Ezequiel
Flores Contreras.
El Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) tiene “vetado” al gobierno de Héctor Astudillo Flores por
no comprobar recursos públicos del programa denominado Incorporación de mujeres
indígenas a posgrados para el fortalecimiento regional.
La medida restrictiva fue impuesta
desde febrero pasado por la directora adjunta de Posgrado y Becas del organismo
federal, Gisela Morales González, quien advirtió que, en caso de no entregar
los informes financieros del programa, la administración astudillista “no podrá
participar en próximas convocatorias hasta no finiquitar el apoyo pendiente”, según indica un informe oficial.
Ello, debido a que el director del
Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación Estatal (Cocytieg), Víctor Hugo
González Torres, se ha negado de manera sistemática a comprobar y transparentar
los recursos federales destinados al programa de fortalecimiento académico de
mujeres indígenas que aspiran a realizar estudios de posgrado de 2013 a 2015, indica el documento del Conacyt.
La opacidad financiera del gobierno
de Astudillo afecta directamente a mujeres indígenas que aspiran a una beca
federal para estudiar un posgrado, así como a investigadores que dependen de
recursos públicos para realizar trabajos académicos y de innovación.
El Cocytieg
es un organismo dirigido por González Torres y administrado por Ángel Montaño Salinas, cuyo único mérito es ser
hermano del subsecretario de Egresos del gobierno estatal, Eduardo Montaño.
Ambos carecen de trayectoria académica o de investigación.
Además de los recursos federales que
recibe para otorgar becas a sectores vulnerables, estudiantes, investigadores y
académicos, de los cuales no rinde informes financieros, el Cocytieg es
beneficiado con el dinero que se genera por las multas impuestas por el órgano
electoral estatal a partidos políticos.
De acuerdo
con el artículo 458 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos por la aplicación de
sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del
régimen sancionador electoral serán destinados al organismo estatal encargado
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.
No obstante,
tanto el Instituto Electoral y
Participación Ciudadana (IEPC) como el Cocytieg, manejan de forma discrecional
estos recursos y se niegan a transparentar en sus portales oficiales el monto y
destino de las sanciones impuestas a partidos que deberían ser aplicadas en el
fomento científico, como lo indica la Ley de Transparencia.
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