El plan de medios que viene…

En el casi interminable listado de pendientes que constituyen la agenda para el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tema mediático parece haber aterrizado ya una serie de directrices: reducción del gasto publicitario y concentración de las oficinas de prensa en la Presidencia. Pero no son las únicas. Ni las más controversiales.

A lo largo de los últimos meses, tanto en tiempo de campañas como luego de la elección del 1 de julio, el candidato ganador e integrantes de su equipo más cercano han tendido puentes de diálogo con organizaciones nacionales y extranjeras de periodistas, empresarios mediáticos, comunicadores de influencia y especialistas, para elaborar las nociones básicas del trato gobierno medios que podría prevalecer en la próxima administración.

La idea más aterrizada es la austeridad, explica Jesús Ramírez Cuevas, quien fungió como uno de los voceros de la coalición Juntos Haremos Historia y podría integrarse a algún área medular de la vocería presidencial, según los corrillos internos en la casa de transición del candidato ganador.

Dice que hay otros planteamientos que forman parte de esas discusiones, como el fomento de la pluralidad mediática, la transparencia y equidad en el reparto publicitario y un elemento potencialmente controversial: la fiscalización ciudadana de los recursos públicos que son entregados a los medios.

Pero en los hechos, dice, lo que se plantea es una renovación medular de los usos y costumbres de la relación prensa-gobierno.

No es un asunto menor. La directora de la organización Artículo 19, Ana Cristina Ruelas, es precisa en su diagnóstico: “la relación entre medios y poder (en México) es muy perversa, porque existe una dependencia casi total de la mayoría de los medios, a nivel federal y aún más a nivel local, del dinero público”.

Ese panorama obliga a tomar en cuenta qué es lo que se va a hacer para que, gradualmente, sin afectar la pluralidad y el impacto hacia los medios, se pueda lograr una disminución del gasto.

Para el senador electo por Morena, Martí Batres Guadarrama, se ha dado un paso importante con el planteamiento de racionalización de los recursos publicitarios, por lo que el siguiente paso, que le corresponderá al Legislativo, debe ser el establecer los criterios claros para su otorgamiento.

Hasta ahora, parece haber disposición del próximo gobierno. Al menos en el discurso. Durante una reunión que la coordinadora de la campaña lopezobradorista, Tatiana Clouthier, sostuvo con representantes de organismos internacionales de apoyo a periodistas y con corresponsales extranjeros, dijo con claridad “presenten sus propuestas y las atendemos”, cuando se le preguntó sobre las directrices a impulsar en la materia.

Del mismo modo respondió la ex ministra Olga Sánchez Cordero, propuesta de López Obrador para la próxima Secretaría de Gobernación, en otra reunión similar. Incluso, la jurista comentó que la disposición era cumplir con los estándares internacionales en materia de publicidad y relación con los medios.

Y esos estándares internacionales establecen pautas que están, en algún caso, muy distantes de lo que el propio López Obrador ya ha esbozado.

Dice Ana Cristina Ruelas al respecto: si bien el gasto en materia de publicidad gubernamental es exacerbado, el problema no solo tiene que ver con el gasto indiscriminado y multimillonario que se ejerce, sino con la opacidad discrecionalidad con que se asigna.

México, un país de élites periodísticas.

Si México, según López Obrador, es el país donde una pequeña élite controla los recursos y los beneficios en perjuicio de una mayoría empobrecida, el sistema mediático nacional es entonces un reflejo nítido de esa realidad.

En el Informe que presentan apenas en junio pasado los Relatores Especiales sobre Libertad de Expresión de la ONU, David Kaye, y de la CIDH, Edison Lanza, consideran que México sigue estando entre los países con el más alto nivel de concentración de medios, radiodifusión, prensa gráfica y medios digitales.

Y alertan sobre la llamada Ley Chayote, esa legislación denominada Ley de Comunicación Social, elaborada a partir del mandato de la Suprema Corte de Justicia para legislar en la materia.

“Preocupa a los relatores especiales que la nueva legislación no cumpla con los principios básicos ni con las recomendaciones de organismos internacionales o expertos en derechos humanos.

“La ley no establece normas claras sobre sus objetivos, criterios y procedimientos de asignación y mecanismos de supervisión, dejando un amplio margen de discreción y abuso de las autoridades”, escriben.

La organización que dirige Ana Cristina Ruelas publica en marzo pasado el diagnóstico “Democracia Simulada: nada qué aplaudir”, en el cual se revela un dato demoledor: una veintena de medios de comunicación concentra prácticamente el 56 por ciento de la publicidad otorgada por el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El restante 44 por ciento se reparte entre tres mil 108 medios de todo el país. Tres mil ciento ocho medios pequeños, medianos y de toda índole.

Los beneficiados con el reparto jugoso son Televisa, Estudios Azteca, la agencia publicitaria Starcom World Wide, Estudios Churubusco Azteca, Grupo Radio Fórmula, El Universal, Excélsior, la Organización Editorial Mexicana (propietaria de “los soles”), Núcleo Radio Mil, Grupo Imagen, Grupo Radio Centro, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México, Radiorama, la representante de medios impresos Medios Masivos Mexicanos, Milenio Diario, la empresa publicitaria Rack Star, Canal 40 y La Jornada.

Estos medios y agencias recibieron, en conjunto, un monto de 22 mil 719 millones 889 mil pesos del gobierno, en cinco años.

Pero, además, dentro de ese micro-universo de la élite mediática mexicana existe un grupo selecto de comunicadores, que percibe ingresos millonarios adicionales por concepto de publicidad, que se otorga a través de sus páginas web personales.

En un análisis elaborado en 2015, en colaboración con Alejandro Cárdenas y Patricia Maldonado, Doctores en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, se detecta una correspondencia directa y evidente entre el otorgamiento de recursos millonarios a periodistas y la supeditación de la línea editorial al dictado del gobierno.

¿El fin de la prensa vendida?

El diagnóstico del equipo de López Obrador, al menos en las condiciones generales del sistema mediático mexicano, considera este panorama.

Según dos distintas personalidades cercanas a López Obrador, en las reuniones y conversaciones públicas y privadas que ha sostenido con más de una veintena de directivos de medios, el tabasqueño ha garantizado que el recorte presupuestario se hará bajo criterios equitativos y de pluralidad.

Esas parecen ser las nociones más sólidas. Martí Batres, quien se ha reunido con distintos colectivos de periodistas para analizar el asunto, comenta que del diagnóstico del panorama mediático surgen las propuestas.

“Tiene que ver con la idea de ahorrar recursos, porque buena parte de la publicidad oficial está destinada no a difundir lo que hace el gobierno, sino a difundir la imagen del gobernante”, dijo Batres, quien se comprometió a legislar una ley de medios con una fisonomía más acorde con criterios de transparencia y equidad.

“Se puede hacer a partir de una buena ley de medios o una buena ley de comunicación social, que regule, de una manera democrática, la asignación de publicidad oficial bajo tres ejes: austeridad, transparencia, racionalidad y equidad”, dice.

En conversación telefónica, Jesús Ramírez Cuevas dice que hay un equipo de trabajo que realiza el diagnóstico sobre la discrecionalidad del pago publicitario gubernamental a medios y a periodistas en particular y que la lógica es la austeridad.

¿Ese análisis considera la diversidad del panorama nacional… las élites que acaparan los recursos publicitarios y las condiciones paupérrimas en las que trabaja una gran mayoría de medios regionales?

“Sí, lo primero que se va a acabar es la discrecionalidad del manejo de los recursos. El otro principio es la consideración de incluir no solo a los grandes medios, sino a los medios comunitarios y regionales, que entrarán también dentro de esta relación. Se va a atender a todos los medios, estamos hablando de prensa, radio, televisión, medios digitales, incluidos los comunitarios y sociales”, dice.

A partir del anuncio de los 50 puntos del arranque del gobierno, en el gremio periodístico se ha desatado una especie de incertidumbre. Diversos medios han comenzado la reestructuración de sus equipos, con despidos en las plantillas de trabajo incluidos, con miras a la austeridad anunciada por López Obrador y su equipo.

Según Jesús Ramírez, en el próximo gobierno apenas existen criterios muy generales respecto de cómo se llevará a cabo la nueva asignación de recursos.

“Los criterios genéricos son alcance, audiencia, raiting, importancia regional y el público al que se dirigen… puede ser que hay un medio regional que, aparentemente, a nivel nacional no tenga un peso grande, pero a nivel regional sea un medio importante… ese tipo de criterios… se va a romper el centralismo, se va a romper la idea de que sólo algunos medios electrónicos o medios llamados nacionales se benefician de la publicidad gubernamental”.

El énfasis, en todo caso, será eliminar la discrecionalidad. Hacer todo transparente y público, e introducir un mecanismo de fiscalización.

“Vamos por la transparencia completa del uso de los recursos públicos. Entonces, quien sea beneficiario, por la razón que sea, de recursos públicos, tiene que rendir cuentas. Ese va a ser un principio”.

– Eso va a generar un cisma…

– Pues yo espero que no… ¿por qué va a ser un cisma? es un derecho ciudadano conocer a dónde y en qué se aplican los recursos públicos.

– ¿Tú ves a Televisa, a Excélsior, a Imagen rindiendo cuentas del dinero que, por publicidad, les ingresa…

– Vamos a un cambio, de una cultura política distinta, y a un nuevo régimen político y democrático… yo creo que eso vamos a convertirlo en normalidad- dice.

El colectivo Medios Libres, que congrega a organizaciones y periodistas interesados en impulsar una agenda de transparencia en publicidad oficial, pidió al próximo gobierno la abrogación de la “Ley Chayote”, porque legaliza las malas prácticas de uso político y discrecional de la publicidad oficial, constituye una censura mediática indirecta y coarta la libertad de expresión.

Junto con Fundar, un prestigiado organismo civil interesado en el tema elabora ya una nueva propuesta de Ley de Comunicación Social que incorpore criterios claros, transparentes y objetivos para la asignación de recursos públicos, garantice la pluralidad y evite concentrar el gasto público publicitario en una sola instancia gubernamental.

Según ha trascendido, también diversos empresarios mediáticos están discutiendo en privado las medidas, incluidos los integrantes de la CIRT, quienes emitirán un posicionamiento en los próximos días.

En el casi interminable listado de pendientes que constituyen la agenda para el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el tema mediático parece haber entrado en una fase de discusiones intensas.