En su primer
mitin de campaña, la candidata a gobernadora de la coalición Por Puebla al
Frente, Martha Erika Alonso, ofreció abatir a los huachicoleros y los
feminicidios, dos problemáticas que se dispararon durante el gobierno de su
esposo Rafael Moreno Valle.
Con la
presencia del candidato presidencial Ricardo Anaya, Alonso hizo sus primeras
promesas de campaña sin mencionar en ningún momento el nombre de su esposo,
aunque en muchas de las cosas que mencionó era inevitable la referencia.
Dijo que
arrancaba su campaña en Tecamachalco por ser su lugar de origen, pero también
porque le preocupaba que este municipio formara parte del llamado Triángulo
Rojo, como se le conoce a la zona de mayor presencia de las bandas de
huachicoleros, que se han visto envueltos en la violencia.
“A mí me
duele Tecamachalco, me duelen los municipios de este distrito porque la
tranquilidad se ha perdido, la gente ya no puede salir tranquila a la calle,
tiene miedo de que le roben sus casas, la gente tiene miedo que los secuestren,
y no vamos a permitir que la inseguridad en este dichoso Triángulo Rojo siga
siendo la predominante”, manifestó la candidata.
Alonso
Hidalgo ofreció a los poblanos que de ganar los comicios instrumentaría una
estrategia integral para combatir a las bandas dedicadas al robo de
combustibles a Pemex, que incluiría coordinación de los tres niveles de
gobierno, más patrullas, policías y tecnología para atacar a los delincuentes.
Aunque fue en el sexenio de su esposo cuando el
huachicoleo se disparó en casi mil 600 por ciento, en entrevista al término del
evento, la candidata retomó lo dicho por el candidato presidencial Ricardo
Anaya, al ser cuestionada sobre si a las pasadas administraciones “se les salió
de las manos” esta problemática.
“Ha sido un fenómeno que ha venido
incrementando, bien lo mencionó Ricardo, de los cerca de 40 mil policías
federales que hay en toda la entidad (sic) Puebla únicamente cuenta con 200”, justificó.
Temas de
género
Alonso
Hidalgo también mencionó que su arranque de campaña en esa localidad derivaba
de su preocupación por el incremento de los feminicidios y de la violencia de
género que se habían disparado en particular en Tecamachalco.
“Ante el
incremento de la ola, también a nivel nacional, de feminicidios, voy a tener
una oficina que dependa directamente de mí, que pueda dar seguimiento a los
casos de violencia, porque sólo yo como mujer entiendo lo que las mujeres viven
todos los días, yo también he sentido qué es ser acosada cuando uno camina por
la calle”, señaló.
Igual fue a partir del sexenio de Moreno Valle
que se dispararon los asesinatos contra mujeres. Tanto su gobierno como el de
su sucesor, Antonio Gali Fayad, han sido acusados de caer en la simulación para
maquillar las estadísticas de este delito y evadir la declaratoria de Alerta
por Violencia de Género que se ha solicitado desde el 2016.
Además, justo en Tecamachalco ocurrió un caso
emblemático de violencia de género.
El actual alcalde panista Saturnino
López Ponce fue acusado por cuatro regidoras de someterlas a abusos,
retenciones de salarios, amenazas de muerte, señalamientos públicos, sobornos y
hasta agresiones físicas. En numerosas bardas de esa localidad aparecieron
pintas con mensajes misóginos en contra las regidoras.
Martha Erika Alonso, quien al momento
de estas denuncias ocupaba la Secretaría General del PAN a nivel estatal, fue
acusada en diversas ocasiones de un doble discurso, pues mientras impulsó una
campaña en contra los feminicidios, tardó meses para pronunciarse sobre el caso
y hacer un llamado al edil panista a deponer su postura.
Pese a esto,
Alonso Hidalgo tendrá en su campaña el lema “Igualdad para todos”, en clara
alusión a los temas de género.
En su
discurso de arranque de campaña ofreció créditos a las mujeres, guarderías para
hijos de madres solteras, una ruta naranja y seguro de desempleo para féminas
mayores de 40 años.
A los
jóvenes les prometió transporte gratuito para universitarios e internet en las
plazas; a los productores del campo semillas, fertilizantes y tractores gratis;
a los adultos mayores, construir el primer hospital de especialidades
geriátricas y servicio médico en casa; además ofreció uniformes y útiles
escolares gratuitos para estudiantes de escuelas públicas.
Inseguridad
y agua.
Al abordar el tema de la inseguridad,
Alonso Hidalgo de nueva cuenta hizo referencia a situaciones que surgieron a
partir del gobierno de Moreno Valle y que representan, en sí, una crítica a la
actual administración estatal a cargo de Gali Fayad cuya esposa, Dinorah López,
estaba presente en el acto.
Mencionó que
los ciudadanos no denuncian los delitos porque es un “calvario”, ya que en esta
entidad toma hasta cinco horas presentar una denuncia ante el Ministerio
Público.
En relación
a esto, en enero de este año el fiscal
general del estado, Víctor Carrancá, reconoció que sólo hay 59 agencias del
Ministerio Público para atender las denuncias de delitos que se cometen en los
217 municipios de la entidad.
El candidato a senador por Morena,
Alejandro Armenta, acusó al gobierno de Moreno Valle de haber desmantelado las
agencias del Ministerio Público y de haber incentivado con esto la impunidad
delincuencial. Mencionó que al inicio de la administración morenovallista
operaban 216 agencias del MP y 453 agencias subalternas; estas últimas
desaparecieron todas.
Para algunos especialistas, esto
igual motivó el disparo de linchamientos registrado en los últimos años en
comunidades poblanas.
Otro de los puntos controversiales
que abordó Alonso Hidalgo en su primera intervención de campaña fue el tema del
agua, pues reconoció
que es un problema de Tecamachalco y prometió que presentaría una propuesta
integral para resolver la falta de suministro que sufren algunos de sus
habitantes.
Sin embargo,
al término del acto fue cuestionada por
los medios, luego de que en el gobierno de su marido se privatizó el servicio
de agua potable y alcantarillado en municipios de la zona conurbada de Puebla
y, a más de tres años de esto, priva la inconformidad social por los
resultados.
Alonso
Hidalgo reconoció que existe inconformidad social por el servicio que presta la
empresa Agua de Puebla Para Todos, pero justificó que con la privatización se
resolvió el déficit anual de 300 millones de pesos que arrastraba el órgano
público operador del servicio.
Ante las demandas de ciudadanos y
agrupaciones empresariales para que se retire la concesión, la candidata dijo
que eso costaría al gobierno estatal 3 mil millones de pesos.
No obstante,
hizo el ofrecimiento de que, si en los primeros 100 días de su gobierno no hay
una mejora en el servicio, valoraría revocar la concesión.
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