La Fiscalía
Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) investiga los movimientos realizados en
diversas cuentas bancarias vinculadas con la empresa brasileña Odebrecht en el
extranjero, para rastrear el posible flujo de recursos a algún partido político
o a la campaña presidencial de 2012 en México.
Autoridades de la Fiscalía
confirmaron a Animal Político que se solicitó a varios países distintos a
Brasil – que no podían revelarse para no entorpecer la indagatoria – la
asistencia jurídica internacional para tener acceso a estas cuentas bancarias y
sus transferencias.
La información se encuentra en
proceso de recepción.
Las solicitudes forman parte de la
carpeta de investigación que la FEPADE integra a partir de una denuncia
presentada ante la Fiscalía desde agosto de 2017, y en la que se señala a la
empresa Odebrecht de haber transferido recursos económicos en 2012 para la
campaña del entonces candidato del PRI Enrique Peña Nieto, a cambio de
contratos que a la postre obtendría en su gobierno.
La investigación de FEPADE es
independiente a la que la Procuraduría General de la República (PGR) integra
por los presuntos sobornos que la referida empresa habría pagado a funcionarios
de Petróleos Mexicanos (de la que Odebrecht es contratista), pues la de la
Fiscalía se centra en la comisión de posibles delitos electorales.
De acuerdo
con las autoridades consultadas, fue a partir de diciembre de 2017 cuando se
ordenaron e impulsaron las líneas de investigación, y hasta el momento suman
casi seis meses de trabajo que incluyen el rastreo de las cuentas ya referido,
entre otras diligencias.
“Tenemos
seis meses investigando el caso, pero una parte importante deviene de
investigaciones de asistencias jurídicas internacionales, entonces lo que ha
sido más tardado son esas asistencias”, indicó un funcionario de la FEPADE.
En la Fiscalía
destacaron que se trabaja de forma paralela con la PGR, cuya carpeta de
investigación, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delitos Federales (SEIDF), lleva más tiempo integrándose.
En ese
sentido señalaron que la información que la Procuraduría pueda obtener del
contacto con las autoridades brasileñas también sería compartida con la FEPADE.
No obstante, a diferencia de lo ya
adelantado la semana pasada por el encargado de la PGR Alberto Elías Beltrán,
respecto a que el caso que ellos tienen será consignado ante un juez antes de
diciembre, en la FEPADE subrayaron que no es posible dar un plazo de resolución
pues depende de la información que arrojen las solicitudes hechas a varios
países.
Odebrecht es
una empresa trasnacional que ha reconocido haber estado involucrada en diversos
esquemas de corrupción (pagos de sobornos) para obtener contratos públicos en
América Latina, lo que de acuerdo con investigaciones periodísticas también
habría ocurrido en México, principalmente con subsidiarias de Petróleos
Mexicanos.
El 14 de
agosto de 2017 un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
denunció que en pleno proceso electoral de 2012 la constructora Odebrecht había
transferido 3 millones 140 mil dólares a una empresa establecida en Islas
Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, quien en aquellos días fungía como
Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI,
Enrique Peña Nieto.
Además, el
diario brasileño O’Globo y la organización mexicana El Quinto Elemento Lab
revelaron el contenido de una declaración judicial del exdirector de Odebrecht
en México, Luis Alberto Meneses Weyll.
En ella se
aseguraba que en marzo de 2012 Menseses se reunió con Emilio Lozoya, y que en ese
encuentro el entonces integrante de la campaña presidencial de Peña Nieto le
solicitó cinco millones de dólares como pago por haberlo auxiliado en el
posicionamiento de la compañía en Veracruz, en donde Odebrecht asentó su base
de operaciones.
Como retribución
por el dinero aportado a la compaña, el gobierno de Peña Nieto habría
favorecido a Odebrecht con contratos públicos a través de Pemex y su titular
Lozoya Austin, lo que a su vez habría significado que los sobornos continuaron.
Esto ha sido negado reiteradamente por el exdirector de Pemex.
Tras estas revelaciones fue
presentada una denuncia penal ante la FEPADE para que se indagara lo ocurrido
en la campaña presidencial de 2012. El entonces titular de la referida fiscalía
era Santiago Nieto Castillo, quien el 15 de agosto de 2017 confirmó que
acababan de iniciar una carpeta de investigación, y prometió que se procedería
penalmente en contra de quien resultara responsable.
Pero dos meses después, y con el
argumento de que había violado el Código de Conducta de la PGR, Santiago Nieto
fue removido como titular de la FEPADE por Elías Beltrán.
Esto luego de que Nieto declaró al
periódico Reforma que había recibido una carta de Lozoya en la que le pedía
señalar públicamente que él no estaba involucrado en los presuntos sobornos.
La
destitución de Nieto fue una de las primeras determinaciones que tomó Elías
Beltrán como encargado de la PGR, cargo que asumió tras la renuncia a la misma
del procurador Raúl Cervantes el 16 de octubre de 2017.
En su escrito de renuncia presentado
ante el Senado, Cervantes sostuvo que la indagatoria por el caso Odebrecht
estaba concluida y se consignaría ante un juez.
Pero ni la carpeta de investigación
abierta por PGR, ni la iniciada por la FEPADE relacionadas con la empresa
brasileña, han sido consignadas hasta el momento.
Fue hasta la semana pasada cuando
Elías Beltrán señaló en una serie de entrevistas concedidas con algunos
noticieros radiofónicos que el caso Odebrecht “no estaba parado y se seguía
avanzando”, y que si la consignación prometida por Cervantes no había ocurrido
es porque hubo retrasos en la entrega de información solicitada a Brasil.
Además, el encargado de PGR prometió que el caso
será consignado antes que concluya el actual gobierno.
En cuanto a la carpeta de
investigación iniciada por la FEPADE tampoco se había dado a conocer en qué
situación se encontraba el caso tras la salida de Santiago Nieto y la
designación de Héctor Díaz Santana como nuevo fiscal para delitos electorales.
Lo que la Fiscalía ha dicho ahora a
Animal Político es que el caso no se ha detenido y que incluso se ha avanzado
de forma significativa en los últimos seis meses, pues lo dejado por la gestión
de Nieto Castillo era solo un trabajo inicial a partir de la denuncia que se
presentó.
Cárcel o
negociación para involucrados.
En la
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales indicaron que
tras las reformas en materia electoral aprobadas en 2014 hay delitos
electorales que por su gravedad pueden alcanzar una pena superior a los cinco
años de prisión.
Agregaron
que este podría ser el caso de los que resulten responsables en el presunto
financiamiento ilegal de Odebrecht a la campaña de algún partido político.
No obstante,
dado que este caso fue iniciado bajo las reglas del nuevo sistema penal
acusatorio, los probables responsables podrían evitar un juicio largo e incluso
la prisión, si optaran por declararse culpables.
“Esto podría
dar paso a un procedimiento abreviado que es un proceso corto, donde los
probables responsables pueden tener una pena reducida. Pero ello implica
declararse culpables y comprometerse a reparar el daño. Es un escenario que se valora,
pero la investigación aun no llega a esa instancia”, dijo uno de los fiscales.
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