María Guadalupe Serrano Martínez, de
26 años y con un embarazo de 39 semanas, desapareció el pasado 21 de abril en
Nezahualcóyotl, Estado de México. La última vez que sus familiares supieron de
ella fue cuando salió de su casa, ubicada en la colonia Esperanza de ese
municipio, alrededor de la una de la tarde.
Desde entonces la familia perdió
contacto con María Guadalupe. Las autoridades emitieron la alerta para dar con
su paradero y realizan las primeras investigaciones. La joven era empleada de
una tienda, pero se encontraba en periodo de incapacidad ante la proximidad de
la fecha de parto.
María Guadalupe mide 1.55 mts y tiene
el cabello negro y lacio hasta debajo del hombro. Como señas particulares tiene
pecas en ambas mejillas y un tatuaje de tres puntos alineados en la muñeca
izquierda.
Melina
Alonso, amiga de la familia, informó a Animal Político que los familiares de
María Guadalupe no tienen hasta el momento ninguna información sobre su
paradero ni algún posible indicio de los motivos de su desaparición. Pero temen
por su seguridad, ante la andanada de feminicidios cometidos contra mujeres
embarazadas en los últimos años, y que se han recrudecido en los dos meses
pasados.
Organizaciones de la sociedad civil y
activistas han denunciado que las autoridades no tienen una cifra real de este
problema porque no existe una base de datos donde se considere la categoría
embarazada y también acusan que no se hacen investigaciones a fondo de los
casos para descartar la actuación de redes criminales en estos asesinatos.
La presión
de ser madres, detonante en asesinatos de mujeres embarazadas para robarles a
sus bebés
María
Salguero, geóloga que registra en un
mapa los feminicidios en México, tiene 12 casos contabilizados de 2010 a la
fecha en los que asesinaron a mujeres embarazadas para extraerles a los bebés
del vientre o a mujeres recién paridas para robarles a sus hijos. Salguero
alerta que esto apenas se volvió visible ante la serie de tres homicidios
ocurridos entre marzo y abril de 2018, pero asegura que ha estado sucediendo
desde hace años.
Las víctimas, en la mayoría de los 12
casos documentados por Salguero, eran menores de 25 años (solo una tenía 29) y
al menos 10 eran de bajo nivel económico y no tenían acceso a la seguridad
social donde atendieran sus partos y cuidaran la salud de sus futuros hijos.
Solo en dos casos el móvil pudo ser
diferente. En el de Alicia Ramos Blanco, de 17 años, a quien asesinaron en
junio de 2010 en Coatzacoalcos, Veracruz, cuatro personas (dos hombres y dos
mujeres) vecinos de la víctima, quienes planearon durante tres meses el
homicidio para robarle al bebé y venderlo en 500 mil pesos.
En otro
caso, Reyna Alicia N, de 22 años, fue asesinada por Eulalia L. O. y Roberto C.
V. el pasado 2 de abril en Oaxaca. Las investigaciones están en curso para
descartar un posible hecho de tráfico de menores.
En el resto
de los casos recabados por Salguero el móvil coincide: las homicidas pretendían
quedarse con el bebé y criarlo como hijo propio. Nueve de las mujeres que
cometieron el asesinato fingieron un embarazo para engañar a sus parejas,
familiares y amigos.
Dos habían
estado embarazadas, pero perdieron a sus bebés y temían que, al no haber un
niño, su pareja las dejara. Las demás no podían tener hijos y estaban
obsesionadas con la maternidad, de acuerdo a las averiguaciones previas.
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