Ley Chayote: mandato incumplido.

Francisco Ortiz Pinchetti.

Fue necesaria una advertencia insólita de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que de no aprobarse antes del próximo 30 de abril la Ley General de Comunicación Social analizaría sancionar al Congreso de la Unión con la inhabilitación de los 500 diputados federales y 128 senadores para que nuestros legisladores se apresuraran a cumplir el término… aunque no el mandato explícito.

La bancada del PRI en el Senado de la República, pastoreada por el demócrata Emilio Gamboa Patrón, con la complicidad de sus afines del PVEM y Nueva Alianza, impusieron la denominada Ley Chayote previamente aprobada en similares términos y con igual cinismo por los diputados federales de esos partidos, de modo que dejaron intacta la discrecionalidad con la que el gobierno federal y las administraciones estatales manejan los dineros de la publicidad oficial.

Incumplieron el mandato.

Y es que en una sentencia sin precedentes la Primera Sala de la Corte otorgó amparo a la asociación civil Artículo 19, que reclamó la omisión del Congreso de cumplir el tercer transitorio de la reforma constitucional de febrero de 2014, hace ya cuatro años. Por primera vez en la historia la Corte ordenó al Congreso federal expedir una ley, así como la primera vez que el mandato para reparar una omisión legislativa deriva del amparo promovido por un particular.

En su razonamiento para otorgar ese amparo, el ministro Arturo Zaldívar, autor del dictamen respectivo, fue muy claro al precisar que la ausencia de esta regulación propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social, lo cual “constituye un mecanismo de restricción o limitación indirecta de la libertad de expresión, claramente proscrito por la Constitución”. Y abundó, para no dejar lugar a dudas: la omisión legislativa “propicia que la política de gasto en comunicación social canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del Gobierno y niegue el acceso a esos recursos -o simplemente se amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del Gobierno”.

La resolución de la Corte tenía precisamente ese sentido, y no otro: acabar con la ley del garrote y la zanahoria, la imposición arbitraria de premios y castigos.

Y ese sentido trascendente no fue acatado por la mayoría priista primero en la Cámara de Diputados, el pasado 10 de abril, y ahora en el Senado.  Simplemente los legisladores del gobierno ignoraron las propuestas de periodistas y medios independientes. No tomaron en cuenta tampoco las 10 premisas básicas planteadas por decenas de organizaciones civiles integradas en el colectivo #MediosLibres, entre las que estaba el establecimiento de normas y criterios claros y transparentes para la asignación de recursos oficiales para fines publicitarios.

En su crónica de la lamentable sesión del miércoles pasado en la recinto legislativo de Paseo de la Reforma, la reportera Daniela Barragán nos cuenta en SinEmbargo que  fueron cuatro horas en las que la oposición en el Senado de la Republica recurrió en varias ocasiones a la frase de José López Portillo de “no te pago para que me pegues” y a todas las explicaciones posibles sobre la violación a la libertad de expresión, del exceso de dinero que se gasta en publicidad oficial y en la violencia hacia los periodistas y los medios que esa práctica ha provocado. El PRI y los suyos, el Verde y el Panal, se concentraron en un sólo argumento: “cumplir con el mandato ineludible de la Corte”.

El senador Alejandro Encinas señaló en tribuna que el dictamen era la regresión final que limita los derechos y libertades de los mexicanos. Dijo que durante seis años hemos visto cómo se impusieron medidas para limitar el pluralismo en la información: se dotó de dinero al duopolio televisivo, se echaron atrás los derechos de las audiencias y está la violencia hacia periodistas y comunicadores.

Dio la cifra: son 40 mil millones de pesos los gastados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, de los que 28 mil millones han sido por la vía del sobre ejercicio. El 65 por ciento del gasto de publicidad se destinó a 20 medios de comunicación, entre los que Televisa y Tv Azteca concentran el 20 por ciento. “Ese es el modelo que quieren legalizar. No se atiende ni lo discutido por la SCJN ni las propuestas de la sociedad civil. Es una propuesta regresiva que instaura un modelo autoritario”, advirtió el ex perredista.

El Colectivo #MediosLibres lamentó este jueves que el proceso seguido en el Congreso no respetó los lineamientos legislativos ni el diálogo con la sociedad civil, lo cual se traduce en que esta ley es una ley sin consenso. Además, recordó que pese a las reuniones en Comisiones el pasado 19 y 24 de abril, la minuta no tuvo ningún cambio en su contenido y se aprobó en el pleno de la Cámara de Senadores.

Ello ocurrió, a pesar de los llamados de diversos organismos nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), e internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), las relatorías para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las Naciones Unidas (ONU).

Simplemente, operó la imposición: Con 60 votos a favor y 46 en contra, quedó aprobada en lo general, la Ley de Comunicación Social que la SCJN ordenó legislar al Congreso desde noviembre pasado. Pudo –debió—ser un hito en la historia de este país. Resultó una nueva burla.

Prevaleció otra vez, 36 años después, el axioma de José López Portillo “no te pago para que me pegues”.