Para
combatir la inseguridad que vive el país y que, de acuerdo con los datos más
recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
(SESNSP), con 25 mil 339 homicidios
dolosos convirtió a 2017 en el más violento de la última década, se necesita combatir la corrupción a través
de la figura de un Presidente de la República honesto, que inspire esa
honestidad “por la buena, o por la mala”, dice Alfonso Durazo Montaño,
quien será el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Gabinete de
Andrés Manuel López Obrador, precandidato del partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), si el político tabasqueño triunfara en la elección federal
del próximo 1 de julio.
El hombre
que tendrá en sus manos la estrategia de seguridad de López Obrador plantea, en
entrevista con SinEmbargo, que México
debe llevar al frente del Ejecutivo federal a un líder que inspire a los demás
políticos y funcionarios públicos a ser honestos para enfrentar una de las
principales variables que alimentan la inseguridad a través de la corrupción:
la impunidad.
El sonorense
y ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato
presidencial priista asesinado en Lomas Taurinas, Tijuana, en marzo de 1994, explica que “por la mala” significa que en
México se debe hacer cumplir la Ley y aprender que “el que la hace, la paga”.
“La mala, entrecomillas, es simple y
sencillamente la aplicación de la Ley. En nuestro país tenemos que aprender que
el que la hace, la paga, y eso significa simple y sencillamente aplicar la Ley
en contra de aquellos que delinquen, que roban, que defraudan, particularmente
si lo hacen desde el poder”, explica Durazo Montaño.
Esta semana,
la organización civil Semáforo Delictivo Nacional confirmó que 2017 fue el año
más violento de la última década, y a su vez el peor en materia de inseguridad
en los cinco años de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con 23 por
ciento más de homicidios dolosos que en 2016.
El año
pasado, el 75 por ciento de los homicidios dolosos fueron ejecuciones del
crimen organizado; es decir, 18 mil 989 ejecuciones superaron en 55 por ciento
a las que se cometieron el año anterior.
La organización también reveló que el
Estado de México, que gobierna el priista Alfredo del Mazo Maza, es la única
entidad que aparece en los primeros lugares en secuestros, extorsiones y
homicidio. Además,
Semáforo Delictivo informó que el año pasado se sumaron entidades como
Aguascalientes y Quintana Roo a la lista de las 26 entidades que vieron
incrementar sus cifras de inseguridad, lo que confirma que la violencia se
extendió a todo el territorio nacional.
“Es lamentable esta tendencia
creciente de la inseguridad en el país, en una región o en otra. Tenemos que
entender que hay una vinculación orgánica entre esta política económica
neoliberal, excluyente y generadora de desigualdad, marginación y pobreza y la
inseguridad que vive México. La solución no puede basarse exclusivamente en el
uso de la fuerza, no podemos seguir operando como esos representantes de una
derecha esquemática y superada que creen que la fuerza lo resuelve todo y que,
si hay una manifestación social, es porque no hay suficiente mano dura”, argumenta Durazo Montaño.
Quien
llevará las riendas de la Secretaría de Seguridad Pública que plantea López
Obrador –si el líder de Morena es elegido presidente de México– también se
refirió al feminicidio, una de las principales expresiones de la inseguridad
producto de la corrupción política que se vive en México, afirma.
De acuerdo
con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), los asesinatos de mujeres y la desaparición
de niñas creció durante 2017. Sólo en cinco estados desaparecieron –durante el
primer semestre del año pasado– 3 mil 174 niñas entre 10 y 17 años.
“Los feminicidios son una de las
expresiones más graves de la violencia que vivimos, y una buena parte de esos
feminicidios, según información de las fuentes oficiales, están vinculados al
crimen organizado. Pero el crimen organizado avanza con la protección política,
jurídica y administrativa de los gobiernos federal y locales; es decir, si no
resolvemos entre otros factores el de la corrupción será muy difícil que
enfrentemos exitosamente el problema de la inseguridad”, dice Alfonso Durazo.
El sonorense
califica a la propuesta de combate a la corrupción de José Antonio Meade
Kuribreña, precandidato de la alianza que encabeza el Partido Revolucionario
Institucional (PRI), junto con el Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva
Alianza (Panal), como mera retórica para
ganar “algunas simpatías” proponiendo algo que no hizo cuando estuvo al frente
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP).
En esta
charla, Durazo explica el significado del Mando Único que plantea López Obrador
y la integración de las policías, el Ejército y la Marina.
–El
Secretariado acaba de revelar sus cifras de 2017 y éstas plantean que el año
pasado fue el más violento en la última década. También el Semáforo Delictivo
Nacional dio a conocer el incremento de la violencia y los homicidios en el país,
incluso destacó que hay nuevos estados que se sumaron a la lista. ¿Qué hará
Morena para reconstruir al país en materia de seguridad?
–Es lamentable esta tendencia
creciente de la inseguridad en el país, en una región o en otra. Tenemos que
entender que hay una vinculación orgánica entre esta política económica
neoliberal, excluyente y generadora de desigualdad, marginación y pobreza y la
inseguridad que vive México. La solución no puede basarse exclusivamente en el
uso de la fuerza, no podemos seguir operando como esos representantes de una
derecha esquemática y superada que creen que la fuerza lo resuelve todo y que
si hay una manifestación social, es porque no hay suficiente mano dura. No se
les ocurre pensar que atrás de esas expresiones hay necesidades sociales
insatisfechas, marginación, pobreza, hambre, falta de oportunidades,
particularmente para los jóvenes. ¿Qué tenemos que hacer? Dejar atrás el
paradigma del uso exclusivo de la fuerza como vía para resolver el problema de
la inseguridad en el país, y dar paso a una visión más amplia que incluya la
atención de las causas que generan la inseguridad. Causas de carácter político,
social… de todo tipo, que en la medida que continúen desatendidas seguirán
siendo generadores de violencia en el país.
–¿Cómo poner
fin a los feminicidios que crecen año con año? El año pasado fue muy cruento
para niñas de entre 13 y 15 años que fueron asesinadas y secuestradas. ¿Cómo
poner fin a estos delitos?
–Los feminicidios son una de las expresiones
más graves de la violencia que vivimos, y una buena parte de esos feminicidios,
según información de las fuentes oficiales, están vinculados al crimen
organizado. Pero el crimen organizado avanza con la protección política,
jurídica, y administrativa de los gobiernos federal y locales; es decir, si no
resolvemos entre otros factores el de la corrupción, será muy difícil que
enfrentemos exitosamente el problema de la inseguridad. Para resolver el
problema de la corrupción tenemos que llevar a la Presidencia de la República a
un hombre honesto, porque el principal problema de la corrupción en el país se
llama corrupción presidencial. Consecuentemente, si no llevamos a la
Presidencia a un hombre honesto, o incluso a una mujer honesta, no habrá
capacidad para desmantelar las redes de corrupción y complicidades que se
administran desde las más altas esferas de Gobierno federal. Necesitamos
entonces combatir la corrupción responsable de la impunidad y, a su vez, la impunidad
responsable de la violencia. Tenemos que asumir con un sentido integral el
diseño de las políticas públicas para resolver la inseguridad con un sentido
intersectorial, integral, transversal, porque no será sólo con la acción de una
dependencia que se resolverá el problema de la inseguridad, sino con la acción
de un gobierno en su conjunto.
–Habla de
llevar a una persona honesta a la Presidencia, pero, ¿cómo hacerle con los
estados? Por ejemplo, el Estado de México es uno de los más violentos para las
mueres, ahí las asesinan y desaparecen todos los días, pero ahí gobernará el
PRI todo un sexenio. ¿Cómo bajar esta lucha en contra de la corrupción en esas
entidades?
–Mira, dicen en mi pueblo que de ver
dan ganas. Si hay corrupción en el centro, hay en la periferia; si hay
corrupción arriba, hay corrupción abajo. En el momento que tengamos un presidente
con la autoridad moral para combatir la corrupción se van a alinear por la
buena o por la mala el resto de los actores políticos del país. Ese solo hecho
va a tener una incidencia muy importante en la seguridad. Acaban de salir las
últimas cifras del Secretariado y en ellas se establecen los altísimos
porcentajes de delitos que no se denuncian en el país; los altísimos
porcentajes de impunidad. Por otro lado, tenemos mediciones internacionales que
indican que nuestro país se encuentra en el lugar 108 de impunidad, en un lugar
similar en Estado de Derecho de 175 países evaluados. Todos estos factores se
convierten en un coctel destructor que genera estos índices de violencia
desbordada que hoy conocemos en el país y que incluye el tema de los
feminicidios.
–¿Cuál sería
el camino “por la mala”? Porque “por la buena”, muchos gobiernos han demostrado
que no cooperan. Tenemos ejemplos en Coahuila, en Chihuahua –donde anda prófugo
el ex Gobernador priista–, el de Quintana Roo o Veracruz. Tenemos muchos
ejemplos donde “por la buena” no les interesa.
–No han prosperado. La mala,
entrecomillas, es simple y sencillamente la aplicación de la Ley. En nuestro
país tenemos que aprender que el que la hace, la paga, y eso significa simple y
sencillamente aplicar la Ley en contra de aquellos que delinquen, que roban, defraudan,
particularmente si lo hacen desde el poder. Una de las variables fundamentales
en la inseguridad es la corrupción, y en la medida que no acotemos esa
variable, no podremos acomodar el resto de las variables, no podremos acotar la
impunidad. Al mismo tiempo, no podremos combatir la marginación, desigualdad,
falta de oportunidades, salud, educación, empleo para los jóvenes,
particularmente porque por el caño de la corrupción se van cientos de miles de
millones de pesos cada año. Hay indicadores escandalosos como el del Banco
Mundial que hablan, según cifras de 2016, que la corrupción nos cuesta al año
906 mil millones de pesos. Otras cifras más audaces nos hablan de que la
corrupción nos cuesta el 9 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto], millones
e dólares al año. No hay posibilidades que los presupuestos alcancen para
apoyar la solución de las más elementales demandas sociales, que sin su
atención será a su vez imposible destrabar el nudo de la inseguridad en el
país.
–Como usted
sabe José Antonio Meade presentó una propuesta para combatir la corrupción que
se basa en una iniciativa que tiene tres elementos: una, recuperar el dinero y
las propiedades y todos los bienes de los corruptos para canalizarlos a un
fondo para niños y mujeres. Dos, aumentar las penas a los funcionarios públicos
deshonestos y tres, volver obligatoria la certificación patrimonial para los
funcionarios y legisladores. ¿Qué opina de esta propuesta?
–Es una propuesta retórica. José
Antonio Meade ya tuvo la oportunidad en muy distintas responsabilidades de
combatir la corrupción desde la Secretaría de Hacienda; la posibilidad de
acotar y evitar la desviación de recursos federales que se destina a los
estados para el combate a la corrupción, a la pobreza y, particularmente, para
el combate para la inseguridad. Recursos que terminaron en los bolsillos de los
más diversos funcionarios. Le agrega ahora a la propuesta aumentar las penas;
le tengo una mala noticia a José Antonio Meade: no asustará a nadie en un país
donde tenemos el 99 por ciento de impunidad. Esto quiere decir que un criminal
tiene el 99 por ciento de posibilidades de salir ileso de su acto criminal,
pues la apuesta seguirá siendo por la corrupción. Se necesita un presidente
honesto que tenga autoridad moral, que no haya sido tapadera de los actos de
corrupción generalizada que ubican hoy por hoy al país en el lugar 123 del
ranking de corrupción mundial.
Es el colmo de la demagogia que
pretenda hacernos creer que el dinero quitado al crimen organizado se irá a la
noble tarea de apoyar con becas a los estudiantes. Él ya tuvo dos ocasiones la
responsabilidad de combatir el lavado de dinero e impulsar acciones de
extinción de dominio contra los bienes de los narcotraficantes y, en ninguna de
las dos ocasiones de su paso por la Secretaría de Hacienda donde está adscrita
la Unidad de Inteligencia Financiera, hizo absolutamente nada. Entonces me
parece francamente retórica su propuesta que busca encontrar algún eco,
simpatía por la vía de la demagógica y no por la vía del compromiso real.
¿Cuántos años de cárcel giran alrededor de José Antonio Meade en los mítines
que realiza? Me refiero a aquellos que pululan a su alrededor, como vimos en su
última visita a Quintana Roo.
–¿En qué
fracasó la estrategia de seguridad de Enrique Peña con las fuerzas armadas en
las calles y los cuerpos de élite que surgieron, como es el caso de la
Gendarmería?
–El fracaso fundamental no es del
Ejército, es de la estrategia que está basada en el uso exclusivo de la fuerza,
de la capacidad coercitiva del Estado, eso es lo que ha sido un fracaso. Se lo
señalaron las voces más autorizadas a [Felipe] Calderón cuando se le ocurrió
dar de palos al avispero sin tener estrategia para avanzar en el combate a la
inseguridad y para contener las consecuencias de esa estrategia basada en el
uso exclusivo de la fuerza. Mientras no entendamos que hay que cambiar esa
estrategia por una de visión amplia, que como decía incluya la atención de
otros factores, cualquier otra estrategia seguirá siendo un fracaso.
–¿Qué
diferencia hay en el Mando Único que propone AMLO y lo que propone la Ley de
Seguridad Interior? Hay expertos en seguridad que argumentan no entender muy
bien qué quiere decir cuando se habla de que se integrarán las policías con la
Marina y el Ejército.
–Son muchas cosas que se están
mezclando en tu pregunta. Primero, hay un par de iniciativas en el Congreso con
diferente propuesta al respecto al Mando Único y Mando Mixto; por otro lado,
está la Ley de Seguridad Interior que otorga facultades amplias al presidente y
al Ejército en el desempeño de sus funciones. Nosotros lo que planteamos es que
si el Presidente es el Comandante Supremo –por atribución de la Constitución–
de las fuerzas armadas, y es el Jefe de los órganos de seguridad del Estado
mexicano, si el Presidente se aplica a coordinar y atender personalmente esa
tarea, por la vía de los hechos podemos actuar, llevar a todas las instancias
federales de seguridad y actuar en virtud de esa coordinación y ese mando del
Presidente, bajo la coordinación de una Mando Único, que sería el mando
Presidencial.
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