En asamblea,
comuneros de Acazulco, municipio de Ocoyoacac, acordaron recuperar, a través de la movilización, el territorio del
que han sido despojados para la construcción del Tren Interurbano
México-Toluca, en caso de que fallen las tareas de cabildeo y diálogo que
emprenderán en lo inmediato.
Santiago
Pérez, abogado del núcleo agrario,
expuso que, si bien existen medidas jurídicas paralelas, éstas suelen ser
tardadas y la justicia en papel a veces llega muy tarde, cuando ya está
consumada la acción ilegal.
Por tanto, indicó que alrededor de mil cien
campesinos, de los mil 300 de la asamblea, acordaron esta mañana implementar
diversas medidas alternas con las que, en primer lugar, se agotará la búsqueda
del diálogo y el cabildeo con los poderes del estado, en el afán de resolver
pacíficamente el conflicto.
En esa ruta, los afectados han iniciado este jueves 26
la búsqueda de actores políticos para facilitar la mediación, de forma alterna
a otras acciones como la realización, el sábado próximo, de un concierto por la
dignidad del pueblo indígena de San Jerónimo; o la plantación (en unas dos
semanas) de árboles en torno al trazo del proyecto.
No obstante,
destacó, de fallar todas estas acciones,
y “en virtud de que no existe mandato judicial que autorice el reingreso (de
gobierno, empresas, maquinaria y trabajadores) al territorio, vamos a recurrir
a la movilización social para retirarlos del lugar, porque están fuera del
derecho de vía”.
Al ser cuestionado sobre la
posibilidad de un enfrentamiento con la decisión, indicó que, para evitarlo, ya
busca –junto con los campesinos– al gobernador priista Alfredo del Mazo para
exigirle que retire a sus elementos de seguridad de la zona.
–¿La decisión podría cobrar vidas?
–(Es) el gobernador (quien) no ha
brindado las condiciones para proteger las vidas de sus ciudadanos.
El gobierno del Estado de México
destacó Santiago Pérez, no puede lavarse las manos con el argumento de que no
es un tema de su jurisdicción; su primer deber, enfatizó, es cuidar su
territorio y a sus habitantes.
Además,
lamentó, es incongruente facilitar
elementos policiacos estatales para un tema que asegura no le compete: “Si no
es su asunto, entonces que los retire, que no hable con dos lenguajes”, apeló.
Adicionalmente,
recordó que están a la espera de la
respuesta de la CNDH sobre las medidas cautelares y el retiro de la fuerza
pública solicitadas ayer al entablar la queja 34315/2018.
Por la vía
jurídica, comentó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo no ha
turnado la queja contra el sobreseimiento de la demanda 109/2018, pero ha
comprometido que lo hará a la brevedad.
“Las promociones que ellos ingresan,
al siguiente día se acuerdan, mientras las que nosotros ingresamos tardan. El
recurso de revisión contra el sobreseimiento ni siquiera ha sido enviado al
Tribunal Colegiado; hay mano negra”, acusó.
También se estudia entablar un nuevo amparo contra
la decisión de introducir a las fuerzas policiacas, pues los días 19 y 20 de
abril pasado, en respuesta a una solicitud de la SCT para ejecutar la obra con
el uso de la fuerza pública, el mismo juzgado determinó que “no ha lugar” a la
petición.
La negativa,
“atendiendo a que no hay precepto legal
que faculte a la suscrita a proceder como lo solicita”, aunado a que el
sobreseimiento tampoco “conlleva una ejecución por parte de este órgano
jurisdiccional”.
De igual
manera, por la vía civil se demandará reparar el daño a los comerciantes de la
zona de La Marquesa, pues a causa de la introducción de las fuerzas policiacas
se estima que tan sólo el fin de semana se dejará de percibir una derrama
económica superior a los 30 millones de pesos, por la ausencia de turistas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.