La
organización Poder reveló que Rodolfo
Lacy Tamayo, exsubsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
y Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de
Grupo México, se beneficiaron con la compra y venta de tinacos tras del derrame
minero más grande del país ocurrido en el río Sonora el 6 de agosto de 2014.
El Proyecto
sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) es una asociación regional no gubernamental sin fines de lucro.
Su misión es fomentar la transparencia, la rendición de cuentas de las empresas
en América latina, desde una perspectiva derechos humanos.
El 6 de
agosto de 2014, unas 24 mil personas fueron afectadas en sus propiedades o en
su salud. En ese entonces, fueron reportadas al menos cinco personas
hospitalizadas debido al derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre
acidulado en el Arroyo Tinajas, municipio Cananea, en Sonora. Los tóxicos provenían
de las instalaciones de la empresa Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo
México encabezado por Germán Larrea.
A cuatro años del ecocidio registrado
en siete municipios ribereños de la sierra sonorense, Benjamín Cokelet,
fundador de la organización Poder, informó que, en su calidad de funcionario
federal y presidente del comité técnico del Fideicomiso Río Sonora (FRS), Lacy
Tamayo se “auto-vendió” y “auto-compró” 28.6 millones de pesos en tinacos a
través de una asociación que él mismo creó y que lleva por nombre Colegio de
Ingenieros Ambientales AC.
Desde de esa
misma posición, avaló la compra y venta de 5.5 millones de pesos en tinacos a
la empresa Rotoplas, propiedad de Carlos Rojas Mota Velasco, primo de Germán
Larrea.
Rojas Mota también es miembro del
Consejo de Administración de Grupo México y se benefició del macro-derrame
luego que a su compañía le asignaron de manera directa la venta de 5.5 millones
en tinacos que habrían de instalarse en ocho mil predios.
“Con estos hallazgos estamos hablando
de niveles de cinismo más allá de lo que uno se puede imaginar”, sintetizó el codirector ejecutivo
del grupo Poder.
El Colegio de Ingenieros Civiles de
Sonora AC consiguió para su causa 150.8 millones de pesos. La asociación civil
era presidida, en ese entonces, por el priista Héctor Miguel Ruiz Arvizu,
actual subsecretario de Desarrollo Urbano en el gobierno de Claudia Pavlovich.
La conferencia de prensa fue
organizada en las instalaciones de lo que debería ser la Unidad Vigilancia
Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas), pero como el año pasado fueron
canceladas las acciones del fideicomiso, el inmueble se encuentra reducido a
obra negra y, por tal motivo, los pobladores lo llaman el nuevo “elefante
blanco”.
De acuerdo con
las cifras publicadas por el fideicomiso, dadas a conocer por el grupo Poder, la cantidad otorgada directamente a las
personas afectadas en su salud fue apenas de 7.8 millones de pesos, lo que
equivale a 10% del total gastado por el fideicomiso en el rubro de salud,
mientras que 90% restante, unos 71 millones de pesos, se gastaron en acciones
de atención y seguimiento de la Uveas.
El total del gasto realizado por el
fideicomiso fue de 1, 231 millones de pesos en un inicio, poco más de la mitad
de los dos mil millones anunciados en un principio.
De acuerdo
con el reporte de Poder: 66% del FRS,
unos 680.3 millones, se destinaron para el supuesto resarcimiento y el resto,
un 34%, se utilizó en otros rubros, en donde se incluyen apoyos directos al
gobierno federal, estatal y municipal; aunque no fueron desglosados, por lo que
no se puede conocer a qué dependencias fueron destinados y con qué objetivo.
Otro ejemplo
de la arbitrariedad, denunciado por el directivo de Poder, es que 32.4 millones del dinero del fideicomiso se utilizaron para una
estrategia de comunicación social, cantidad cuatro veces superior a lo
entregado directamente al total de los afectados en su salud.
No solo eso. Parte del dinero de esta estrategia se
destinó a la proyección de spots sobre la supuesta remediación de los ríos en
las pantallas de Cinemex, empresa controlada o subsidiaria de Germán Larrea
Mota Velasco.
Cierre opaco.
El Grupo
Poder documentó que el fideicomiso cerró
en febrero de 2017 con total opacidad, sin cumplir con su cometido y con el
aval de la Semarnat, debido a que el subsecretario Lacy Tamayo presidió el
comité técnico.
“Para las personas afectadas por el
derrame está claro que el fideicomiso no cumplió con su objetivo por lo que
sigue abierto un proceso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
para que dicho fideicomiso se reabra y realice las medidas de remediación,
reparación y compensación de los daños ocasionados por el derrame”, explicó Benjamin Cokelet.
“En el análisis de los gastos del
fideicomiso demuestra que los recursos no llegaron en su totalidad de los
afectados directamente por el derrame; la distribución del dinero fue
arbitraria y discrecional; así como empresas asociaciones civiles y gobiernos
de todos los niveles se beneficiaron de estos recursos en detrimento de las
personas afectadas y a costa de la impunidad de los responsables de este
desastre ecológico”.
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