Entregar fotocopias de la credencial
de elector, documento que autoriza el voto, es un requisito indispensable para
disponer de agua en Santa María Aztahuacan, en la periferia de Ciudad de México,
según denuncian vecinos que hace un año no reciben del líquido en sus casas.
Este barrio
está ubicado en la Delegación de Iztapalapa, la demarcación territorial más
poblada de la capital con más de dos millones de habitantes, y una de los más
empobrecidas, que afronta desde hace años problemas de abasto y calidad del
agua, que tiene un color amarillento y desprende fuertes olores.
Pero el caso
de Santa María Aztahuacan, cuyos habitantes se reivindican como pueblo
indígena, es aún más especial, dado que hace un año que el corte en el
suministro de la red pública de agua es generalizado.
Algunos
vecinos lo atribuyen a una represalia política por sus enfrentamientos con las
autoridades delegacionales [la delegada de la demarcación es la perredista Dione
Anguiano Flores]. Denuncian que para
tener acceso a los camiones públicos que suministran tanques de agua a las
casas, conocidos como pipas, deben entregar fotocopias de sus credenciales de
elector.
“Este año
hay elecciones, por ello piden a los
vecinos 10 copias de credencial de elector a cambio del servicio de pipa”,
denunció a Efe la presidenta del Consejo Indígena de Santa María Aztahuacan,
Angélica Juárez.
A falta de poco más de dos meses para
las elecciones del 1 de julio, esta vecina considera que el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), que gobierna en la delegación, quiere garantizar
su victoria chantajeando a los vecinos.
Según
Juárez, la candidata del PRD a la
alcaldía de Iztapalapa “manda las pipas y les pide a los vecinos que por favor
la apoyen el próximo julio”.
“Tan solo que alguien en tu propia
casa te diga que la candidata te da esta dádiva cuando en realidad se trata de
un derecho humano es humillante, una grosería máxima”, denunció.
El director de Servicios Urbanos de
la delegación, Ángel de Cosmoc, afirmó sin embargo a Efe que “no hay ninguna
obligación de entregar alguna documentación” para acceder al servicio de pipa.
Asimismo, afirmó que los vecinos de Santa María
Aztahuacan reciben unas 3 mil pipas mensuales, siendo la colonia que más recibe
en toda Iztapalapa.
El conflicto entre los vecinos de
este barrio y las autoridades locales se remonta al año pasado, cuando la
administración delegacional intentó rehabilitar un pozo situado en el centro de
Santa María Aztahuacan para reactivar el suministro de agua de la zona.
“No queremos (el nuevo pozo) porque no se nos
consultó. Queremos estar informados del impacto ambiental”, sostuvo Juárez, quien relató que los vecinos son partidarios de
dejar “reposar” el pozo actual y captar agua de lluvia desde las casas.
La movilización vecinal consiguió
parar las obras en marzo y en mayo de 2017, pese a que las autoridades
desplazaron “al menos 2 mil granaderos (policías antidisturbios)” para
acordonar el pueblo y facilitar la entrada de excavadoras en la instalación
hidráulica.
“El pueblo
demostró por qué es un pueblo sabio; nadie agredió a un solo policía, sino que
organizamos guardias comunitarias”, relató Juárez.
Durante tres
semanas, “el pozo no se quedó solo ni un
minuto”, puesto que cada dos horas los vecinos se turnaban para bloquear los
accesos a la instalación y, si la Policía les intentaba desalojar, lanzaban
bengalas para que todo el vecindario les socorriera.
Gloria
Medina, de 73 años y vecina del pueblo, tiene grabados en la memoria esos días,
durante los cuales pasó noches enteras sin dormir bloqueando la puerta del pozo
“con uñas y dientes”.
“No les tengo miedo (a los policías);
yo ya estoy vieja. ¿Me van a matar? Que me maten. ¿Por defender a mi pueblo?
Vale la pena”,
aseveró convencida.
Desde entonces, explicó Juárez, los
vecinos del pueblo no disponen de agua corriente y un funcionario les llegó a
confesar que habían sido castigados por “alborotadores” y que no tendrían agua
hasta pasados los comicios.
“Ellos no
quisieron el pozo y eso es lo que les habría ayudado”, sostuvo el director
urbanístico de la delegación, quien explicó que la administración local “no
maneja directamente” el suministro del agua, sino que ello depende de la
Comisión Nacional del Agua (Coagua).
Los vecinos que se niegan a entregar
las fotocopias de sus credenciales dicen verse obligados a comprar el agua en
el supermercado, gastando 500 pesos (unos 26,5 dólares) cada 15 días, mientras
que cuando tenían agua en casa la factura era de unos 100 pesos (unos 5,3 dólares)
cada dos meses.
“El pueblo se cansó, estamos a punto
de estallar y ya no aguantamos más”, relató con hartazgo Santos Medina, un
vecino que señaló que, aunque desde la delegación les “intimidaron”, no
pudieron pararles porque el amor que sienten por el pueblo “es más grande”.
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