Las industrias extractivas en México,
tanto las que administra el Estado como las privadas, han provocado una
situación “catastrófica” en los cuerpos de agua, ya que alrededor del 70 por
ciento de los ríos presenta contaminación grave, denunciaron especialistas en
materia y organizaciones civiles. Además, todo ese deterioro lo han realizado
con el permiso y la omisión de funcionarios del Gobierno federal y de las
autoridades estatales y municipales, explicaron.
Para el
Relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Manejo de
Sustancias Peligrosas, Baskut Tuncak, la
contaminación es un problema de derechos humanos y en México se ha tornado de
graves consecuencias particularmente para los más débiles.
Las industrias extractivas son
aquellas que se dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo:
minerales, gas y petróleo.
Esas industrias, afirmó el Relator de
la ONU, ejercen violencia contra las comunidades, en su mayoría indígenas, al
contaminar con químicos tóxicos, ya que las víctimas carecen de acceso a
medidas de remediación, con lo que se incurre en injusticias en México y
alrededor del mundo. Las empresas, manifestó, siguen contaminando aire, agua y
tierra con toda impunidad.
Por ello,
destacó, la industria extractiva no es
sostenible, pues no existe solución para los problemas que provoca y,
especialmente en el tema del agua, la situación es ya de crisis por el rápidos
agotamiento de los mantos hídricos.
El doctor
Raúl García Barrios, investigador del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), destacó que el 70 por ciento de los ríos
mexicanos está contaminado gravemente por estas industrias, incluyendo a
Petróleos Mexicanos (Pemex), lo que tiene tiene al país en una “catástrofe”.
El
especialista mencionó los factores que
han permitido esa contaminación, y enlistó la violación sistemática de las
leyes mexicanas, la debilidad del Estado de derecho, la corrupción, la omisión
en consistencia normativa y la insuficiencia de presupuesto.
“México tiene la Constitución más
manoseada del mundo”, afirmó. “En México, las fallas del Estado son endógenas
al sistema económico”, agregó.
IMPACTO Y
DETERIORO SOCIAL.
Para Omar
Arellano Aguilar, biólogo y doctor en Ciencias de la UNAM, los impactos hacia las comunidades humanas por la contaminación en los
cuerpos de agua se manifiestan en la pérdida de actividades económicas por los
daños a la biodiversidad, además de que también están presentes en el tema de
salud, pues la situación provoca enfermedades renales, leucemia y alergias,
principalmente. Pero, a pesar de ello, recriminó, la Norma ambiental 001 permite la contaminación provocada por descargas
industriales.
La Norma
Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 es
la encargada de establecer los límites máximos permisibles de contaminantes en
las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
El
especialista y profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la
UNAM, aseguró que a partir de 1994, con
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se detonó
la proliferación de empresas trasnacionales y con ello se instauró también la
laxitud de la normatividad para permitirles operar con impunidad y explotar –y
contaminar– el agua a placer.
“[México] se está convirtiendo en una
sociedad de alto riesgo socioambiental que provoca un descontento social
generalizado”,
destacó el especialista.
José Luis
Pablos Hach, ingeniero Agrónomo, maestro en Ciencias, doctor en Estadística y
profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, dijo que el país cuenta con 446 mil 777
metros cúbicos de agua dulce al año que sufre variaciones en su cantidad y
desigual distribución territorial. En la República Mexicana, mencionó, hay 51
ríos principales por los que fluye el 87 por ciento del escurrimiento
superficial.
“De las 731 cuencas hidrológicas que
hay, 104 muestran problemas de disponibilidad que se debe a la
sobreexplotación, sobreconcesión[sj1] y contaminación que venimos arrastrando desde hace muchos años y en
temas de agua subterránea, de 653 acuíferos, 105 se encuentran en situación de
sobreexplotación”,
afirmó.
Una encuesta
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública reveló que el 89.7 por ciento de los mexicanos está de
acuerdo en que debería existir una Ley que prohíba la explotación de minerales
e hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, tanto por parte de Pemex
como de empresas privadas.
Otro
ejercicio realizado por mismo centro de estudios de la Cámara de Diputados plantea que uno de cada dos mexicanos
considera que el mayor índice de afección hacia él o su familia se encuentra en
la contaminación del agua (51.0 por ciento). Además de que a cuatro de cada 10
ciudadanos le preocupa “mucho” la sobre-explotación de los recursos naturales.
Para
ejemplificar esa situación de crisis, Francisca García, representante de los
comités de Cuenca de Río Sonora, recordó
que el 6 de agosto de 2014, la mina Buenavista del Cobre –subsidiaria de Grupo
México– derramó 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de
metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afectaron a 22 mil personas
de siete municipios: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, Banámichi, San
Felipe de Jesús y Arizpe.
La activista
manifestó que los derechos al agua, a un medio ambiente sano y a la salud se
han visto violentados, pues, aunque
Grupo México se comprometió a desarrollar una clínica para la atención de los
afectados y plantas de tratamiento de agua, a cuatro años del derrame, no
cumplió al asegurar que ya no existen personas afectadas por el desastre
ecológico.
Los habitantes, indicó, tienen
desconfianza del agua y los alimentos que producen, ya que se desconoce si son
aptos para el consumo humano o se encuentran contaminados.
Cabe
mencionar que Grupo México es propiedad de Germán Larrea Mota-Velasco, un
multimillonario mexicano que también participa en empresas y organizaciones
como Grupo Financiero Banamex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y
Grupo Televisa. El dueño de ese consorcio minero es considerado una de las
personas más ricas de México y tiene, de acuerdo con la revista Forbes, una
fortuna que supera los 18 mil millones de pesos.
García adelantó que seguirán luchando
hasta asegurar la remediación y la no repetición del daño.
Sobre la
misma línea, la maestra Mayeli Sánchez, experta en Ecotoxicología y Ecología
Acuática de la organización PODER, denunció
que en el caso del Río Sonora aún no está clara la magnitud del daño en más de
200 kilómetros afectados, pues, dijo, hubo irregularidades en la toma de
muestras del agua contaminada.
“El ecocidio dejó en la incertidumbre
a las comunidades”,
criticó.
También destacó que la normatividad mexicana es
laxa, ya que, según las leyes, la empresa estaba obligada a determinar el nivel
de daño y a implementar un plan de remediación, el cual se limitó a un plan de
remediación de suelos y no ecológica. “Nuestras normas son bastante laxas”,
declaró.
Las dependencias que permiten la
actividad minera en el país son la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), del Trabajo y Previsión
Social (STPS), de la Defensa Nacional (Sedena) y de Energía (Sener); también
las comisiones Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y
Nacional del Agua, además del Servicio Geológico Mexicano (SGM), los gobiernos
municipales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La Auditoria
Superior de la Federación (ASF) ha
exhibido la falta aplicación de sanciones ante incumplimientos de las mineras,
irregularidades sobre el cobro de derechos, padrones desactualizados, así como
el incumplimiento de informes de los concesionarios que no han explotado
territorios avalados.
Las recomendaciones que hizo el
órgano fiscalizador en su segundo paquete de auditorías a la Cuenta Pública
2016 se dirigieron a la Secretaría de Energía, el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu).
AGUAS
RESIDUALES Y CONTAMINACIÓN.
De acuerdo
con Agua.org.mx. cada año se vierten a
los cuerpos de agua millones de metros cúbicos de aguas residuales, descargas
municipales, industriales y agrícolas tratadas de forma inadecuada o sin
tratamiento alguno. La contaminación del agua tiene un severo impacto en los
ecosistemas y en la salud. Es preciso reducir los volúmenes y mejorar los
procesos de tratamiento, no sólo para procurar el bienestar social y la
protección ambiental, sino también por razones económicas y de seguridad
nacional.
En México, las descargas de aguas residuales se
clasifican en municipales (abastecimiento público urbano y rural) y no
municipales (otros usos como industria autoabastecida). Según cifras oficiales,
se trata el 52.7% de las aguas municipales que se generan, y el 32% de las
aguas no municipales.
Aunque hay
avances es aún insuficiente y existe un
volumen indeterminado de aguas contaminadas que no son colectadas, que se
pierden en las redes de desagüe o que se descargan de forma ilegal directamente
al medio. Se calcula que en 2015 el costo económico de la contaminación causada
por aguas residuales no tratadas fue de 57 403 millones de pesos, equivalentes
al 0.3% del producto interno bruto.
La reducción de la contaminación del
agua requiere una fuerte inversión en infraestructura para el tratamiento de
las aguas residuales y representaría un ahorro en cuanto a la atención médica
que debe darse al tratamiento de enfermedades diarreicas provocadas por agua y
productos agrícolas contaminados. En 2015 murieron en México 3 mil 754 personas
debido a enfermedades infecciosas intestinales.
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