La masa de burócratas explotó con FCH y Peña: hoy, por cada 21 ciudadanos hay un funcionario.

Por cada 21 ciudadanos mexicanos, hay un burócrata.

En total, México tiene 5.7 millones de funcionarios públicos en los tres órdenes de gobierno. Para especialistas consultados, el tamaño de esta masa de administrativos se justifica por la circunstancia histórica de la Nación. Sin embargo, su “ineficiencia” no excusa su magnitud, su costo monetario, ni la función que cumple.

“Desde hace tiempo, pero en especial en este sexenio, se ha inflado el número de funcionarios públicos. Y podemos ver realmente una duplicidad [o una] triplicidad de funciones con prestaciones que simplemente no van al caso; [con] un gasto cada vez más ineficiente; [con] funcionarios públicos llenos de prepotencia y con un influyentismo que está en su apogeo… Y ha llegado a un momento en que el pueblo simplemente se hartó y se notó, básicamente, en las urnas”, dijo en entrevista el doctor Jonathan Heath Constable, uno de los economistas más destacados de México.

Entre 2003 y 2016, la burocracia mexicana creció en un 20.32 por ciento, con la incorporación de 977 mil 310 funcionarios públicos, refieren cifras del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Durante los años correspondientes al sexenio de Vicente Fox Quesada (2003-2006), el incremento fue de 2.51 por ciento. Con Felipe Calderón Hinojosa (2007-2012) el cuerpo de burócratas aumentó en 13.17 por ciento. Y durante los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto (2013-2016) hubo un alza de 3.71 por ciento adicional.

Este aumento obedece –en parte– a los cambios de partido que se dieron entre 2000 y 2012, en un intento por “meter gente que impulsara ciertas agendas de visión de país”, acorde al grupo en el poder, explicó el maestro Fernando Vázquez Bravo, de la organización de economía estratégica empresarial, Consultores Internacionales.

Los 5 millones 786 mil 819 administrativos que tenemos en la actualidad incluyen al personal de base o de confianza, así como a los empleados transitorios de carácter administrativo (docentes, de seguridad pública, médicos, enfermeras, diputados, senadores, asambleístas, regidores, síndicos, del ejército, la fuerza aérea y la armada nacional).

Esta base de servidores públicos tiene un costo promedio anual de 1 billón 291 mil 985 millones 500 mil pesos, según las cifras oficiales. De acuerdo con una solicitud de información hecha por SinEmbargo al Inegi, “el monto acumulado [de remuneraciones del sector público] para el periodo de estudio (2003-2016) es de 18,087,797 millones de pesos”.

No obstante, el tamaño y el gasto de la burocracia mexicana “no se justifica en el sentido de su ineficiencia”, dijo en entrevista Heath Constable. “El Gobierno federal nunca había gastado tanto; pero nunca había contribuido tan poquito al crecimiento económico de México […]. Como economista, diría que la tragedia más grande de este sexenio es justamente la ineficiencia del gasto público”.

De 2013 a 2018, por ejemplo, el pago en servicios personales del Gobierno federal aumentó en 26.63 por ciento (al pasar de 963 mil 689 millones a 1.2 billones de pesos). En ese mismo periodo, refieren datos del Presupuesto de Egresos de la Federación, la inversión en servicios públicos decreció en 10.12 por ciento (al pasar de 643 mil 892 a 716 mil 440 millones de pesos). Este tipo de contrastes ejemplifican “un gasto exageradamente ineficiente”, según Heath.

Para el consultor independiente, en México hay un problema estratégico en la manera en que las dependencias de gobierno eligen a sus funcionarios. Y lo que hace falta, por tanto, es una reorganización del cuerpo de servidores públicos “con conocimiento de causa”. Es decir, estudiar caso por caso para reducir las plazas inútiles sin sacrificar a aquellas personas que, a pesar de haber ingresado a la Administración Pública Federal por estructura política, tienen un grado de especialización que resulta “muy valioso” para el país.

“Hay un abuso en salarios muy elevados con prestaciones exageradas en muchas áreas de la Administración Pública”, expresó. Y el gran problema de la burocracia en México es que “hace falta una estructuración muchísimo más robusta del Servicio Profesional de Carrera”, coincidió el maestro Vázquez Bravo de Consultores Internacionales.

La proporción de la gran burocracia mexicana, empero, responde al papel histórico del Estado, que durante mucho tiempo, fue paternalista o benefactor. “En ese sentido, sí se justifica un poco el tamaño de la burocracia del país, precisamente porque el Estado ha tenido un peso mucho mayor –que en otros países– en la directriz del desarrollo de la economía” nacional, recordó Vázquez.

Es a partir de la década de los ochenta –con el colapso económico de 1982 y el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones– que el Estado comenzó a perder este papel protagónico y a reestructurarse para transitar de un modelo económico proteccionista y nacionalista, a uno abierto al exterior.

“Nuestro problema no ha sido el de un Estado pequeño y débil, sino el de un Estado que, en su creciente tamaño se hizo débil. Los problemas se agravaron, con un Estado que creció de manera desproporcionada y desordenada, forzando sus afanes a la búsqueda de medios para sostener su mismo tamaño”, se lee en el artículo de la revista Nexos (1990) “Reformando al Estado”, en que el ex Presidente Carlos Salinas de Gortari advirtió sobre los efectos nocivos del burocratismo nacional, en el marco de la reforma política de 1989.

La profesionalización de la burocracia nacional ha tenido un largo camino. Fue planteada por primera vez en 1821, cuando surgieron los primeros ministerios, entre ellos el de Relaciones Exteriores, que desde entonces pujó por organizar la carrera diplomática. Los esfuerzos dirigidos a mejorar la provisión de servicios siguieron hasta el periodo de la Revolución Mexicana (1910), en que surgió el interés de fortalecerla para mantener la estabilidad política.

Durante el siglo pasado, las administraciones públicas federales batallaron para incluir mejores condiciones laborales para los funcionarios públicos; pero también, para incluir controles, normas, órganos, e instrumentos abocados a desarrollar y controlar su desempeño.

Sin embargo, no sería hasta la década de los ochenta que “se planteó de manera explícita la idea de su profesionalización”, sin todavía poner en marcha el Servicio Civil de Carrera, que entró en vigencia en octubre de 2003, con la promulgación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF), refiere la doctora María del Carmen Pardo, historiadora del Colegio de México, en su estudio “El Servicio Profesional de Carrera en México: De la tradición al cambio” (2005).

A lo largo de este proceso histórico –sobre todo durante los años de hegemonía priista– “lejos de un modelo ideal”, hubo una estructura “montada en prácticas caracterizadas por su discrecionalidad, arbitrariedad, clientelismo y corrupción”. Hoy, refieren los analistas consultados, aún existen límites a la profesionalización de la burocracia mexicana, causados por cuestiones legales, por la falta de un proyecto adecuado y los mismos usos discrecionales que son auspiciados por la falta de transparencia en los procesos de selección de personal de gobierno.

Un análisis de la Unidad de Datos de SinEmbargo arrojó que, en la actualidad, dos de cada 100 funcionarios públicos federales en nuestro país, obtienen un puesto a través del Sistema de Servicio Profesional de Carrera (lo que implica un concurso público, con exámenes de conocimiento y de habilidades). El resto llega por designación, como parte de un gabinete de apoyo, o bien, por mecanismos diferentes al que garantiza el acceso de los candidatos “más aptos” para desempeñar funciones específicas (según el artículo 29 de la LSPCAPF).

EL DERROTERO DE LA BUROCRACIA.

Hasta diciembre del año pasado, sólo 8 por ciento de los ciudadanos reconoció estar “muy satisfecho” (2 por ciento) o “satisfecho” (6 por ciento) con el desempeño de los funcionarios públicos. El resto expresó no tener confianza en los trabajadores del Estado, según datos de la encuesta nacional 2018 “Derechos Sociales y Cohesión Social”, del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Más allá, el maestro Fernando Vázquez Bravo indicó que existen dos indicadores que nos permiten vislumbrar el derrotero de la burocracia en México.

Por un lado, los problemas de la ciudadanía con respecto a los trámites y servicios gubernamentales decrecieron entre 2015 y 2017 (al pasar de 52.5 a 46.5 por ciento), se lee en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 del Inegi. Esto –de acuerdo con Vázquez– podría indicar que “sí se ha intentado eficientar el ejercicio gubernamental en favor de la sociedad”.

No obstante, los datos también refieren que los trámites en instalaciones de gobierno fueron en decremento (pasaron de 61.9 a 57.1 por ciento en dos años). A pesar de la razón –como el uso de tecnología digital– “esto podría justificar, en algún momento, el adelgazamiento de todo el aparato burocrático”.

La contracción del cuerpo administrativo del Estado mexicano, podría ser una realidad en los próximos años. El Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha prometido que durante su sexenio recortará el 70 por ciento de las plazas de confianza, además de reducir los salarios de los funcionarios públicos –de alto y medio nivel– hasta en un 50 por ciento.

“Con la disminución salarial se podría lograr un ahorro de 5 mil millones de pesos, aproximadamente”, comentó Fernando López Macari, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). A pesar de la considerable suma de dinero, el especialista reconoció que en el proyecto de AMLO “hay muy poca claridad” y por eso “está generando confusión entre los funcionarios públicos actuales”, porque ya no saben si a partir del 1 de diciembre van a recibir un recorte salarial, van a ser despedidos o no.

Lo que “necesitamos [es] entrar a las entrañas del presupuesto y [saber] cómo se va a implementar esta política. Hasta ahorita han dicho las iniciativas, las ideas… y lo que a nosotros nos queda en duda es cómo se van a implementar, en cuánto tiempo y cómo se pretenden administrar”, dijo López Macari.

Al respecto, Heath Constable advirtió que “recortar los salarios con una regla general también puede ser peligroso porque hay puestos clave dentro de la Administración Pública [para los] que se requiere una especialidad muy importante […]. Y si no le pagan bien [a los funcionarios especializados], fácilmente van a encontrar un trabajo en alguna institución financiera. Y no queremos que se nos vaya gente muy capacitada y quedarnos con una administración que sea menos funcional de la que tenemos”.

Los analistas concordaron en que “reducir el gasto de operación de un gobierno siempre sonará bien. El problema es que tenemos que ser muy cuidadosos en no tocar el gasto que es necesario para que el Gobierno opere” de manera adecuada, como expresó Alejandro García, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización civil México Evalúa.

Para salir adelante con el reto que encara, López Obrador deberá “revisar a fondo cuáles son los sueldos y salarios que se tienen que recortar. Y hay que revisar a fondo los mecanismos para volver más eficiente la nómina pública y flexibilizarla. El hecho no es nada más reducir el gasto; sino volverlo eficiente. Si hay plazas que ya no se necesitan, hay que reducirlas y hay que quitarlas. Pero hay que conservar aquellas que son necesarias y que son eficientes. Necesitamos gente que dé resultados dentro del sector público […]. Necesitamos incentivar y ser unos cirujanos del gasto haciendo los ajustes necesarios dentro de la nómina pública”, comentó López Macari.

En ese sentido, lo recomendable sería iniciar con un diagnóstico para partir de un presupuesto base cero, en lugar de partir del presupuesto de la administración anterior, abundó el integrante del IMEF. También –agregó Vázquez Bravo de Consultores Internacionales– habría que fortalecer al Sistema de Servicio Profesional de Carrera, de modo “que brinde certeza y que sea muy transparente en torno a los procesos de contratación del Gobierno” para ofrecer mejor capital humano.

Según Vázquez, durante el proceso de reajuste presupuestal sería menester “buscar un ajuste de los salarios de la alta burocracia y empujar los salarios más bajos”. Una vez reducida la brecha salarial –los sueldos en la Administración Pública Federal van de 9 mil hasta más de 200 mil pesos mensuales– lo restante sería el ahorro real generado por una política de austeridad, que no será posible sin tener procesos más rigurosos y transparentes de selección de personal.

Además, dado que nuestra burocracia “no está profesionalizada” y no cuenta con los mecanismos para “incentivar que sea eficiente”, debemos de buscar estímulos basados en los méritos profesionales y la productividad, en lugar de aquellos “especiales”, como lo son los de puntualidad y asistencia, indicó Alejandro García de México Evalúa.

Para tener una nómina y hablar de austeridad dentro del gasto operativo del Gobierno, se requiere una reforma a la gestión de recursos humanos dentro del sector público, que aparte de los incentivos meritocráticos, implica “una vigilancia constante de parte del Congreso [de la Unión] para revisar y establecer qué es lo necesario y cuáles son las políticas públicas que se pueden y no se pueden hacer por parte del Ejecutivo federal. Tenemos una falta de contrapeso en el Congreso, que no tiene esa capacidad técnica”, concluyó García.