El 1 de septiembre
entrará en funciones la LXIV Legislatura, integrada por 500 diputados y 128 senadores
y en la que Morena tendrá mayoría por primera vez.
El partido contará con mayoría simple tanto en la Cámara de
Diputados como en la de Senadores, lo que le permitirá aprobar cambios a leyes
sin necesidad de contar con el apoyo de otras bancadas. Sin embargo, para
realizar modificaciones a la Constitución deberá lograr una mayoría calificada,
que significa tener los votos de las dos
terceras partes del Congreso.
La Legislatura anterior dejó varios pendientes a legisladores
de Morena. Éstos se suman a las iniciativas que el ganador de la elección
presidencial, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que enviará al Congreso como
iniciativas preferentes.
Estos son algunos de
los pendientes con los que arrancará la siguiente legislatura, que será la
primera en la historia en tener equidad de género.
Presupuesto de Egresos
de la Federación para el 2019 y la Ley de Ingresos.
Una de las más
importantes: con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la
iniciativa de Ley de Ingresos, se definen buena parte de las prioridades que
tendrá el gobierno entrante.
Andrés Manuel López
Obrador deberá enviar a la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de
diciembre, el proyecto de Presupuesto de Egresos y la iniciativa de Ley de
Ingresos, los cuales distribuirán los recursos públicos durante el 2019.
Con el proyecto del PEF se
aprueban: gastos corrientes del gobierno (como subsidios o salarios), recursos
para programas presupuestarios (entre los que están los programas sociales),
pensiones y la estructura programática del gobierno en general, entre otras.
López Obrador dijo que
el proyecto de presupuesto para 2019 incluirá el recorte de sueldo a altos
funcionarios, incluido el presidente, un aumento en la pensión para adultos
mayores, y becas a jóvenes.
Nombramiento del Fiscal
general y aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación.
Mientras no se haya aprobado la Ley Orgánica de la Fiscalía
General de la Nación, López Obrador tiene aún la facultad de designar al
Procurador General de la República, nombramiento que deberá ser ratificado por
el Senado.
Si bien ya está la reforma constitucional para hacer de la
Fiscalía una institución autónoma, hacen falta ajustes para garantizar esa
autonomía entre ellos reformar el artículo 102 para dotar de autonomía a la
institución.
Agrupaciones de la sociedad civil, empresarios y académicos
para una “Fiscalía que Sirva” exigen que para el nombramiento de Fiscal General
haya un comité ciudadano de expertos que sean los que integren la lista de los
candidatos para ocupar ese cargo, y después del nombramiento, un comité que
acompañe al Fiscal en la conducción de la Fiscalía.
Sin embargo, López
Obrador, descartó la posibilidad de reformar el artículo, pues dijo que aunque
respeta el punto de vista de las organizaciones, él cumplirá con el
procedimiento vigente para la creación de la misma. Aseguró que quienes la
conformen serán personas intachables.
Fiscal anticorrupción y
los 18 magistrados.
Aunque hace un año
arrancó el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aún no hay
un Fiscal que lo dirija ni magistrados que sancionen a las personas que
participen en actos de corrupción.
Si bien será el Fiscal General quien designe al Fiscal
Anticorrupción; esta vez será el Senado de la República quien lo seleccione,
pues aún no ha sido nombrado el Fiscal General.
Además del Fiscal Anticorrupción, para echar a andar el SNA
se requiere de 18 Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
quienes tienen la facultad de sancionar a los servidores públicos.
Reforma constitucional
para eliminar el fuero.
La eliminación del
fuero fue un tema que López Obrador propuso desde el 2016.
En abril de este año, los grupos parlamentarios del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista (PVEM) y Nueva
Alianza (Panal) en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de reforma
que proponía eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos,
incluyendo al Presidente de la República, quien ya podría ser sujeto a juicio
político.
De manera exprés y por unanimidad, el Pleno de la Cámara de
Diputados aprobó estas reformas; sin
embargo, el Senado detuvo la propuesta con el objetivo de corregir y revisar
las deficiencias de lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Las comisiones unidas de Justicia, Puntos Constitucionales,
Reforma del Estado y Estudios Legislativos del Senado acordaron crear un grupo
técnico que inspeccionara y resolviera las deficiencias de la reforma.
Actualmente la
iniciativa se encuentra archivada en el Senado. Iaksan Samano, experto en derecho
parlamentario considera que la aprobación de esta ley para la legislatura es
poco viable por los tiempos legislativos del país y resalta que, al ser una
reforma constitucional requerirá la ratificación de la mayoría de los 32
congresos locales del país, es decir de al menos 17 legislaturas estatales.
De acuerdo a los
resultados de las elecciones, de 26 congresos locales que se renovaron en las
pasadas elecciones, Morena tendrá mayoría en 19.
Para aprobar una
reforma constitucional, se requiere la aprobación de 17 congresos estatales.
Ley General de Aguas.
La Ley General de Aguas
lleva cinco años de retraso: la reforma del artículo 4 de la Constitución, que
reconoció el derecho a la disposición y saneamiento del agua para consumo
personal y doméstico, y a la vez el derecho a un medio ambiente sano estableció
que debía emitirse a más tardar en febrero del 2013.
La única iniciativa para la Ley General de Aguas fue
presentada el 26 de febrero del 2015 por Kamel Athie Flores, Gerardo Gaudiano
Rovirosa, Sergio Augusto Chan Lugo, José Antonio Rojo García de Alba, entonces
diputados del PRI, PAN y PRD, pero el
Senado la desechó en agosto del mismo año.
El presidente Enrique
Peña Nieto firmó el pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente el presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua,
mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la
Federación.
Los 10 decretos
eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país, (que equivalen
al 55% de lagos y ríos del país). Este cambio significa que no habrá
impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas.
López Obrador dijo que
al llegar al poder eliminará – con otro decreto – los firmados por Peña.
Las iniciativas que
AMLO enviará al Congreso.
López Obrador anunció
entre su lista de prioridades elaborar Ley reglamentaria sobre salarios
máximos, lo que implica un cambio al artículo 127 constitucional, que señala
que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, una iniciativa que
Pablo Gómez promovió como senador y se detuvo en la Cámara de Diputados.
Para este cambio se
requiere solo mayoría simple en el Congreso por lo que Morena puede sacarla
adelante.
El próximo gobierno
también busca echar atrás las leyes de la Reforma Educativa aprobada en el
gobierno saliente, además de establecer el derecho a educación pública y
gratuita en todos los niveles escolares.
Los cambios podrían
darse en las leyes secundarias, para las que solo requiere mayoría simple, o en
la Constitución, que implicaría una mayoría calificada y la aprobación de 17
congresos locales.
También enviará una
iniciativa para la Secretaría de Seguridad Pública, que en su momento
encabezará, según ha propuesto, el por ahora senador electo Alfonso Durazo. Así
como reformar la ley correspondiente para que el Estado Mayor Presidencial se
incorpore a la Secretaría de la Defensa.
También establecer el
mecanismo para la revocación de mandato, “y quitar trabas o candados para la
aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener
carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia
participativa”, según señaló.
Además de estas reformas, quedará en manos del gobierno entrante la investigación y sanción de
los casos de Ayotzinapa, Odebrecht, los casos de vigilancia ilegal contra
periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, Nochixtlán, Tanhuato,
y los más de 50 periodistas asesinados en los últimos cinco años, entre otros
casos graves que siguen impunes.
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