Dar prioridad al campo mexicano es
una manera de “apaciguar” los temas de inseguridad en el país y ayudaría a
detener las grandes migraciones de connacionales hacia el exterior, por lo que
es necesario que los candidatos a la presidencia de la República establezcan
propuestas para una política agrícola integral, denunció Juan Pablo Rojas
Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz
de México (CNPAMM).
“Si se da prioridad al sector
primario se logrará apaciguar los temas de inseguridad. Se generará trabajo y
se detendrán las grandes migraciones”, aseguró.
Los principales estados productores
de maíz blanco son: Sinaloa, que aporta el 23 por ciento; Jalisco el 13 por
ciento; Michoacán, Chiapas y Guerrero contribuyen con el 7 por ciento cada uno
y en conjunto, estas entidades aportan cerca del 59 por ciento de la producción
a nivel nacional. Mientras que la producción de maíz amarillo se concentra en
cuatro entidades, principalmente, las cuales contribuyen con el 94 por ciento
de la producción total: Jalisco con el 35 por ciento, Michoacán con el 25 por
ciento, Sinaloa con el 21 por ciento y Guanajuato con el 13 por ciento.
Pero al mismo tiempo entidades como
Guerrero, Michoacán y Sinaloa son de los estados más violentos e inseguros.
“Los productores del campo estamos
ubicados en las regiones más marginadas del país y somos los que más aportamos
a la canasta básica, también somos los que más carecemos de una política
agrícola adecuada”,
afirmó.
En 2017 en el país se produjeron 25
millones de toneladas, de las cuales sólo se consumieron 14 millones; mientras que lo que se importó de Estados Unidos fueron casi 15 millones de
toneladas.
AUSENCIA DE
POLÍTICA PARA EL CAMPO.
El líder agrícola detalló que hay una
ausencia de una política que atienda los problemas del campo mexicano, y dijo
que están en contra de la continuidad de una política que ha mantenido en
rezago al sector agrícola, por lo que han enviado, a tres de los candidatos, su
propuesta de política agrícola integral, diferenciada y sustentable, es decir,
una política que garantice que la población tenga donde producir sus alimentos.
“Los subsidios mal aplicados nos han
llevado a que la población sea altamente dependiente de éstos porque no hay
atención ni asesoría. Además hace falta infraestructura, carreteras, centros de
acopio, tecnología y maquinaria”, acusó Rojas Pérez.
Indicó que México tiene una demanda
de 48 millones de toneladas anuales, de los cuales sólo produce 25 millones, no
obstante, tiene un potencial para producir hasta 50 millones de toneladas, pero
no hay los recursos necesarios para hacerlo.
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