El 18 de febrero de 1913, un grupo de soldados que cumplía
órdenes del General Victoriano Huerta, irrumpió en el despacho presidencial en
El Palacio Nacional. Llamó a Francisco I. Madero, para que se enterara de una
supuesta insurrección. Pero era una trampa. Lo querían matar. “¡Al Presidente
de la República no se le toca!” – gritó Gustavo Garmendia mientras desenfundó
la pistola y aniquiló al comandante Teodoro Jiménez Riveroll, jefe de los
golpistas.
El episodio justificó durante más de un siglo las funciones
del Estado Mayor Presidencial (EMP) que, una vez que asuma Andrés Manuel López
Obrador como Jefe del Ejecutivo, será disuelto y ya no estará a cargo de su
seguridad. Es uno de los anuncios más controvertidos del virtual Presidente
mexicano bajo la idea de que no habrá “seguridad especial” y “el pueblo” será
quien lo cuide.
En el pasado inmediato,
en los Gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto
(2012-2018), la seguridad del Ejecutivo federal no sólo la brindó el EMP. Los
dos presidentes contrataron además al Servicio de Protección Federal, un órgano
integrado en 2009 por fuerzas federales, que proporciona protección, custodia,
vigilancia, así como seguridad de personas, bienes e instalaciones a las
dependencias gubernamentales que así lo soliciten.
Para cuidar las
instalaciones en las que se movían, entre los dos presidentes se gastaron en
ese servicio 132 millones 819 mil 440 pesos, de acuerdo con la identificación
de los contratos respectivos en Compranet y el Portal de Obligaciones y
Transparencia (POT).
El EMP es un cuerpo de
fuerzas armadas con la misión fundamental de proteger al Jefe del Ejecutivo, a
su familia, a Secretarios de Estado y a otras personas. Opera con más de dos
mil militares, nueve aviones y ocho helicópteros a su disposición, proporciona
también seguridad y apoyo logístico a dignatarios extranjeros durante sus
visitas a México. También tiene la misión de coordinar la seguridad y la
logística integral de las reuniones internacionales de jefes de Estado y de
Gobierno, así como las de nivel ministerial organizadas por el Gobierno
Federal.
Con la encomienda de cuidar al presidente, la seguridad
nacional ha sido el argumento de este órgano adscrito a la Presidencia de la
República para reservar información. Este sexenio, el EMP puso bajo reserva el
número de elementos de seguridad con los que cuenta el presidente Enrique Peña
Nieto, el número de escoltas y la dirección de donde salió hacia la Cámara de
Diputados para tomar protesta el 1 de diciembre de 2012.
Pese a su existencia,
en 2009, Felipe Calderón Hinojosa creó por decreto un nuevo órgano para
resguardar tanto a personas, como los bienes de la Presidencia, con la
justificación de prevenir delitos del orden federal, así como preservar la
libertad, el orden y la paz públicos. Aun cuando quedó estipulado que las
entidades gubernamentales pagaran una contraprestación, de acuerdo con tarifas
autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ese año, la guerra en contra de los cárteles del crimen
organizado, iniciada en diciembre de 2006, recrudeció en todo el país. Los
homicidios bajo violencia se habían duplicado con respecto a 2007 (una tasa de
16.4 por cada 100 mil habitantes). El 17 de diciembre, Arturo Beltrán Leyva,
jefe del llamado Cártel de Sinaloa, fue abatido por elementos de la Secretaría
de Marina, frente a las cámaras de televisión en Cuernavaca, Morelos.
Los bienes de la
Presidencia, bajo resguardo de ese servicio, son 16 inmuebles cuyo valor es de
nueve MIL 91 millones, entre los cuales están El Palacio Nacional y la
residencia oficial de Los Pinos, de acuerdo con un reporte del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), incluido en la cuenta
pública de 2014, en la Auditoría Superior de la Federación.
El Palacio Nacional,
donde despachará el nuevo Presidente de la República, según datos del Indaabin,
asciende a 3 mil 221 millones 179 mil 900 pesos. Entre los bienes también se
encuentran el Hangar Presidencial, el Campo Marte, oficinas administrativas,
así como unidades deportivas y de hospitalización del Estado Mayor
Presidencial.
El listado del Indaabin
es este: el edificio de Constituyentes 161 en el que se encuentran las oficinas
de la Consejería Jurídica de la Presidencia, las direcciones de asesores,
imagen y giras; el almacén de la Presidencia en Constituyentes 750; el edificio
de Guatemala 84 en el Centro Histórico; la Residencia Manuel Ávila Camacho en
Bosque de la Antequera 60 en residencial La Herradura; una residencia en la
calle de Agua 136, en el Predregal de San Ángel; el Centro Hospitalario del
EMP, un edificio de oficinas del EMP y el Centro Hípico en Constituyentes; una
casa habitación en la calle Renacimiento, el inmueble conocido como El
Triángulo en calzada Chivatito y el Campo Marte.
El Presidente Enrique
Peña Nieto gastó en ese servicio extra a la seguridad del EMP, 94 millones 7
mil 540 pesos en cinco contratos y dos ampliaciones de ellos que aseguraron la
cobertura desde el primer día de su mandato, el 1 de diciembre de 2012, hasta
el último, el 1 de diciembre de 2018, cuando le entregue la banda presidencial
a Andrés Manuel López Obrador, triunfador con el partido Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena).
El convenio más caro
que signó la Presidencia de la República mientras gobernaba Enrique Peña Nieto
fue el que cubrió 2016. Ese año, marcado como el más violento de su Gobierno
por esas 20 mil 789 muertes dolosas que reportó el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), gastó 20
millones 500 mil pesos. El contrato menor que signó fue el que cubrió de marzo
de 2013 a diciembre del mismo año y fue por 15 millones de pesos.
En cuanto a Felipe
Calderón, quien por decreto creó el servicio, gastó en él 38 millones 811 mil
900 pesos. Quedó cubierto desde 2009 a 2012. El primer contrato fue de cuatro
millones 388 mil 400 pesos y estuvo vigente del primero de agosto a octubre de
2009. Hubo otros dos para cubrir 2011 y 2012, los últimos años que vivió en la
residencia oficial de Los Pinos. Uno fue por 17 millones 410 mil 500 pesos y el
otro por 17 millones 13 mil pesos.
Mientras se gastaba en
seguridad, en los Gobiernos de Calderón y Peña Nieto ocurrieron más de 234 mil
996 homicidios dolosos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
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