En febrero
de 2017 nombraron a Samyra del Carmen Khouri Colorado como fiscal coordinadora
especializada en investigación de delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas en Veracruz. Solo estuvo diez meses
en el cargo. En diciembre de 2017 falleció a causa de cáncer. Todavía no
nombran a nadie en su lugar. La fiscalía que debe atender en ese estado la violencia
contra la mujer no tiene cabeza.
“Desde entonces han despedido a otras
10 fiscalas y a más personal de la fiscalía”, acusa Estela Casados González,
coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de
la Universidad Veracruzana.
La
investigadora y activista dice que no
sabe el número exacto de despidos. Pero en Xalapa, por ejemplo, hay solo cuatro
personas en la fiscalía. “Debería haber por lo menos 30. Ahí atienden todos los
casos no solo de este municipio sino de otros como: Alto Lucero, Las Vigas,
Perote, que son rurales y con muchas rancherías y ejidos”.
La falta de personal hace más
complicado el acceso a la justicia para las veracruzanas y deja en la impunidad
delitos como los feminicidios. “Esto es un grave retroceso a la ley. Si se
estableció una fiscalía especializada fue para atender con énfasis estos casos
y ahora se está desmantelando”.
En Veracruz, de acuerdo al reporte del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se denunciaron 38 feminicidios de enero a
junio de este año. Pero, la coordinadora del Observatorio Universitario de
Violencias contra las Mujeres asegura que ellos tienen registrados 90
asesinatos de mujeres, 58 tienen características de feminicidios. Esa cifra
coincide con la de la activista María Salguero, quien se dedica a registrar en
un mapa nacional todos los casos de este tipo de homicidios expuestos en los
medios.
Tan solo la semana pasada, se
difundió el caso de una mujer asesinada por su esposo, en Minatitlán, mientras
amamantaba a su bebé de nueve meses. Los medios reportaron que la mujer había
acudido antes al DIF a denunciar violencia intrafamiliar y no recibió la
atención adecuada. Le pidieron que conciliara con su esposo.
Las mujeres que viven en las áreas
más alejadas y pobres son quienes suelen enfrentan las peores condiciones en
acceso a la justicia. En zonas rurales, deben caminar horas para llegar a la
fiscalía solo para encontrarse con que el fiscal se fue a una comunidad a tres
horas de distancia a atender un asunto y no volverá a su oficina hasta el día
siguiente.
Cuando acuden a denunciar, se
encuentran con vuelva mañana, vuelva pasado, mejor concilie, acusa Casados.
“Las fiscalías están rebasadas. No cuentan con la infraestructura necesaria.
Después del saqueo financiero en el sexenio de Javier Duarte, no se ha
fortalecido su presupuesto y han despedido a personal que estaba ya capacitado
y trataba de sacar el trabajo pese a la sobre carga y los malos salarios”.
En el
siguiente nivel, los ayuntamientos, por
ley debe haber Institutos Municipales de las Mujeres –señala la activista María
López de la Rica, de la asociación civil Kalli Luz Marina– y deben tener una
coordinadora, una directora, una abogada, una psicóloga en trabajo social,
recursos e infraestructura.
“Pero en los 17 municipios que hemos
monitoreado de la sierra de Zongolica –donde la asociación apoya a mujeres
víctimas de violencia– todos tienen disque el instituto, pero la directora no
recibe capacitación, no hay recursos, ni tienen los espacios adecuados para
atender a las mujeres”.
Frente a este abandono es que Kalli
Luz Marina atienen a las mujeres de la zona. “las recibimos, las contenemos,
les presentamos las opciones que tienen frente a la violencia y ellas deciden
qué quieren hacer. Nosotras las acompañamos durante el proceso. La abogada las
representa en caso de una demanda o una denuncia. La psicóloga les va dando
citas, a la par del proceso legal, para que se vayan fortaleciendo”.
La
asociación también impulsa y desarrolla
una red de promotoras comunitarias bilingües de derechos humanos que están en
ocho municipios de la sierra de Zongolica. “Son unas 50 promotoras y les damos
acompañamiento, formación, capacitación. Van de pueblo en pueblo platicando con
las mujeres, las asesoran y si algún caso requiere una orientación más
especializada, las traen a las oficinas de Kalli en el municipio de Rafael
Delgado”.
Sobre las
causas del desmantelamiento de la fiscalía especializada en delitos contra la
mujer, Casados dice que las autoridades
del estado no les dan una explicación. “Parece que el plan es quitarla, lo cual
es muy grave puesto que Veracruz tiene dos alertas de género”.
La primera, por violencia feminicida,
se decretó en 11 municipios, el 23 de noviembre de 2016. La segunda, el 13 de
diciembre de 2017, fue por agravio comparado; es decir por existir en la
entidad un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de
las mujeres, en específico los sexuales, reproductivos y de salud.
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