Diez organizaciones no
gubernamentales defensoras de los derechos humanos y de los migrantes
demandaron a los gobiernos de Estados Unidos y México suspender las
negociaciones sobre el acuerdo del Tercer País Seguro.
Celebradas
el pasado jueves 17 y viernes 18 de mayo en Washington D.C., las negociaciones se concentran en definir
a México como una especie de filtro para solicitantes de asilo en Estados
Unidos y como centro de detención migratoria de extranjeros no ciudadanos
mexicanos.
Las
organizaciones demandantes enviaron una
carta de oposición al acuerdo exigiendo el fin de las negociaciones sostienen
que, al definir a México como un Tercer País Seguro se le negará y se les
rechazará la protección a los solicitantes de asilo en el vecino país del
norte.
“Sería devastador para aquellos que
huyen de la violencia en sus países, tomando en cuenta que México en repetidas
ocasiones ha fracasado en proteger a los más vulnerables”, destacó la misiva
dirigida a Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) mexicano,
y a su homólogo estadunidense, Mike Pompeo.
El
compromiso del Tercer País Seguro que el gobierno de Donald Trump ha forzado a negociar al de Enrique Peña Nieto pretende
que todos los extranjeros (no mexicanos) solicitantes de asilo en territorio
estadunidense por razones humanitarias, políticas o cualquier otra, pidan
primero asilo en México antes de llegar a la Unión Americana.
Bajo este acuerdo, los extranjeros no
mexicanos solicitantes de asilo deberán obtener el refugio en México antes de
siquiera poder llegar a solicitarlo en Estados Unidos.
El canciller Videgaray y el embajador
de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez, negaron de manera categórica
la semana pasada que existieran dichas negociaciones. Sin embargo, en su
edición de esta semana (2168), Proceso publica el documento oficial de la
agenda de negociaciones celebrada en Washington.
Lo que no se sabe es si el gobierno
de Peña Nieto ya aceptó ser el Tercer País Seguro que quiere Trump y bajo qué
condiciones.
En la agenda publicada por este
semanario se destacan los temas de negociación que incluyen, entre otros,
aspectos legales, la instrucción a los agentes del Instituto Nacional de
Migración (INM) mexicano sobre cómo instrumentar los mecanismos jurídicos de Estados
Unidos en México para entrevistar y procesar a los solicitantes de asilo.
“México no es seguro para muchos
migrantes y su sistema de asilo carece de capacidad para procesar siquiera a
una pequeña fracción de personas que buscan asilo y que necesitan protección
internacional”,
enfatizaron en la carta las 10 agrupaciones no gubernamentales.
México,
peligroso.
Entre los
argumentos para exigir a los dos gobiernos que paren la negociación del Tercer
País Seguro, las organizaciones
subrayaron que en el territorio mexicano los migrantes y de manera particular,
las mujeres y los niños, son frecuentemente víctimas de crímenes violentos que,
en su mayoría, nunca se resuelven.
“Una encuesta reciente con 229
migrantes centroamericanos en México encontró que 31.4% de las mujeres y 17.2%
de los hombres han sido abusados sexualmente durante su travesía por México”, según la carta enviada a la
cancillería mexicana y al Departamento de Estado estadunidense.
Para el gobierno de Trump, el
concretar con México el acuerdo del Tercer País Seguro es una prioridad
esencial para combatir el flujo de inmigrantes indocumentados, porque los
solicitantes de asilo en Estados Unidos se sujetarían a presentar su petición,
primero, ante las autoridades migratorias mexicanas antes de siquiera acercase
a la frontera sur de la Unión Americana.
“Urgimos en los términos más fuertes
posibles a Estados Unidos y a México abandonar las negociaciones de tal acuerdo
y en lugar de esto, cumplir con su responsabilidad bajo las leyes internacionales
y nacionales de ofrecer acceso a la protección internacional a todos aquellos
que la buscan; garantizando el debido proceso y el respeto a la unidad
familiar”, concluyó
la carta.
Las 10
organizaciones defensoras de los derechos humanos que enviaron la misiva a los
gobiernos de Trump y Peña Nieto son:
Acceso al
Asilo en México, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova,
FUNDAR-Centro de Análisis e Investigación, Human Rights First, Kids in Need of
Defense, Instituto para las Mujeres en la Migración, International Detention
Coalition, Latin América Working Group, Women’s Refugee Commission y Washington
Office on Latin América.
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