Una compañía como Grupo México, “que
literalmente mueve montañas en unas cuantas semanas”, no ha construido las
instalaciones de tratamiento de agua que ofreció después del derrame de tóxicos
en el río Sonora, hace casi cuatro años, y eso “es un ejemplo descarado y
flagrante de que tienen derecho a la impunidad”.
Así lo señaló Baskut Tuncak, relator
de Naciones Unidas sobre manejo de sustancias tóxicas, durante su participación
en el evento académico Industrias Extractivas y Derechos Humanos.
“En el caso de río Sonora, lo que me hizo
mucho ruido fue que la empresa se comprometió a dar un remedio efectivo a estas
comunidades, pero durante cuatro años éstas no han tenido acceso a una fuente
de agua confiable, y desde hace cuatro años no han accedido al hospital o la
clínica que también se les prometió y se encuentra a medio construir”, dijo
Tuncak.
Añadió: “Estamos hablando de una de las compañías
más grandes de todo el mundo, una compañía que literalmente mueve montañas en
unas cuantas semanas, y no puede construir unas cuantas instalaciones de
tratamiento de agua o terminar de construir un hospital que se comprometieron a
hacer. Si esto no es un ejemplo descarado y flagrante de que tienen derecho a
la impunidad, entonces, no sé qué más podría ser.”
De acuerdo
con Tuncak, las industrias extractivas
no son sostenibles, ya que extraen recursos y no los reemplazan, pero las
soluciones que se plantean van en el sentido de que estas industrias sean cada
vez más limpias, más seguras y, sobre todo, que estén más alineadas con los
estándares internacionales de los derechos humanos.
Según un
comunicado difundido este martes, Tuncak
se refirió a la exposición a sustancias tóxicas como “casos de violencia”,
debido a que los tóxicos “son también violentos porque causan un daño
increíble, y lo que es particularmente peligroso no es el hecho de que causen
cáncer y otras enfermedades, sino que las víctimas no tienen acceso a ningún
remedio efectivo luego de que ocurre la exposición, y hay una grave injusticia
en ello”.
Explicó que los derechos humanos que se violan con
frecuencia con la exposición a sustancias tóxicas están interconectados y son
inseparables. No es posible separar el derecho a la información del derecho a
la salud o del derecho a un remedio efectivo, soltó.
Y puso como ejemplo el derecho a la
transparencia, ya que todos tenemos derecho a la información y el Estado tiene
la obligación de hacer que toda la información esté disponible, especialmente
para quienes están bajo el riesgo de exponerse a las sustancias peligrosas.
“Este tipo de información jamás
debería de ser confidencial, y esto está reconocido tanto en leyes nacionales
como internacionales, pero en todo el mundo vemos casos en los que las
comunidades tienen dificultades para acceder a la información antes de que
empieza un proyecto, y ya que empezó es mucho más difícil obtener esa
información sobre la contaminación que se produce a partir de las actividades
industriales”.
En el evento
también participaron el doctor Raúl García Barrios, del Centro Regional de
Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM); Omar Arellano, doctor en Ecotoxicología de la UNAM; la experta
en ecología acuática Mayeli Sánchez, así como Francisca García, representante
de los Comités de Cuenca Río Sonora, y Benjamin Cokelet, director fundador de
Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
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