Señor
director:
El día de
ayer la edición electrónica de su revista publicó un artículo relacionado con
el derrame ocurrido en el Río Sonora en 2014, donde se hace alusión incorrecta
a mi persona.
Sobre el
particular, me dirijo a usted, ejerciendo el derecho de réplica que me otorga
la ley, para aclarar los siguientes aspectos de mi gestión como Presidente del
Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora.
A lo largo
de mi carrera profesional jamás me he beneficiado de ningún tipo de recursos
públicos, ni en este caso, de recursos privados cuya aplicación vigilé, de
conformidad con lo establecido en el convenio suscrito entre las empresas
mineras Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. y Operadora de Minas e Instalaciones
Mineras, S. A. de C.V. con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), del cual se derivó la creación del Fideicomiso y su Comité Técnico.
Mi función
principal en el Fideicomiso fue coordinar a las instituciones involucradas en
la atención del derrame y vigilar que en todo momento la mina aplicara con
prontitud y eficacia las medidas de remediación, reparación y restauración de
los daños al medio ambiente y la salud humana causados directamente por el
derrame de una solución acidulada con metales pesados altamente tóxicos,
ocurrida el 6 de agosto del 2014. Mis atribuciones no incluyeron funciones de
compra o venta de ningún tipo de bienes o servicios.
El Comité
Técnico se integró por un representante de la Mina, especialistas técnicos de
reconocidas instituciones (UNAM y Centro Mario Molina) y un servidor como
representante del Gobierno Federal y Presidente del mismo; además, según el
tema a tratar, se invitaba a expertos de las diversas Secretarías,
instituciones de prestigio y funcionarios de Nacional Financiera, la cual
fungía como Fiduciaria del Fideicomiso.
Cabe aclarar
que el Fideicomiso Río Sonora ha sido el fideicomiso más transparente del
sector, dadas las circunstancias sociopolíticas que se derivaron del derrame.
Toda la información del mismo se hizo pública desde su creación, a través de la
página de internet www.fideicomisoriosonora.gob.mx, con el propósito de
informar objetiva y oportunamente a la población y con la finalidad de
transparentar todas y cada una de sus acciones. También, la información fue
dada a conocer en muy diversas sesiones públicas en Hermosillo, en las
localidades del Río Sonora y en múltiples medios electrónicos e impresos a lo
largo de la existencia del Fideicomiso.
Me gustaría
hacer hincapié en que, como consecuencia del derrame, se aplicó por primera vez
la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sobre la cual se determinaron la
creación del fideicomiso y las sanciones aplicadas a las empresas responsables,
que incluyeron clausuras y multas; todas éstas, actos de autoridad que nunca se
habían aplicado a una industria infractora.
Las acciones
llevadas a cabo significaron una derrama económica equiparable a 7 veces el
Producto Interno Bruto anual de la región, ya que se distribuyeron 1,070
millones de pesos (86.7% de los recursos ejercidos por el Fideicomiso), a
través de la entrega de 27,111 apoyos económicos directos a la población
afectada, en rubros tales como: resarcimientos por afectación a la salud, las
actividades productivas, el abastecimiento de agua potabilizada y la
rehabilitación de pozos. La población de la zona en ese entonces se estimaba en
poco más de 23 mil habitantes.
Atendiendo
una de las demandas más sentidas de la población, se instalaron 10,188 tinacos
en todas las casas y edificaciones de carácter social de los municipios
afectados debido a que la mayoría de éstas carecían de tinacos para almacenar
el agua potable que de manera extraordinaria se les estaba dotando a través de
pipas y otros medios. Asimismo, y en virtud de que las casas tienen techo de
lámina galvanizada, el Comité Técnico aprobó que dichos tinacos fueran
instalados sobre unas torretas metálicas, de diseño y fabricación locales.
Para
realizar la instalación de los tinacos, la CONAGUA propuso al Comité Técnico
que se hiciera a través del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora
(CICS), el cual cubrió los requisitos establecidos en los criterios de
procedencia autorizados por el propio Comité, los cuales señalaban que la
entidad ejecutora debía: ser una institución sin fines de lucro, experiencia
profesional en el desarrollo de trabajos similares, transparencia, precio
competitivo, capacidad técnica, conocimiento de la zona, prestigio regional y
participación de diversos contratistas locales, con el objetivo de que hubiera
varios frentes de obra que de manera expedita resolvieran el problema. Dada la
emergencia, los tinacos fueron comprados a varios proveedores por el CICS,
según su disponibilidad en la zona y los avances en las instalaciones.
El Colegio
de Ingenieros Ambientales de México (CINAM), el cual fue fundado hace 22 años y
yo tuve el honor de ser su primer Presidente, fue seleccionado por el Comité
Técnico como supervisor de esas instalaciones, siguiendo los mismos criterios y
por ser una institución colegiada con autoridad moral ante la sociedad, como el
Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. Los supervisores asignados por el
CINAM fueron distinguidos académicos del Instituto Politécnico Nacional.
No deseo
hacer polémica respecto al artículo publicado por ustedes, las cifras referidas
por la organización Poder están equivocadas o están descontextualizadas, los
datos correctos los refiero en esta carta y pueden ser consultados y cotejados
en la página de internet referida.
Finalmente,
es importante mencionar que de acuerdo con los estudios realizados en la zona
por diversas instituciones académicas y de investigación, el Río Sonora ha sido
contaminado históricamente por múltiples descargas industriales (principalmente
mineras), agropecuarias y urbanas. Desde mi perspectiva, seguirá siendo
necesario emprender acciones y desarrollar infraestructura ambiental para
sanear de manera integral la cuenca hidrológica y restaurar sus ecosistemas.
Atentamente
Dr. Rodolfo
Lacy Tamayo
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