Sin guardagujas.

Salvador Camarena.

El gobierno de Chihuahua ha denunciado el desvío de 250 millones de pesos que la administración de César Duarte entregó a cuatro empresas fantasma con el fin de, dice la acusación, destinar tales fondos a campañas del Partido Revolucionario Institucional.

El caso data de 2016 y, aunque ya hay sentenciados por el mismo, la querella subió de perfil el 19 de diciembre, cuando Reforma publicó que la presunta triangulación se habría hecho con la anuencia de Manlio Fabio Beltrones, entonces presidente del PRI, y Luis Videgaray, a la postre titular de Hacienda y hoy canciller.

Dos días después, en The New York Times los reporteros Jesús Esquivel y Azam Ahmed expusieron la trama con mayor detalle, en la coyuntura de la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, directivo del PRI en tiempos de Beltrones, a quien se acusa de haber operado los desvíos. Beltrones ha negado las acusaciones.

Ayer, luego de la temporada vacacional, el caso Chihuahua volvió a la escena mediática. El gobernador Javier Corral denunció en la Ciudad de México que la Secretaría de Hacienda escamotea a su estado 700 millones de pesos que le corresponden por un convenio.

Según el panista, la cancelación de esos fondos constituye una represalia del gobierno federal a los chihuahuenses por haber encarcelado a Gutiérrez Gutiérrez y por insistir en que la administración Peña Nieto debe solicitar la extradición de César Duarte.

Hacienda respondió ayer a la acusación de Corral, sólo en lo relativo a los 700 millones no entregados, mediante un boletín sin sustancia y con entrevistas del subsecretario de Ingresos (¿!) Miguel Messmacher, que se enredaba en tecnicismos que no contrarrestan, ni en forma ni en el fondo, la gravedad de lo denunciado por el chihuahuense.

La respuesta gubernamental, ese pasar de largo de lo más importante aquí –a Hacienda no le preocupan los fondos desviados (por la noche el presidente también desdeñó esa parte de la denuncia de Corral)–, importa mucho y supone un riesgo importante.

Desde la publicación de la primera plana de Reforma, el gobierno de Peña Nieto se ha enconchado en el silencio, recurso mediante el cual trata de minimizar, o de plano desaparecer mediáticamente, lo que no le conviene.

Si en tiempos no electorales esa práctica poco democrática de meter la cabeza en la tierra es criticable, en época de campañas denota el grado al que está dispuesto a llegar el gobierno en su afán de no perder la elección: al grado de arriesgar la estabilidad.

El grupo político que no dudó en enfangarse con tal de ganar en el Estado de México ha decidido que los comicios de 2018 bien valen el riesgo de dejar al país sin un gobierno que pueda estar por encima de los intereses partidistas para vigilar que las cosas, en varios asuntos.

El problema no es que el caso Chihuahua confronte a un gobernador con la administración federal. Ni es tan grave que por el mismo tema el Frente y el PRI terminen dándose con la cubeta.

Lo delicado es que si el gabinete, con Peña a la cabeza, se van de campaña, a nadie importará enfrentar la violencia, procurar la concordia, fomentar el diálogo, usar la política para desactivar cualquier crisis y, sobre todo, dejar claro que pase lo que pase el gobierno no es una parte de la elección, sino el garante de la ley.

Sin guardagujas que vigile que los trenes no colisionen, la elección –pero también la economía y la paz social– estará en riesgo.

Chihuahua es botón de muestra de hasta dónde parecen dispuestos a llegar los Peñaboys, botón nada pequeño, por cierto.