Martí Batres.
El cambio político
ocurrido el 1 de julio abre grandes oportunidades para el país en terrenos
específicos. Uno de ellos es el de la educación superior.
La cobertura de
educación superior en México es la más rezagada de todos los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) e incluso es
menor a la de países francamente subdesarrollados. Es decir, que países con
alto, medio y bajo desarrollo económico tienen mejores condiciones educativas
que nuestra nación.
Presumimos ser la 15a
economía del mundo, pero estamos en los últimos lugares de desarrollo
educativo.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (U), la
cobertura de educación superior de dos países tan distintos como Estados Unidos
y Cuba, uno muy rico y el otro pobre, rebasa el 80%. En España llega al 69%, en
Argentina al 67%, en Uruguay al 65%, en Canadá al 62%, en Chile al 52%, en Perú
que es muy pobre al 35% y en Colombia al 32%. En Mexico, como máximo, la
cobertura ha llegado al 27%.
Esa baja cobertura
explica muchos de los problemas que se padecen en nuestro territorio nacional.
Faltan cuadros profesionales y técnicos. Muchos jóvenes que carecen de empleo y
escuela son atrapados por los procesos de descomposición social y por las redes
delincuenciales. En las cárceles el 70% de los internos tiene menos de 30 años.
El país está desaprovechando su formidable bono demográfico.
En contrapartida, según
datos de la OCDE, los empleados con títulos universitarios ganan el doble de
sueldo que aquellos que sólo cuentan con bachillerato. En la medición del
índice de desarrollo humano el factor de educación superior eleva
consistentemente la calificación de una sociedad. El crecimiento económico puede ser mejor potenciado con la expansión
del sistema educativo superior. A mayor grado de educación aumenta también la
civilidad de las relaciones políticas y la tendencia a la resolución pacífica
de los conflictos.
La expansión del
sistema educativo superior es premisa de la disminución de las desigualdades,
del desarrollo democrático y de la disminución de la violencia.
La crisis económica de los años 80 y el cambio de modelo
económico llevaron al gobierno a disminuir el presupuesto destinado a educación
superior. Así, mientras en los años 70 la matrícula universitaria llegó a
crecer a un ritmo de 15% anual, en los
ochenta bajó hasta un crecimiento del 3% cada año.
Los gobiernos de aquel
entonces apostaron también a recargar una parte del costo económico de las
instituciones universitarias públicas en los propios alumnos, promoviendo el
cobro de colegiaturas.
Y finalmente,
impulsaron la educación privada como única alternativa de crecimiento del nivel
superior.
En 1993 el gobierno
federal impulsó una iniciativa para reformar el Artículo 3o de la Constitución,
separando la responsabilidad pública de impartir educación básica de manera
obligatoria de la potestad del Estado para sólo promover y alentar la educación
superior.
El desastre está a la
vista.
Para desarrollarse como una potencia económica México debe expandir su educación superior,
alcanzando niveles parecidos a los países con desarrollo similar al nuestro. En
el amplio abanico de compromisos y expectativas generadas por la fuerza
victoriosa el 1 de julio, ésta es una que puede y debe cumplirse plenamente.
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