Durante 2017, los
ingresos del gobierno mexiquense fueron superiores en 27 MIL 918 MILLONES 400
MIL PESOS (10.8% más a los aprobados por el Congreso local como parte del
paquete fiscal),
conforme a la Cuenta Pública de ese año.
El documento –remitido esta tarde por el contador general
gubernamental a la Legislatura local– refiere
que los ingresos públicos estatales ascendieron a 286 mil 997 millones 100 mil
pesos durante el ejercicio fiscal de 2017, mientras los aprobados fueron del
orden de los 260 mil 318 millones 993 mil 616 pesos.
En contraste, los
egresos implicaron 284 mil 755 millones 800 mil pesos. El Poder Ejecutivo
ejerció 98.3%, y el Legislativo y Judicial el resto, a razón de mil 676
millones el primero, y 3 mil 231 millones el segundo.
Pese a que los recursos
fueron superiores a los programados, después del sismo del 19 de septiembre la
autoridad estatal solicitó autorización para endeudarse por 2 mil 800 millones
de pesos extras con el propósito de atender la reconstrucción.
Las primeras tres cuartas partes del año la administración
estatal fue conducida por el priista Eruviel Ávila Villegas; la última, por el
actual mandatario, Alfredo del Mazo, también del PRI. En 2017 también se
realizaron elecciones: se eligió al nuevo gobernador de la entidad.
La tarjeta informativa
del gobierno mexiquense girada con el propósito de informar sobre las
condiciones generales del documento asegura que 70.2% de los ingresos derivaron
de las participaciones, aportaciones y apoyos federales, y 29.8% fueron
ingresos estatales.
La deuda pública
estatal cerró en 38 mil 277 millones 100 mil pesos, cifra que representa 19.8%
de los ingresos recibidos por concepto de participaciones federales, ingresos
propios y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF).
Este porcentaje, afirma el gobierno, “se ubica dentro del
límite establecido por el propio Estado de México de 60% de estos conceptos de
egresos y por la Ley de Disciplina Financiera” (sic).
Del total del gasto del Ejecutivo (279 mil 848.8 millones de pesos), los servicios personales o pago de
nómina representaron 107 mil 177 millones de pesos (38.3% del total), 66.9% se
destinó al sector educativo, 17.8% al sector salud, 9.7% a seguridad pública y
procuración de justicia, y 5.6% al resto de los sectores de la administración
pública estatal.
A inversión pública se
encaminó 14.4% de los recursos. La inversión pública en obras y acciones
ascendió a 40 mil 277 millones de pesos: 34 mil 668 millones corresponden al
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD), 4 mil 274 millones a las
inversiones financieras y mil 335 millones de pesos a la adquisición de bienes
muebles e inmuebles.
Las participaciones, aportaciones y apoyos a municipios
implicaron 13.8% de los recursos, el gasto operativo se tradujo en 14.7% y el costo financiero de la deuda representó
1.4%.
La administración
estatal afirma que, 93.4% del gasto total programable, fue asignado al rubro
social con un impacto directo en el combate a la pobreza, y que el gasto se
ejerció “con estricto
apego al Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017”.
El documento será analizado por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México (OSFEM), que alrededor de septiembre lo
regresará a manera de informe a los diputados, ya no para su calificación –esa
atribución quedó derogada hace varios años–, sino para su conocimiento y visto
bueno.
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