La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) presentó
28 nuevas denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR)
por malos manejos de recursos públicos federales en diversas entidades y
municipios. Una de las denuncias es por el presunto desvío de más de 200
millones de pesos en la gestión del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés
Elías.
Se trata de la quinta denuncia que
promueve la ASF ante la Procuraduría por presuntos fraudes al erario federal en
la gestión de Padrés en Sonora. Hasta ahora ninguno
de los casos abiertos ha sido resuelto ni hay funcionarios consignados.
Esta nueva denuncia penal, presentada
a finales de julio, corresponde a una auditoría financiera y de desempeño
relacionada con el manejo del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas en el estado de Sonora en 2013. Se trata de recursos
que generalmente se utilizan para poner en marcha diversas obras de
infraestructura.
Lo que los auditores detectaron es que más del 30
por ciento del referido fondo, unos 202 millones de pesos, no fue aplicado para
las obras o acciones que estaban contempladas sino por el contrario, se
transfirió a otras cuentas bancarias del gobierno estatal sin que fuera
reintegrado.
Pero no es
todo. Se descubrió que otros 700 mil
pesos fueron invertidos sin justificación en cinco obras auditadas, y se
reportó la ausencia de casi 6.5 millones de pesos relacionados con multas que
debieron aplicarse por retrasos en doce obras. Además, hubo malos manejos por
17 millones de pesos en ocho obras más.
Incluso los auditores detectaron pagos de más de
900 mil pesos por conceptos sin ejecutar en seis obras. A ello se suman falta
de bitácoras en varias de las construcciones, errores en retenciones o llenado
de documentos y facturas, y una total falta de evaluación del uso de los
recursos y su aplicación con fines estratégicos.
“En
conclusión, el Gobierno del estado de
Sonora no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del
fondo, conforme a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus
objetivos y metas”, señaló el informe de resultados de la auditoría
13-A-26000-02-1147, que dio pie a la denuncia penal presentada por PGR.
Casos
Jalisco y Colima.
En este
nuevo paquete de denuncias penales de la ASF, presentadas el pasado 20 de julio
ante PGR, hay cuatro casos más
relacionados con irregularidades en las administraciones estatales de Jalisco y
Colima.
Los casos más grandes en cuanto a
monto corresponden al estado de Colima, en donde los auditores reportaron malos
manejos que habrían generado un fraude a Hacienda por un monto superior a los
500 millones de pesos en los años 2012 y 2013. Los hechos corresponden a la
administración del exgobernador priista Mario Anguiano Moreno.
Los
auditores detectaron, por ejemplo, que
43 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y
Normal fueron utilizados indebidamente para el pago de trabajadores
sindicalizados sin que el dinero haya sido repuesto o regresado; o que se
usaron otros 166 millones de pesos para financiar supuestas prestaciones a
trabajadores que nunca fueron autorizadas.
Incluso el gobierno estatal dijo que tomó 90
millones para el pago de pasivos de nómina y otros 87 millones de pesos para el
pago de retenciones a terceros, hecho que además de ser ilegal no se comprobó
fehacientemente.
La
administración de Anguiano también
transfirió más de 25 millones de pesos que recibió, en 2012, del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas a otras
cuentas bancarias distintas sin que se acreditara ni su destino ni su aplicación.
El dinero no fue regresado.
La ASF concluyó que el estado de Colima carecía –
al menos hasta ese momento – de controles suficientes para el manejo de los
recursos, y en muchas ocasiones de la falta total de indicadores para verificar
el efecto que tienen las inversiones que se realizan sobre todo relacionados
con fondos educativos.
En el caso
de Jalisco, la ASF presentó dos
denuncias penales en PGR, ambas relacionadas con presuntos fraudes cometidos
con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal en
2012. Este año correspondió a la administración del exgobernador panista Emilio
González Márquez.
Los informes
de resultados que dieron paso a las denuncias mostraron, por ejemplo, que Jalisco reportó el pago de casi 2 millones
y medio de pesos para nóminas de 15 escuelas que en realidad estaban
clausuradas y otras seis no autorizadas; el dinero no se ha regresado. Además,
se destinaron más de 20 millones de pesos para maestros que no estaban ejerciendo,
sino que estaban comisionados al sindicato y por tanto, no debieron recibir
estos recursos.
Incluso los auditores encontraron que se reportó el
pago de 709 mil pesos a seis trabajadores que nunca fueron localizados por los
auditores en las visitas domiciliarias. A esto se suman múltiples pagos más que
era improcedentes.
Vuelven
denuncias, sigue impunidad.
Este paquete
de 28 denuncias que la ASF presentó a finales de julio son las primeras que
impulsa dicha institución bajo la administración del nuevo auditor general
David Colmenares. Durante los cuatro
meses previos dicha institución no presentó denuncias penales sin que se
conozcan las causas de ello.
El resto de
las denuncias presentadas por la Auditoría – además de las ya descritas – corresponden a irregularidades detectadas
en diversos municipios ubicados en Chiapas, Veracruz, Puebla, Jalisco,
Guanajuato, Nayarit, estado de México, Guerrero, Querétaro, Michoacán, Hidalgo,
Campeche y Oaxaca.
Con estos
nuevos casos, la ASF reporta
oficialmente 958 casos promovidos ante el Ministerio Público Federal desde el
año 2000 a la fecha. Las denuncias son en contra de dependencias federales y
gobiernos estatales y municipales.
El común denominador en estos casos
es la impunidad.
Animal
Político publicó el pasado 9 de julio
que la PGR no ha conseguido cerrar con una sentencia condenatoria ni una sola
de las averiguaciones previas y carpetas de investigación que ha iniciado por
denuncias de la Auditoría.
No solo eso.
Hasta ahora no hay un solo funcionario o
exfuncionario detenido por estos casos y de hecho, apenas hay 12 casos que ha
consignado ante un juez sin detenido. Esto equivale a una eficacia apenas
superior al uno por ciento si comparamos los casos consignados respecto a las
denuncias que la ASF reporta que ha presentado.
Entre los casos que la ASF ha
denunciado ante la PGR en estos años se encuentran los malos manejos por más de
60 mil millones de pesos en la administración del exgobernador Javier Duarte en
Veracruz; los convenios irregulares firmados entre dependencias federales y
universidades bajo la modalidad de “La Estafa Maestra”; los sobrecostos en la
construcción de la Estela de Luz; los presuntos desvíos en recursos destinados
al apoyo al campo; entre otros.
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