Andrés
Manuel López Obrador, anunció la
convocatoria a una consulta pública a realizarse en la última semana de octubre
de este año para decidir sobre las dos opciones existentes del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM): mantener el proyecto de la nueva terminal aérea
en Texcoco o construir una nueva terminal en la pista área de Santa Lucía.
En
conferencia de prensa, acompañado del ingeniero Javier Jiménez Espriú, futuro
secretario de Comunicaciones y Transportes, y de su jefe de gabinete, Alfonso
Romo, el tabasqueño admitió que se trata
de “una decisión difícil”, que es un “asunto que heredamos, pero tenemos que
enfrentar” y que -citando al Quijote de la Mancha- “para enderezar el entuerto”
se convocará a un periodo de debate en los medios de comunicación y después a
una consulta.
López
Obrador sentenció que “no vamos nosotros
a inclinar la balanza a favor de una u otra opción”. Aclaró que no se elimina
la opción de dar el NAIM de Texcoco en concesión si ganara esta posibilidad. No
obstante, también afirmó: “no aceptamos una camisa de fuerza” y “no estaremos
sometidos a intereses creados”.
En la conferencia,
Jiménez Espriú leyó un resumen de tres cuartillas sobre las dos opciones
existentes, con pros y contras, tanto presupuestales, como de viabilidad
técnica y de impacto ambiental.
En el caso de continuar con la
construcción del NAIM en Texcoco, dijo que el dictamen señala a favor los
siguientes elementos: “cercanía a la Ciudad de México; crearía un gran centro
de operaciones y de conexión internacional (HUB); existe financiamiento para el
75% de la inversión y posibilidades de financiar el resto con los ingresos de
los aeropuertos actual y futuro; mayor capacidad a largo plazo; y existe
proyecto y hay un avance global de la obra de 31%”.
Sin embargo,
cuenta con varios inconvenientes como
“un mayor costo de la construcción, el cual se ha incrementado de 168 mil
millones de pesos en el año de 2014 a 300 mil millones de pesos actualmente;
altos costos de mantenimiento, aún por determinar; y un retraso de al menos
cuatro años en su construcción, así como mayor riesgo en el inicio de
operaciones”.
El proyecto
de Texcoco también implicaría el cierre del actual aeropuerto internacional
Benito Juárez y de la base aérea militar de Santa Lucía, “por razones de índole
aeronáutica”; un incremento en las tarifas aeroportuarias y “su repercusión en
el precio del pasaje”.
En cuestiones hidrológicas, el NAIM
en Texcoco implicará transformar el Lago Nabor Carrillo en una “laguna de
regulación de inundaciones por el riesgo aviar y otros impactos ambientales
negativos”.
Santa Lucía.
La segunda opción, la del NAIM en la
base aérea militar de Santa Lucía, tiene como ventajas que permitirá conservar,
tanto el actual aeropuerto como fortalecer el Sistema Aeroportuario del Valle
de México “contar don dos aeropuertos, en lugar de uno sólo, daría mayor
protección a la Ciudad de México en caso de siniestros como terremotos,
tormentas y actividad volcánica”.
Además, habrá un menor tiempo para el inicio de su
operación, mejores condiciones del suelo, menores costos de construcción, ya
que se estima en 70 mil millones de pesos, mucho menos que los 300 mil millones
que costaría el proyecto de Texcoco.
Sin embargo,
entre los desafíos de esta segunda
opción, la organización de investigación aeronáutica MITRE, creada en el
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y contratada por la actual
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó que “la operación simultánea
de los dos aeropuertos de Benito Juárez y de Santa Lucía, no es viable”.
Ante este dictamen, “nuestros
técnicos y un grupo de técnicos chilenos que han colaborado con nosotros y
consideran por el contrario que sí es viable, mencionan la necesidad imperiosa
de un estudio a profundidad realizado por otra agencia internacional de
prestigio”, leyó
Jiménez Espriú.
El ingeniero detalló que pueden ser
agencias europeas o de otro tipo que intervengan. Un estudio de estas
características tardaría cinco meses con un costo estimado entre 150 y 200
millones de pesos.
Tener
operaciones separadas entre ambos aeropuertos, “genera un incremento de costos
de operaciones para las aerolíneas, así como posibles incomodidades para los
pasajeros”.
Cancelar el proyecto del NAIM en
Texcoco, afirmó Jiménez Espriú, puede tener un costo de alrededor de 100 mil
millones de pesos, 60 mil millones de pesos por las obras realizadas y 40 mil
millones de pesos por “gastos no recuperables de contratos firmados”.
Esto implicaría también
“negociaciones con acreedores y contratistas y costos que tendrían un impacto
considerable en el presupuesto de 2019”.
El proceso de consulta o encuesta.
Después de conocer este resumen del
dictamen sobre las dos opciones, el presidente electo López Obrador informó
que, a partir de la semana próxima, “el equipo que participó informará con
mayor detalle sobre las dos opciones, en los medios de comunicación”.
Según dijo, se pretende tener la opinión de los
ingenieros y de los organismos civiles y empresariales “a más tardar el 5 de
septiembre” y para el 8 de septiembre “se darán a conocer todos los dictámenes
recibidos y se presentarán las bases para la celebración de los foros de
discusión en radio, televisión, periódicos y redes sociales, con la
participación de quienes estén a favor o en contra de cualquiera de las
opciones”.
En este
sentido, López Obrador indicó que
hablaría con concesionarios y directivos de medios de comunicación para que
abran los espacios para las distintas posiciones.
Una vez
informado, añadió que “en la última
semana del mes de octubre se realizará una consulta o encuesta nacional para
recoger la opinión de los ciudadanos en general. El resultado tendrá carácter
vinculatorio y, en base a ello, se tomará la decisión definitiva”, concluyó el
documento que fue firmado por López Obrador, Jiménez Espriú, Alfonso Romo
Garza, Carlos Manuel Urzúa, futuro titular de la Secretaría de Hacienda, el
empresario José María Rioboo Martín y el ingeniero agrónomo Sergio Rubén
Samaniego Huerta.
Los periodistas preguntaron varias
veces a López Obrador cómo sería la mecánica de la encuesta. El presidente
electo aclaró que su alcance será nacional, que no la realizará el Instituto
Nacional Electoral (INE) y que este ejercicio “corresponde a la democracia
participativa”.
Además, indicó que el documento se le presentará
también al presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, para que se incorpore a
la consulta.
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