El abogado
Paulo Díez Gargari denunció ser objeto
de una nueva etapa de “la persecución de Estado” desatada en su contra, con
motivo de la “absurda denuncia penal” presentada contra él por OHL, en
represalia por las denuncias que ha hecho contra esa empresa.
Así lo expresa en la “primera parte”
de su defensa contra los hechos que le imputa OHL, entregada a representantes
de los medios de comunicación, la mañana de este martes 7 de agosto.
En un
documento dirigido a Sandra Paola de la Cruz Recio, agente del Ministerio
Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y
Financieros de la Procuraduría General de la República (PGR), Díez Gargari
señala:
“Como denunciante de irregularidades
debí recibir el reconocimiento, el apoyo y la protección del Estado mexicano,
pero éste, por el contrario, inició una auténtica persecución de Estado en mi
contra, como represalia por mi actividad como asesor jurídico de mi cliente
Tecnología Aplicada Infraiber, S.A. de C.V. y por mi actividad como denunciante
de la corrupción público-privada en las carreteras concesionadas a OHL “.
En el
documento, Díez Gargari recuerda que la
manifestación más visible y vergonzosa de esa persecución fue la “siembra” de
un arma de fuego en su automóvil por agentes del propio Estado mexicano y su
detención ilegal, el 7 de septiembre de 2015.
Ese episodio fue objeto, en diciembre
de 2016, de una opinión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la
Detención Arbitraria y de una recomendación, en marzo del año siguiente, de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El abogado agrega que la denuncia de
OHL, la carpeta de investigación y “la actuación de la Procuraduría General de
la República, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Procuraduría
Fiscal de la Federación y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en dicha
carpeta forman parte de esa persecución de Estado “.
Añade Díez
Gargari:
“Esta actuación irregular es
violatoria de las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los tratados
internacionales en materia de derechos humanos de los que México es parte, así
como de las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en la Convención
Anticorrupción, y es causa (una más) de responsabilidad internacional del
Estado mexicano.
“De conformidad con lo establecido en
la Convención Anticorrupción, la libertad de buscar recibir, publicar y
difundir la información relativa a la corrupción es una de las manifestaciones
específicas del derecho a la libertad de opinión y expresión. Y en términos de
lo previsto en el artículo 33 de esa Convención, los denunciantes de
irregularidades (como yo) deben ser protegidos (no perseguidos) por el Estado”.
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