En un hecho inédito, la autoridad
judicial otorgó a la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo suspensiones
provisionales del Procedimiento de Consulta y de la construcción y operación
del proyecto del parque eólico en la zona.
De continuarse con el proceso de
consulta, se generaría un daño irreparable a dicha comunidad, destaca la
resolución del Juzgado Primero de Distrito con sede en esta capital, que sienta
un precedente favorable a la defensa de los derechos de comunidades indígenas.
El fallo precisa que, derivado de juicios de amparo
interpuestos con el acompañamiento del Proyecto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, AC (ProDESC), la comunidad indígena obtuvo las
suspensiones provisionales para que no se continúe el Procedimiento de Consulta
sobre el proyecto central eólica Gunaa Sicarú de la empresa Eólica de Oaxaca
–filial de la transnacional francesa EDF EN–, ni se inicie la construcción y
operación de dicho parque eólico.
“No existen condiciones naturales
(dado el sismo ocurrido en septiembre de 2017), ni condiciones sociales por los
conflictos internos que pudieran surgir en la propia comunidad dados los
próximos plebiscitos electorales a nivel municipal, así como eventos culturales
por fiestas patronales, ya que esos aspectos podrían influir en la decisión que
en su caso adopte la comunidad indígena”, detalla el juez en su resolución.
Por tal
razón, ni la Dirección General de
Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía, ni
autoridades federales, estatales y municipales, podrán continuar con el
procedimiento de consulta sobre la construcción y operación del parque eólico,
iniciado desde el año pasado con actos de la fase de Plan de Consulta y con la
primera Asamblea de la Fase de Acuerdos Previos, el pasado miércoles 11.
ProDESC resaltó que la consulta impulsada
actualmente por la Secretaría de Energía no es idónea ni adecuada, pues las
prioridades de desarrollo de la comunidad están centradas en el proceso de
reconstrucción después de los sismos de septiembre pasado.
Unión
Hidalgo –subrayó– resultó ser la segunda
comunidad más afectada de la región, y eso significa que “no hay condiciones de
normalidad, ya que al menos el 70% del total de viviendas se encuentran
dañadas, de las cuales 300 se desplomaron por completo, además de que las
necesidades básicas de casa, vida digna, salud y educación no se han
restablecido y ha prevalecido la entrega irregular de apoyos”.
A ello se suma el inicio del periodo
de campañas en los procesos electorales federal y local, por lo que existe un
riesgo real de actos de violencia, como lo demuestran casos de confrontación
recientes en la región del Istmo de Tehuantepec, los cuales manifiestan
vínculos directos o indirectos con los procesos electorales y las dinámicas
políticas locales,
puntualizó.
Por otro
lado, las festividades más arraigadas de
la comunidad zapoteca son las fiestas tradicionales de las Velas, que inician
en el mes de mayo, y sus habitantes se enfocan totalmente en esas actividades,
mismas que representan no sólo la unión de las familias, sino también la
participación de cada uno de los integrantes del pueblo.
Entonces, los tiempos establecidos
por la Secretaría de Energía para el desarrollo de la consulta no son
culturalmente adecuados, recalcó ProDESC.
De igual
manera, sostuvo que la resolución obtenida se enmarca en las acciones legales
que la comunidad de Unión Hidalgo, con el acompañamiento de ProDESC, ha
desarrollado en defensa de su territorio y bienes naturales en relación con el
parque eólico Gunaa Sicarú, tales como una queja ante la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH).
En un acto que consideraron
histórico, la CNDH determinó conceder medidas cautelares a la comunidad y
suspender la consulta indígena que intentan realizar las autoridades de los
tres niveles.
También se presentó una queja ante el
Punto Nacional de Contacto en Francia, de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), en febrero pasado, por posibles violaciones a
derechos humanos cometidas por la empresa EDF y sus filiales en México.
Desde julio
de 2017, la comunidad presentó un amparo
contra el permiso de generación de energía eléctrica otorgado por la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) para el parque eólico Gunaa Sicarú, porque se
expidió sin consultar previamente a la comunidad. Actualmente se encuentra en
trámite.
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