ciudad de México.
“Estos son los mecanismos que ahora
tenemos, porque conforme vayan pasando los días el régimen va a ir apretando el
control informativo”,
dijo Corral, y “lo único que no quieren es que la chispa chihuahuense vuelva a
retomar la conciencia en el país”. Por eso, agregó, “es necesario reforzar nuestra presencia en redes y compartir los contenidos”,
a través de la telefonía celular, que se ha vuelto un instrumento fundamental
para este propósito.
La cobertura periodística de lo que
sucede en Chihuahua coloca otra vez a diversos medios de comunicación en el ojo
del huracán, como piezas de un andamiaje de propaganda gubernamental, en el que
se privilegia el oficialismo y no el periodismo, que
solapa la corrupción y la no transparencia.
Una de sus
consecuencias es que alimenta entre las audiencias el desprestigio de medios
tradicionales y la sobrevaloración de las redes sociales como fuentes de
información, pese al fenómeno de las fake news y el uso de algoritmos que
modifican la relevancia de los hechos.
La revolución chihuahuense en contra
de la injusticia y la corrupción también toca al sector infocomunicacional.
Este encontronazo debería contribuir en la aceleración de la aletargada
transición democrática de nuestro sistema mediático y su función periodística.
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