¿Simulación?

Gabriel Sosa Plata.

Se dice con frecuencia que la creación de comisiones para lo que sea anticipa el fracaso para lo que se busca alcanzar, sobre todo cuando no existe voluntad o los intereses en juego son más poderosos que la nobleza de los fines. Esta sensación es la que tuve con el anuncio, la semana pasada, de la instalación de la Comisión sobre Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicha Comisión, se dice en un comunicado a medios distribuido por la Secretaría de Gobernación (Segob), nace para articular y promover acciones para garantizar derechos de niñez y adolescencia en Internet y su participación en los medios. También para convertirse en un espacio de “coordinación y articulación institucional para preservar los derechos de este sector poblacional, tales como el acceso a las TIC’s e Internet, su intimidad, información y a contenidos adecuados a su edad de manera segura”.

Suena bien, de entrada, que 22 instituciones coordinen esfuerzos para lograr esos fines, pero resulta inverosímil su compromiso cuando algunos actores defienden en público una postura de defensa de derechos y en la práctica combaten legalmente los intentos de avanzar en el fortalecimiento de dichos derechos. Me refiero, sobre todo, a Segob y a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que participan en esa Comisión y que son fundamentales para garantizar el interés superior de la niñez en el ámbito digital y en los contenidos audiovisuales.

La Segob, como hemos comentado en este espacio, redujo desde fines de 2015 los horarios de protección para las audiencias infantiles en radio y televisión abiertas, lo que las expone a más contenidos no adecuados para su edad y a más publicidad de comida chatarra. Algo inusitado en el mundo y contrario a las mejores prácticas internacionales en la regulación de contenidos dirigidos a niñas y niños y que además boicotea las propias políticas públicas gubernamentales en la obligación de garantizar el interés superior de la niñez en todos los ámbitos, incluido, claro, el de la salud.

En respuesta, diversas organizaciones sociales y personas presentaron amparos y en primera instancia les dieron la razón, pero es día que la Segob sigue en la férrea defensa legal de sus lineamientos en los tribunales, no obstante que los cambios legales se hicieron sin mecanismos abiertos, sin la participación ciudadana y de expertos, sin argumentos e investigación que avale la pertinencia de la reforma a la clasificación horaria.

Lo mismo podemos decir de la CIRT. Es integrante de la nueva Comisión y tiene una interlocución privilegiada con el resto de las instituciones para hablar de responsabilidad en la producción y transmisión de contenidos, pero paralelamente combate mediática y legalmente, en coordinación con el gobierno federal, los derechos de las audiencias, incluidos los de la infancia, uno de los grandes logros de la reforma en telecomunicaciones.

No le repito aquí esta película de terror, pero es importante recordar que fue desde el gobierno y algunos medios que los intentos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para garantizar los derechos de las audiencias fueron revertidos. Y fue tan intenso el cabildeo que no sólo lograron detener los lineamientos en esta materia emitidos por el órgano regulador autónomo, sino también promover en octubre del año pasado una reforma legal que desdibujó esos derechos y las facultades del IFT para su debida protección.

La reforma (en realidad una contrarreforma) también ha sido impugnada con una acción de inconstitucionalidad que presentaron 47 senadoras y senadores y diversos amparos, entre éstos uno interpuesto por la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias (AMDA). Los recursos han sido admitidos, pero en un hecho incomprensible, la defensoría de las audiencias de la CIRT desea meterse en uno de los juicios, no para defender los derechos de radioescuchas y televidentes, sino para ¡defender la contrarreforma!

Por lo anterior, veo con cierto desánimo las buenas intenciones de la Comisión, pero hay otras instituciones que podrían y deberían hacer la diferencia. Además, es imprescindible que participen organizaciones de la sociedad (no sólo representaciones empresariales), como El Poder del Consumidor, para que aporten sus conocimientos y experiencia. Ya se anunció que las incluirán. Pronto conoceremos los alcances de su interlocución y que tanta pluralidad imperó en la elección de las nuevas integrantes. En todo caso, lo que se logre en la Comisión, tendrá más un alcance autorregulatorio y de cierta promoción de derechos, que de aplicación a la ley.

La Comisión es un logro de Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Su creación se da a pocos meses de que termine sus funciones la actual administración, lo que acota mucho las posibilidades para la continuidad de los proyectos, pero sienta un precedente que puede ser valioso y útil en el siguiente sexenio. ¿Por qué hasta ahora y no antes? ¿habrá propuestas a los candidatos en esta materia, que ha sido de poco interés en sus propuestas de gobierno y en sus intervenciones públicas?

CERROJOS MEDIÁTICOS

Foro sobre derechos audiencias. Y justo hoy en el Senado, en el Salón de la Comisión Permanente, se lleva a cabo el “Foro de los Derechos de las Audiencias… en espera”, al que convocan la senadora Sylvia Martínez junto con la AMDA y la Amedi, a partir de las 9:30 horas. En el foro se informará de la presentación de dos amicus curiae y del estado que guardan los amparos en materia de derechos de las audiencias. También ofrecerá una conferencia magistral Cynthia Ottaviano, extitular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina.

Cambios en Notimex. El director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, Gabriel Torres, asumió la presidencia del Consejo Editorial Consultivo de Notimex. Sustituyó en el cargo a Gustavo Lomelín, quien trabaja ahora en la campaña del candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade. Rescatar la pluralidad política e independencia editorial de la agencia de noticias del Estado mexicano es uno de los retos del Consejo.