La formación
de un fideicomiso para ayudar a los damnificados del 19 de septiembre desató un
escándalo mediático que, además, se tradujo en una multa millonaria para
Morena. Algunos consejeros electorales acusaron a ese instituto político de ser
titular del instrumento financiero y pusieron en duda el origen y destino del
dinero que manejó. El administrador de ese instrumento ofrece su versión a
Proceso y la respalda con documentos mediante los cuales busca demostrar que el
partido que llevó a López Obrador a la Presidencia no tiene ninguna vinculación
con el fideicomiso. A su vez, la parte acusadora expone a este semanario por
qué insiste en los señalamientos contra Morena.
La mañana
del martes 24 el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, convocó inesperadamente a la Mesa de Consejeros. Habían transcurrido
cinco días de enfrentamientos verbales entre integrantes del organismo y Andrés
Manuel López Obrador, motivados por la multa de 197 millones de pesos impuesta
a Morena, presuntamente por haber cometido “fraude a la ley”. Urgía parar el
problema.
Visiblemente
preocupado, Córdova soltó a sus compañeros: “Por el bien del país, a nadie le
conviene que sigamos en la lógica de dimes y diretes”; luego les informó que
leería ante los medios un boletín para rechazar que detrás de la sanción
generada por la formación del fideicomiso para ayuda a los damnificados del
sismo hubiera alguna motivación política.
Ciro
Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización y quien había sido el más
activo en desgranar las violaciones en las que, según el INE, incurrió Morena,
dijo que a nadie le conviene tener “el rencor de AMLO” o que “personalice” el
diferendo.
De acuerdo
con algunos de los consejeros presentes, Murayama expresó que era necesario
darle la vuelta al tema; ofreció, de su parte, no dar más entrevistas.
La
estrategia dio resultado. El escándalo mediático se despresurizó.
Sin embargo,
sobre el papel oficial quedó la sanción a Morena por 197 millones de pesos, los
señalamientos de que formó un fideicomiso para cometer “fraude a la ley”, que
creó un financiamiento paralelo al partido y que no informó del origen y
destino de por lo menos 40 millones de pesos.
Incluso Murayama sostuvo en medios
electrónicos que la dirección de Morena y la del fideicomiso era la misma,
prueba irrefutable para ellos de que había un vínculo entre el partido y el
fideicomiso y que por lo tanto eran lo mismo.
Pero no es así. Lo cierto es que en
los contratos de “fideicomitentes adherentes”, una decena de ellos dio la
dirección de Morena, pero sólo para “ser notificados”.
En
entrevista, Pedro Miguel, administrador del fideicomiso, sostiene que la
dirección es claramente distinta y que la ofrecida por los adherentes no es
jurídicamente la del contrato.
Para
sostener su dicho presenta pruebas documentales: el contrato del fideicomiso
constituido en Banca Afirme, que establece en su página 13 la dirección “Prado
Sur 435, Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo”, como domicilio del
fideicomitente y del comité técnico.
También hizo
referencia a las llamadas cédulas que todo banco elabora y que se llaman
“conoce a tu cliente”, donde se encuentran los datos de quienes depositaron
dinero al fideicomiso y quienes estaban autorizados para hacer retiros.
Del otro
lado, el INE presentó un dictamen de 173 páginas en el que asegura que de los
78.8 millones de pesos del fideicomiso, 44.4 millones ingresaron a través de
depósitos en efectivo y que en algunos casos “no se acreditó el destino final
de los recursos”.
En entrevista, el consejero del INE
José Roberto Ruiz Saldaña, el único que votó contra la sanción por no encontrar
elementos documentales fehacientes de que se cometió fraude a la ley, dice que
pudieron haber existido “travesuras” en el proceso de investigación. Menciona,
por ejemplo, la filtración del dictamen a los medios dos semanas antes de la
jornada electoral.
Y aunque evita decir si había alguna
intención de afectar política y electoralmente al candidato puntero, Proceso
obtuvo por separado un documento, fechado el 29 de junio, donde se exigía al
presidente de la Comisión de Fiscalización que de manera “extraordinaria y
urgente” se votara el dictamen para someterlo de inmediato al consejo del INE.
El documento está firmado por los
consejeros Marco Antonio Baños Martínez y Adriana M. Favela Herrera, quienes
pedían, dos días antes de la elección presidencial, que se votara, pues según
ellos se había respetado el derecho de audiencia de los involucrados y estaban
agotadas “las fases del debido proceso”.
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