Los reveses y el estancamiento de
investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) de casos
emblemáticos –Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Odebrecht, los duartes, Elba
Esther Gordillo, entre otros–son las consecuencias de que opere como un brazo
del Presidente de la República para impartir justicia politizada, afirman
analistas consultados.
De acuerdo
con Enrique Toussaint, politólogo de la Universidad de Guadalajara, lo que estamos experimentando es una oleada
de “carpetazos” para evitar que el jefe del Poder Ejecutivo en funciones sea
juzgado una vez que su administración concluya en diciembre próximo.
“Si tú como Procuraduría cierras el
caso, presentas el caso y el expediente ante un juez, se acabó el caso. Es un
asunto que ya no puede volver a ser investigado […]. Creo que hay una especie
de estrategia de gobierno de Enrique Peña Nieto para tratar de cerrar todos los
casos importantes y relevantes antes de que inicie la nueva administración,
para cubrirse las espaldas. Se me hace muy extraño que la Procuraduría, que
suele ser opaca, inmóvil, que no iniciaba ningún procedimiento, de pronto esté
empezando a mandar señales de que quiere cerrar los casos […]. Por lo tanto,
pueden usar estos meses que les quedan para protegerse las espaldas y evitar
que en un futuro exista alguna tentación de llevar a Enrique Peña Nieto al
banquillo”, explicó.
Para el
analista, un caso que ejemplifica lo
anterior es el de Odebrecht. En México, este escándalo de corrupción tiene cara
y nombre: Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos quien,
supuestamente, fue sobornado con 10 millones de dólares para facilitarle
contratos a la empresa brasileña. Toussaint señala que Lozoya es la imagen “que pone la campaña de Peña Nieto. Pero
en realidad, lo que nos indica Odebrecht es que se trata de una trama que se
armó en torno a la campaña [presidencial] de Peña Nieto para hacerse de
recursos de manera ilícita y financiarse”.
El
politólogo critica que la PGR en lugar
de articular una investigación de cabo a rabo, que esclarezca la cadena de
mando involucrada, a partir de la cual sea posible adjudicar o deslindar
responsabilidades con prueba en mano, las autoridades se enfrascaron en una
figura, la de Lozoya, que podría llegar a un acuerdo para pagar la deuda de
todos y dar por terminado el asunto.
El doctor
Fernando Escalante Gonzalbo, sociólogo del Colegio de México (Colmex), expone que inclusive el encierro en febrero
de 2013 de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, respondió a una cuestión política
porque era un “estorbo para la Reforma Educativa”.
Gordillo “era un obstáculo para la Reforma Educativa
del gobierno. Se juntaron las condiciones para que se le procesara y terminara
en arresto domiciliario con un caso armado, de tal manera que pudiera tardar
cinco años en una sentencia y que además fuera absolutoria. Esto sugiere que, a
pesar de que hubiese motivos para proceder judicialmente, fue un hecho
político”, dijo en el marco de la conferencia magistral “El futuro de la
educación” de la Universidad Iberoamericana.
El caso de la maestra Gordillo se
vino abajo porque las pruebas en su contra no fueron conseguidas con autorización
judicial. En ese mismo tren están las acusaciones en contra del ex Gobernador
de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acusado de presunta delincuencia
organizada sin elementos probatorios, y del ex Gobernador de Chihuahua, César
Duarte Jáquez, quien obtuvo un amparo luego de que un juez federal determinara
que las imputaciones de la PGR carecían de competencia, ya que el proceso con
delitos de orden federal estuvo a cargo de instancias locales.
“Lo que estamos viendo es una
ineficacia total de la PGR […] porque las carpetas están mal integradas, y esa
es la realidad”. Ello se debe, en parte, a que “la Procuraduría hace lo que le
mandan de Los Pinos porque no es autónoma”, acusa el doctor José Óscar Valdés Ramírez, abogado
constitucionalista especializado en Derecho Fiscal Penal.
En su
opinión, el desempeño de la PGR en casos
donde funcionarios públicos han cometido presuntos ilícitos, pero que no han
sido resueltos con el paso del tiempo, es un actuar “conveniente” que le
permite al Ejecutivo federal “lavarse las manos”. Como resultado, señala, la
PGR es un referente de “corrupción total e ineficacia absoluta”.
Mientras que la procuración de
justicia sea designada y dependa del Ejecutivo federal, en México no dejará de
haber impunidad, concordó el doctor Jesús Alberto Guerrero Rojas, director
general de la Organización Nacional para la Responsabilidad del Estado (ONRE).
Según el litigante, el problema de fondo es la influencia del interés político
en el sistema judicial, en que una “cofradía corrupta” determina el Estado de derecho en el
país.
Por eso,
comenta, nuestro problema no es el
sistema de justicia per se, sino quienes operan: personal caracterizado de
“ignorancia, de corrupción, de arribismo, de conveniencias y de compromisos”.
“Mientras no exista una verdadera autonomía,
sabiduría y valentía, tanto en ministerios públicos como en jueces, puedes
traerte la justicia sueca y no va a servir para nada”, lamenta el experto.
“Si volteas a ver los nombres de los
que han pasado por la PGR en los últimos 15 ó 20 años, te vas a dar cuenta de
que son puras figuras de partidos o gente cercana a la Presidencia de la
República. Por lo tanto, más que una institución que responda al interés
general –porque al final es la que defiende el interés colectivo frente a los
delincuentes– lo que sucede es que es una parcela política y un brazo político
del Presidente en turno para premiar a sus aliados y castigar a sus enemigos”, dijo Toussaint, quien además refirió que en México “no existe
imparcialidad a la hora de hacer las investigaciones”.
La situación es tan grave y absurda
que, de acuerdo con el doctor Guerrero Rojas, ahora existe la remota
posibilidad de que personajes como Elba Esther Gordillo puedan demandar al
Gobierno federal una indemnización por error judicial, ya que los tratados de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantean dicha facultad, en caso
de ser probatorio que los errores en la integración de carpeta o en la
tipificación de delito, fueron los que generaron la privación de la libertad.
Pese a que la PGR y los ministerios
públicos son culpables de los errores en la integración de los casos, no
obstante, los jueces también tienen responsabilidad porque ellos son quienes
los autorizan, señala el directivo de ONRE, en cuya opinión, “en el Gobierno
federal existen los halcones amenazantes y las palomas mensajeras hacia jueces
para manipular y hacer lo que puedan a conveniencia política”. Circunstancia
que, alerta, además de poner en duda la autonomía de la Procuraduría General de
la República, pone en entredicho la del Poder Judicial en su conjunto.
FALTA MÁS
AUTONOMÍA.
“Trabajaremos
con estrategia, con una real y eficaz coordinación entre los órdenes de
Gobierno, a fin de combatir la impunidad y hacer que prevalezca la justicia y
la paz […]. Debemos cambiar de paradigma; entender que no habrá seguridad
mientras no haya justicia. En el México que vislumbro hay justicia e inclusión,
que serán las bases del pacto social”, fue la promesa del Presidente Enrique Peña
Nieto durante la celebración de su investidura, el 1 de diciembre de 2012.
Las palabras del mandatario mexicano
no se cumplieron. Inclusive, contrario a lo que prometió, la PGR, el órgano del
Poder Ejecutivo encargado “de investigar y perseguir los delitos del orden
federal”, concluye cada vez menos investigaciones criminales, carece de
personal suficiente y en 2015 sólo pudo consignar (o enviar a tribunales) el
24.3 por ciento de las averiguaciones previas procesadas, refieren datos de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) dados a conocer el año pasado.
Según el
informe de la ASF, las acciones de la
PGR “continúan siendo insuficientes para fortalecer el Estado de derecho y
abatir la impunidad en materia de delitos federales, lo que afecta a 119 millones
de mexicanos”.
Los
analistas consultados por SinEmbargo coinciden
en que la ruta para sacar adelante a las instituciones de procuración e
impartición de justicia es dotarlas de autonomía plena. Además, haría falta que
las autoridades estuvieran obligadas a explicar y hacerse responsables de sus
actos.
En ese
sentido, el abogado constitucionalista José Óscar Valdés Ramírez menciona que es necesario que el Congreso
de la Unión “endurezca la Ley contra la Procuraduría”, con una base jurídica
especializada en materia anticorrupción, así como castigos ejemplares y multas
en casos en que las autoridades cometan errores al momento de integrar las
carpetas de investigación.
Y por otro lado, debemos establecer
mecanismos que garanticen la autonomía, por ejemplo, de los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya designación está sujeta al
Ejecutivo federal (por nombramiento de terna) y al Senado de la República (por
aprobación de terna). Una situación que muchas veces refleja un “pacto político”,
asevera el doctor Jesús Alberto
Guerrero Rojas.
Para Enrique
Toussaint, analista político de la Universidad de Guadalajara, la PGR “está podrida” y cuenta con una
“estructura viciada e ineficiente”. Por ello, dijo, “la autonomía es
fundamental pero no es suficiente”.
Y refiere que una Fiscalía autónoma
con ministerio públicos independientes, cuyos titulares sean votados por los
ciudadanos, por ejemplo, no nos garantiza la justicia “si no tenemos en la
sociedad civil y en los medios de comunicación un capital de libertad de
expresión para poder denunciar los actos de corrupción y denunciar cuando se
utiliza la justicia de forma selectiva y para objetivos políticos y partidistas”.
Por eso, alerta sobre la necesidad de crear “un
espacio dentro de la sociedad civil y los medios de comunicación con mayor
disenso, para evitar que los casos de corrupción sean pactados políticamente.
Es decir, en la medida en que nuestra sociedad y los canales de la libertad de
expresión para denunciar casos en específico se amplíen, y por lo tanto exista
posibilidad de visibilidad o exhibir acuerdos injustos o corruptos que hacen
gobernantes para proteger a sus amigos y perseguir a sus enemigos, creo que eso
es la forma más eficaz para empezar a evitar este tipo de acuerdos”.
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