Representado por la empresa de la
familia Arnaiz, misma que mantiene contratos con el Gobierno del Estado,
Francisco Arturo Vega de Lamadrid ha vendido a su nombre por lo menos siete
propiedades en los últimos meses, dejándole ingresos superiores a 6 millones
594 mil pesos de un total de 44 millones de pesos que le generó una sola venta.
“Kiko” realiza sus negocios incluso con integrantes
de su gabinete y funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal, como su
secretario de Desarrollo Social, Alfonso Álvarez Juan, quien -según documentos
oficiales- pagó a su jefe 924 mil pesos por un condominio de 71 metros
cuadrados en Tijuana.
Asimismo, el Gobernador de Baja California recibió UN
MILLÓN 092 MIL 500 pesos por parte de Luis Enrique Torres Inzunza, quien funge
como superintendente Zona Tijuana de la Comisión Federal de la Electricidad
(CFE) del Gobierno Federal, a cambio de otro condominio de 64.98 metros
cuadrados, en la misma ciudad.
Además de
funcionarios, el panista hizo negocio
personal con un ex empleado del Gobierno del Estado y actual proveedor de su
administración, al venderle otro de sus condominios de Tijuana, que al igual
que el resto, se ubican en la colonia Guadalupe Victoria, cerca de la Central
Camionera, un desarrollo inmobiliario que Vega hizo en sociedad con Grupo
Arnaiz, denominado San Carlos.
SUBORDINADO
Y CLIENTE.
Al igual que
el Gobernador, Alfonso Álvarez Juan, su
jefe inmediato, acrecentó su patrimonio personal en los cuatro años de ser
parte del gabinete estatal. Con un sueldo actual de 55 mil 160 pesos al mes,
adquirió un condominio de cerca de un millón de pesos, propiedad del Ejecutivo.
Según
documentos en posesión de Zeta, en la
escritura pública número 100749 del volumen 4997, Álvarez Juan se convirtió en
comprador el 24 de mayo de 2017 ante la fe del Notario Público 8 de Tijuana,
Ricardo del Monte Núñez.
El condominio que “Kiko” vendió a su
empleado tuvo un costo de 924 mil 910 pesos, a decir del Registro Público de la
Propiedad y el Comercio. Se localiza en el número 504 del desarrollo San Carlos
III Entorno Residencial, de la colonia Guadalupe Victoria en la delegación La
Mesa.
Según la
ficha de inscripción del Registro Público, “Francisco
Arturo Vega de Lamadrid como vendedor del terreno, representado por la empresa
Fraccionamiento Arnaiz como vendedora de las construcciones”.
La propiedad que compró el
funcionario público a su jefe tiene 71.20 metros cuadrados de construcción y un
espacio para estacionamiento.
Álvarez comenzó en la administración
de Vega como director de la Comisión de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT),
percibiendo un sueldo de 56 mil 080 pesos mensuales, pero en marzo de 2016 el
Gobernador lo nombró secretario de Desarrollo Social, donde devenga un salario
mensual neto de 55 mil 160 pesos.
Al cierre de
esta edición, en el Registro Público de
la Propiedad y el Comercio de Baja California no se encontraron datos de algún
crédito hipotecario a nombre de Álvarez Juan.
FUNCIONARIO
FEDERAL, OTRO CLIENTE.
En noviembre
de 2014, Luis Enrique Torres Inzunza fue
nombrado oficialmente superintendente de la CFE. Oriundo de Ensenada, es
ingeniero en Mecánica, egresado de la Universidad Iberoamericana de Tijuana y
otro de los clientes del Gobernador.
El funcionario federal adquirió un
condominio en San Carlos II de 64.98 metros cuadrados de construcción el 29 de
julio de 2016, según escritura pública por un millón 92 mil 500 pesos.
Al igual que en la ficha de registro
de Álvarez Juan, Francisco Vega aparece como vendedor junto con el
fraccionamiento Arnaiz.
Pero no son los únicos interesados en
el negocio de bienes y raíces del Gobernador, existen empresarios,
casacambistas, un joven de 26 años, entre otros quienes han comprado inmuebles
en el mismo desarrollo habitacional.
Cada uno de esos condominios, el
Gobernador los ha vendido entre 743 mil y 950 mil 800 pesos.
La última
transacción de Vega de Lamadrid documentada ante el Registro Público de la
Propiedad, es la venta de otro
condominio de los edificios Ermita III en el fraccionamiento Alcalá de Tijuana,
con un valor de operación de 125 mil dólares -2 millones 250 mil pesos-. Esta
inscripción se dio el 5 de julio de 2018.
DE
FUNCIONARIO ESTATAL A COMPRADOR.
La “cartera” de clientes de “Kiko”
Vega en el último año incluye, entre otros, a Jorge Enrique Figueroa Barrozo,
ex funcionario del Gobierno del Estado y actual proveedor de la administración
panista por medio de por lo menos tres empresas, una dedicada a “gestionar”
recursos ante los diferentes niveles de gobierno y otra a la distribución de
equipo de Seguridad Pública, así como “asesorías”.
Inteliproof,
S de RL de CV es una de las empresas de Figueroa Barrozo, según su acta
constitutiva, se dedica a la venta de “equipo de Inteligencia y contrainteligencia,
blindaje automotriz, equipo táctico, sistemas de video vigilancia Inteligente e
inhibición celular”. Aun así, obtuvo un contrato (AFA/SA/SSP/008) por 10
millones 724 mil pesos con el gobierno panista de Baja California Sur a cambio
de seis camiones con “caja recolectora de basura”.
Además, la compañía celebró contratos con el
gobierno de Vega, dándose de alta ante la administración como “microempresa”.
Desde 2016 aparece en las listas con las que la CESPT celebró contratos; en el
mismo año se nombró a Alfonso Álvarez Juan, el otro comprador de “Kiko”,
director de la dependencia.
En 2017, Figueroa Barrozo también celebró contrato
con la CESPT por “servicios de seguridad”, pero con otra empresa denominada
Corporativo TekSeg.
Los convenios comerciales del
comprador de Francisco Vega se extienden al gobierno municipal de Rosarito que
encabeza la panista Mirna Rincón; el Ayuntamiento “invitó” al ex funcionario
estatal a participar en la adquisición de cuatro motocicletas tipo cuatrimoto
para la Dirección de Seguridad Pública de Playas de Rosarito en noviembre de
2017. El contrato fue otorgado a TekSeg por 672 mil pesos.
En el mismo
año, la empresa obtuvo un contrato en
Ensenada para la compra de diez vehículos tipo pick-up Ram 2017 equipados y
balizados como patrulla por 6 millones 984 mil 998 pesos.
Además, Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, uno
de los socios de Figueroa Barrozo en TekSeg, fue contratado por el gobierno de
Juan Manuel Gastelum Buenrostro, alcalde de Tijuana, para encargarse de una
preselección de candidatos a policías municipales por 7 millones 450 mil pesos.
Otra de las
empresas de Figueroa con las que mantiene contratos con gobierno es Innovatio
Consultores, la cual se describe como “un despacho especializado en la asesoría
para la obtención fondos: estatales, federales e internacionales”.
EL NEGOCIO
ENTRE “KIKO” Y LOS ARNAIZ.
Desde 2014, siendo Gobernador,
Francisco Vega de Lamadrid inició los trámites para construir en uno de sus
predios los condominios San Carlos III. Para desarrollarlos, estableció una
relación comercial con Frasa, filial de Grupo Arnaiz.
De esta “sociedad” se sabe desde ese
entonces que fue por medio un acuerdo que el Gobernador puso a disposición el
terreno donde los Arnaiz construyeron los condominios. De hecho, cada
departamento vendido representaba ganancias para ambos actores. Sin embargo,
dentro del contrato, a Vega de Lamadrid se le otorgaron varios inmuebles a su
nombre como parte del pacto comercial.
En el
reportaje publicado en abril de 2015, bajo el título “Las transacciones de Vega
(y familia)” Zeta pudo documentar que al
Gobernador solo se le paga conforme se vayan vendiendo los inmuebles y se
entregan a los propietarios en un régimen de condóminos. Sin embargo, conforme
pasó el tiempo, algunos de los condominios fueron puestos a nombre del
Gobernador para que este los revendiera, lo cual ahora está haciendo con
personas ligadas al gobierno, funcionarios y proveedores, en lo que podría ser
un conflicto de intereses.
La relación entre Vega de la Madrid y
Arnaiz (representada por Raymundo Arnaiz, su esposa y tres hijos), se dio en
una superficie aproximadamente de 16 mil metros cuadrados propiedad del
mandatario y se le pagarían 2 mil 800 pesos por cada metro cuadrado.
Es decir, un negocio para el titular del Ejecutivo
por 44 millones 800 mil pesos. A la fecha, 160 condominios, es decir, la
totalidad del desarrollo, ya fueron vendidos.
EL JUGOSO
TERRENO.
En 2014, a meses de haber asumido su gobierno,
Francisco Vega realizó los trámites necesarios ante la Dirección Municipal de
Administración Urbana de Tijuana. Ahí se le autorizó la construcción “de seis
unidades tipo habitacional”, ubicadas a dos cuadras de las oficinas del Partido
Acción Nacional en Tijuana y cerca de una de sus casas en Jardines del
Pedregal.
En realidad, donde se construyeron
las unidades habitacionales San Carlos fue en solo una parte de un terreno
mucho mayor que Vega había adquirido antes de ser diputado federal. En 2008, un
juez civil sentenció en el juicio de prescripción positiva (expediente
892/2008) a favor de Vega de Lamadrid, quien demandó la propiedad a la señora
Vicenta Mayor Ames, “también conocida como Vicenta Mayor de Domínguez o (…)
viuda de Domínguez”.
La adquisición del predio fue
inicialmente por 25 mil metros cuadrados a un valor de 2 millones de dólares
entre 2005 y 2006, años después de que terminara su presidencia municipal en
Tijuana.
A pesar de que desde esas fechas se
le reconoció como el legal propietario, Vega lo inscribió en el Registro
Público (oficina que depende de su gobierno) hasta el 24 de abril de 2014.
Posterior a este movimiento, realizó subdivisiones al terreno, una de las
partes la vendió a sus hijas por 3 millones 190 mil 250 dólares, según consta
en documentos oficiales en poder de Zeta.
EL “GÓBER” Y
ARNAIZ.
En el mismo
año que Vega de Lamadrid comenzó el desarrollo de San Carlos, su gobierno lanzó una licitación para
adjudicar los trabajos de la ampliación del puente Lázaro Cárdenas en Tijuana,
el cual se encuentra a un lado de los condominios.
En realidad,
la obra pública que fue “ganada” por
Constructora Transpeninsular, filial del Grupo Arnaiz. Así se dotó de una calle
que dio acceso directo a los condominios propiedad del Gobernador y de ellos
mismos. Y otra que conecta la Vía Alamar con el Puente Lázaro Cárdenas por un
costo mayor a 16 millones de pesos.
De hecho, en
la Cuenta Pública 2014, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la mentada, obra
pues en el concurso donde participaron otras empresas se ignoraron “dos
propuestas con los precios más bajos”, explica el informe de la Auditoría.
La ASF determinó que Constructora
Transpeninsular “ocupó el cuarto lugar (en la licitación) con un presupuesto
mayor en 35 por ciento que el previsto para su realización”.
De los 16
millones 600 mil pesos que se pagaron a la constructora de los Arnaiz, 14 millones 186 mil pesos resultaron del
Fondo Metropolitano, es decir, a recursos federales.
Días antes que se le diera el
contrato (C-FM-14-TIJ-SI-80) a la constructora, el Gobernador oficializó la Constitución de Régimen de Propiedad en
Condominio entre él y el fraccionamiento Arnaiz.
El gobierno anunció que la obra
duraría menos de cinco meses, pero se terminó en diez y con señalamientos de la
ASF, ya que “en visita de verificación física de dicho puente, se detectaron
trabajos de mala calidad y falta de limpieza”, aunado a que se le “adicionó y
pagó obra fuera del objeto del contrato sin la autorización correspondiente”.
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