En abril pasado reapareció Genaro
García Luna, el polémico superpolicía del sexenio de Felipe Calderón convertido
ahora en hombre de negocios y consultor internacional. Socio de la empresa
GLAC, en la que participan jefes policiacos en retiro de Estados Unidos,
Colombia y España, el exfuncionario calderonista descalifica las políticas en
la materia adoptadas por la administración de Enrique Peña Nieto –son
involutivas, dice, y “dieron al traste con lo avanzado en décadas”–, e insiste
en reivindicar su vieja y fallida propuesta.
El gobierno de Enrique Peña Nieto
logró lo que parecía impensable: aumentar la letalidad de civiles en la guerra
a las drogas iniciada por su antecesor, Felipe Calderón. Al final de la
administración priista, la realidad expresada en reportes nacionales e
internacionales sobre seguridad y justicia coinciden:
México es
ahora más violento que hace seis años, sin que se vea una pronta disminución. Para Calderón y quien fuera su hombre
fuerte, Genaro García Luna, la culpa no es de su estrategia, sino de quienes
los sucedieron, porque la echaron a perder.
“Los últimos seis años han sido más
letales para los civiles mexicanos. A lo largo de 2016 y 2017, los homicidios
no sólo superaron las cifras históricas de 2011, sino que se extendieron por
más áreas del país”,
dice el reporte Corrupción que mata, dado a conocer el jueves 3 en la Ciudad de
México y elaborado por organizaciones de derechos humanos mexicanas y con el
patrocinio de Open Society Justice Iniciative, de Nueva York.
Ante la incidencia delictiva, pero
sobre todo ante la colusión de autoridades con el crimen organizado en la
comisión de delitos de lesa humanidad, las organizaciones proponen la creación
de un mecanismo internacional para investigar y sancionar esos casos, marcados
también por la corrupción.
Apenas un día antes, la Comisión
Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos había dado a conocer que entre el
inicio de la declaración de la guerra al narcotráfico por Calderón en 2006 y
2017 tiene documentados los casos de 329
mil 917 personas que se han visto obligadas a salir de sus lugares de origen.
Tan sólo el año pasado, registró 25 casos de desplazamiento interno forzado que
afectaron a 20 mil 390 personas. Y esos son apenas los casos documentados.
Las cifras
saltan por todos lados. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la
Justicia Penal, que dirige José Antonio Ortega, informó el 23 de abril que el
primer trimestre del año ha sido el más violento en la historia reciente de
México.
En este contexto,
Genaro García Luna se presentó el 19 de abril en el canal de televisión de El
Financiero/Bloomberg, arropado, entre otros, por su excompañero de gabinete,
Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) en el sexenio pasado y ahora director corporativo de Grupo
Lauman, propietario del periódico El Financiero.
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