La
Procuraduría General de República (PGR) tiene
un plazo de 15 días, a partir de este miércoles, para presentar por escrito la
acusación y datos de prueba en contra del exgobernador de Veracruz, Javier
Duarte, para llevarlo a juicio por los delitos de lavado de dinero y
delincuencia organizada.
De acuerdo
con el código nacional de procedimientos penales, los fiscales de la PGR encargados del caso tendrán los próximos 15 días
para presentar “primero la acusación por escrito y tras esto habría una
audiencia oral para debatirla”, detallaron los abogados del exgobernador a
Animal Político.
La audiencia oral se llevaría a cabo
en un plazo de 30 a 40 días naturales luego de que la PGR presente la
acusación.
Esta audiencia, denominada
intermedia, debería estar a cargo del mismo juez federal que ha llevado el
proceso en su fase inicial. No obstante, en el caso de Duarte, el juez
responsable Gerardo Moreno fue removido en mayo pasado por el Consejo de la
Judicatura, por lo que aún se desconoce que juez seguirá con el procedimiento.
En el caso de que los fiscales
responsables no presenten las pruebas en el periodo de los 15 días, el juez de
control comunicaría la omisión de forma directa al procurador o encargado de
despacho de la PGR, otorgando a éste otro plazo de 15 días para que presente
las pruebas requeridas.
Si la acusación y los datos de prueba
no son presentados en los lapsos referidos, con base en el artículo 325, el
procedimiento judicial, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia
organizada, en contra de Javier Duarte sería cancelado. Aun así, el
exgobernador no dejaría el Reclusorio Preventivo Norte, donde se encuentra
preso de forma preventiva, dado que pesan sobre él otros procesos relacionados
con delitos como desaparición forzada y desvío de recursos.
Si, por el
contrario, la acusación es presentada
por la PGR la Secretaría de Hacienda, dependencia que aparece como “víctima u
ofendido”, sería notificada y se le daría un plazo de tres días para presentar
sus propias pruebas y solicitar cualquier corrección que detecte en el
documento presentado por la PGR.
Por su parte la defensa del
exgobernador tendrá 10 días para presentar las pruebas que respondan a la
acusación.
El pasado 11 de junio la PGR inició
una nueva carpeta de investigación por el presunto desvío y desaparición de más
de mil 700 millones de pesos, transferidos en 2014 al gobierno de Javier Duarte
en Veracruz, y que estaban destinados para acciones de salud, fundamentalmente
a través del Seguro Popular.
Dichos
recursos, según la denuncia interpuesta
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron retenidos o
transferidos a cuentas distintas por la tesorería de la Secretaria de Finanzas
estatal, encabezada en aquél entonces por Tarek Abdalá Saad, hoy diputado federal
del PRI.
Hasta ahora en esta carpeta de
investigación, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en la Investigación
de Delitos Federales de PGR, suman 70 casos por presuntos fraudes relacionados
con el manejo de recursos federales solo en la gestión del exgobernador Javier
Duarte. TODAS ELLAS
PROMOVIDAS POR DENUNCIAS DE LA ASF.
Sin embargo y pese a que algunas de
estas denuncias ya tienen más de tres años, ninguno de los casos ha sido
consignado ante un juez y por ende tampoco se ha esclarecido ni se ha castigado
a los exfuncionarios responsables.
Este lunes,
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) anunció que solicitará al gobierno de
Guatemala autorización para ejecutar una orden de aprehensión en contra del
exgobernador de Veracruz, por su probable responsabilidad en delitos
electorales durante su administración.
Se trata de una orden de arresto que
un juez federal en México concedió desde hace más de un año, pero que no se
pudo ejecutar durante la extradición de Duarte desde Guatemala, en abril de
2017.
La FEPADE explicó a Animal Político que las cláusulas
del tratado de extradición entre Guatemala y México establecen que una persona
solo puede ser extraditada “por hechos que sean delitos entre ambos países”; y
dado que los delitos electorales no están tipificados en el país
centroamericano, no se pudo finiquitar en ese momento el trámite.
Aunado a esta orden de aprehensión
pendiente por delitos electorales existe una segunda orden girada contra Duarte
concedida a principios de junio pasado por un juez de Veracruz por el delito de
desaparición forzada. Según la investigación, el exgobernador ocultó una serie
de desapariciones que cometió la policía estatal durante su administración. Por
este caso ya hay más de una veintena de exfuncionarios duartistas procesados,
incluyendo al exfiscal y exjefe de la policía en aquel gobierno.
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