Javier Risco.
¿Qué riesgos se corren en un país
cuando sus gobernantes usan el sistema judicial como una forma de eliminar a
sus opositores políticos y a los críticos de sus administraciones? ¿En qué se
transforma un dirigente político cuando en lugar de ser transparente con
investigaciones penales, viola el debido proceso, pasa por encima de los
derechos humanos, detiene de forma irregular y comienza una cacería contra
quien se ha quejado de la forma en que ha llevado un estado?
Esta semana,
el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera,
fue detenido en un restaurante ubicado en la colonia Rancho Cortés, en
Cuernavaca. El académico, que desde hace algunos años ha hecho pública su
postura en contra del gobierno del perredista Graco Ramírez, fue acusado por
presunto abuso de confianza cometido en agravio del Sindicato de Trabajadores
Administrativos de la universidad y trasladado al penal de Atlacholoaya.
Esta es la novena acusación que el
gobierno de Morelos ha hecho al exrector, y a pesar de los amparos que ha
tramitado Vera Jiménez, la Fiscalía morelense consiguió una orden de
aprehensión que hoy lo mantiene en arraigo domiciliario.
El martes
por la noche, tras estar varias horas en prisión, Vera Jiménez me concedió una
entrevista para EL FINANCIERO Bloomberg y atribuía
su detención a una persecución política producto de su oposición a un gobierno
que, en datos oficiales, ha dejado crecer la inseguridad, donde se han emitido
más de 30 recomendaciones de la CNDH por violaciones a los derechos humanos,
donde el gobernador fue captado apropiándose de la ayuda que se envió a los
damnificados por el sismo y donde no se ha logrado establecer cuáles son los
elementos probatorios con que cuenta para encarcelar a Vera Jiménez.
“Me parece que esta es una manera muy
autoritaria en que ha procedido el gobernador de manera sistemática,
inventándome delitos, ya llevan nueve, hay denuncias por tráfico de órganos en
la PGR, pagando testigos, pagando a la líder sindical.
“(La persecución comenzó) por nuestro
posicionamiento crítico sobre el acontecer político y social de nuestro estado,
particularmente lo tocante a la inseguridad que estamos viviendo, varios
miembros de la comunidad universitaria han sido privados de su libertad, dos
han sido asesinados (…) de ahí convocamos a los diálogos ciudadanos por la
seguridad, con Javier Sicilia, con las organizaciones, los pueblos, se detonó
todo un proceso organizativo, eso incomodó muchísimo al gobernador y
lamentablemente los hechos de las fosas de Tetelcingo y Jojutla, donde el
gobernador ha insistido en que los cuerpos estaban en calidad de desconocidos”, señaló Alejandro Vera, como
explicación a aquello que ha calificado como una cacería política.
En este espacio no se pretende
defender a ninguna de las partes, en otro momento hemos señalado también que la
gestión de Vera se ha visto involucrada, por ejemplo, en la investigación de
#LaEstafaMaestra, donde universidades públicas fueron usadas para desviar
recursos públicos. Lo que sí hay que subrayar es el proceder del gobierno, que
teniendo o no elementos, se ha dedicado a aplicar justicia a contentillo y a
usar el poder de la administración pública como venganza.
Entre los
defensores de Vera Jiménez está la voz de Javier Sicilia, quien después de la
detención del académico se pronunció contra el gobierno morelense, calificando
el proceder como ‘criminal’. “Estamos frente a un gobierno que ya no merece ser
gobierno, que hace mucho que perdió la legitimidad y que ahora está perdiendo
incluso la legalidad porque sigue abusando de ella, en forma criminal, no hay
otra forma de definirlo”, señaló en conferencia de prensa.
Otros académicos, políticos y
activistas como Cuauhtémoc Cárdenas, Alejandro Encinas o Emilio Álvarez Icaza,
mediante un manifiesto público también reprocharon el desaseado proceder del
gobierno de Graco, que ha elegido usar a la Fiscalía para perseguir a Vera, en
lugar de dedicarse a consignar a los responsables de las fosas de Tetelcingo,
donde no hay un solo consignado.
Al
cuestionar a Vera Jiménez sobre si tenía miedo dijo: “la verdad que sí me siento intranquilo, estoy esperando que las
autoridades federales nos den las medidas de protección que hemos solicitado
porque sí, la situación de inseguridad que vivimos en el estado nos hace pensar
que en cualquier momento pueden atentar contra nuestra vida o de nuestras
familias”.
¿Cuál es la reacción que debemos
tener frente a un gobierno que, en lugar de garantizarnos seguridad, lo que nos
provoca es temor?
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