Jenaro Villamil.
¿Existe algún “hilo conductor” entre
los casos de la profesora Elba Esther Gordillo, los sobornos de Odebrecht y el
caso del exgobernador priista Javier Duarte? Diferentes en sus detalles,
similares por ser expedientes de presuntos actos de corrupción, los tres forman
parte de una historia que nos remite al 2012. Una historia de votos, sobornos y
financiamiento ilegal.
Específicamente, los tres constituyen pistas que conducen
al dinero debajo de la mesa, a los apoyos corporativos y a los pactos secretos
que se articularon para llevar a Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la
República. No son los únicos, por supuesto. Ahí están otros exgobernadores que
invirtieron en el proyecto Peña Nieto, otros contratistas que pagaron sobornos,
otros líderes sindicales que operaron para el retorno del PRI a la Presidencia,
pero estos son los tres que documentan un fracaso deliberado de la PGR en los
tiempos peñistas.
Los tres han vuelto a aparecer en el tramo final del
sexenio de Enrique Peña Nieto. Los fantasmas de la corrupción nunca lo dejarán
de perseguir por más amnistías o actos de disculpas y perdón que asuma en
vísperas de su sexto y último informe de gobierno.
En menos de un mes coincidieron la
liberación de la dirigente magisterial, la prohibición judicial para detener a
Emilio Lozoya Austin –principal implicado en el caso Odebrecht– y el riesgo de
que Javier Duarte de Ochoa salga de prisión una vez que la PGR retiró el delito
de delincuencia organizada para reclasificarlo como “asociación delictuosa”
El caso
Odebrecht tiene un largo y sinuoso recorrido. Vamos para casi dos años del
“destape” del escándalo de la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht
en al menos 12 naciones. México es el
único país donde no hay un solo responsable en la cárcel. De acuerdo con el
reciente reportaje de Jesusa Cervantes en Proceso, cancelar los millonarios contratos entre Pemex y esta compañía puede
tener un costo enorme para el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador:
cerca de 24 mil millones de pesos tan sólo por la cancelación de la planta
Etileno XXI, donde Pemex y Odebrecht firmaron un contrato en este sexenio, con
efectos negativos para el erario.
El
expediente más delicado de Odebrecht nos remite al 2012. Es el presunto pago de sobornos por 4 millones de dólares durante la
campaña electoral peñista a través de Lozoya Austin, quien se desempeñó como
responsable de Vinculación Internacional en el equipo del exgobernador
mexiquense y luego fue el director general de Pemex. El pago se habría hecho a
través de una cuenta de Latin American Asia Capital, en las Islas Vírgenes,
empresa presuntamente vinculada a Lozoya.
En la misma
edición 2182 de la revista Proceso, el periodista Raúl Olmos, autor del libro
Gigante de lodo, reveló que en su
testimonio como delator el exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de
Meneses Weyll, aseguró que en marzo de 2012 se reunió tres veces con Lozoya
Austin, y que en el segundo de estos encuentros se negoció el pago de 4
millones de dólares de sobornos en una cuenta ubicada en el banco Gonet &
Cie, en Ginebra, a nombre de Latin America Asia Capital Holding Ltd, una
compañía “fantasma” ubicada en las Islas Vírgenes Británicas.
“El dinero de Odebrecht comenzó a
fluir a las tres semanas. El 20 de abril el Meini Bank, ubicado en la isla de
Antigua, transfirió 250 mil dólares –equivalentes a 3 millones 350 mil pesos de
entonces– a la cuenta de Suiza”, se afirma en el texto de Raúl Olmos.
Estos indicios constituyen un grave
delito electoral que fueron investigados por el extitular de la FEPADE,
Santiago Nieto Castillo, hasta que fue defenestrado del cargo en octubre de
2017, bajo el pretexto de que habría revelado información confidencial del
expediente a la prensa. Antes de que obligaran a Nieto a renunciar, el
procurador general Raúl Cervantes Andrade, priista y aliado de Peña, decidió
salvar su propio prestigio antes que acatar la orden de frenar la investigación
de Odebrecht.
El 11 de
diciembre de 2017 la Secretaría de la
Función Pública inhabilitó por cuatro años a Odebrecht para firmar nuevos
contratos con dependencias federales, incluyendo Pemex, pero la PGR
prácticamente “congeló” la investigación en contra de Lozoya.
El pasado
viernes 24, una jueza federal, Luz María
Ortega, prohibió a la FEPADE pedir la aprehensión o la presentación ante
tribunales de Emilio Lozoya hasta en tanto no se resuelva el amparo solicitado
por el exdirector de Pemex.
Antes de
esta sentencia, en marzo de este año, otra jueza ordenó a la Subprocuraduría de
Delitos Federales por Lavado de Dinero y Cohecho continuar con la
judicialización del caso de Lozoya.
El caso Odebrecht también tiene hilos
conductores con Javier Duarte, según el mismo libro de Raúl Olmos. Odebrecht y
su filial Braskem ya habían invertido desde antes en Veracruz. En julio-agosto
de 2011, la entonces dirigente del PRI, Beatriz Paredes, volvió de Brasil en la
misma comitiva donde estuvieron los empresarios Eustaquio de Nicolás, amigo de
Peña Nieto, y los veracruzanos Francisco Franky García González y Moisés
Manzur, ambos señalados como presuntos prestanombres de Javier Duarte (Javidú).
“No hay ningún otro lugar en el mundo
donde tengamos un compromiso tan grande como lo tenemos en Veracruz a través de
la empresa Braskem”, había dicho Marcelo Odebrecht, el presidente de esta gran
compañía corruptora.
¿Qué secretos sabe Javier Duarte de
la relación entre Odebrecht y la campaña de Peña Nieto? ¿Son esos presuntos
vínculos los que tienen al exmandatario priista tan confiado en salirse con la
suya? ¿Hay alguna relación entre estos sobornos y los famosos 20 millones de
pesos en efectivo que se descubrieron en un avión procedente del gobierno de
Veracruz y que se encontró en el aeropuerto de Toluca en 2012?
Duarte “huyó” del país después de dar
una entrevista con Televisa, en octubre de 2016. Todo mundo lo vio. Y a todos
se “les perdió”. Evidentemente, hubo una protección indirecta desde Los Pinos
para facilitar la graciosa desaparición del personaje veracruzano.
Después de
su estrambótica detención en Guatemala, Duarte
lanzó sus enigmáticas palabras de advertencia dirigidas evidentemente a sus
exaliados del poder presidencial: “Paciencia y prudencia, verbal continencia,
presencia y ausencia, según conveniencia”. Duarte fue extraditado
específicamente por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero,
y está preso desde el 17 de julio de 2017 en el Reclusorio Norte.
La reclasificación del primer delito
por asociación delictuosa no libera de inmediato a Duarte, quien tiene aún
varios procesos pendientes en Veracruz, pero es una demostración de la incapacidad
de la PGR para armar un expediente sólido.
Las órdenes de aprehensión en su
contra por desaparición forzada y en materia electoral, giradas por el gobierno
de Miguel Angel Yunes, no se pueden cumplimentar porque Guatemala no otorgó la
extradición en esta materia, según han señalado los especialistas jurídicos.
El caso judicial de Elba Esther, hasta ahora, no se relaciona
directamente con los presuntos fondos ilegales de Odebrecht o con las
truculencias de Javier Duarte, pero su
papel en la campaña presidencial del 2012 fue determinante también para la
victoria de Peña Nieto. Tan determinante como cuando forzó a Peña Nieto en 2011
a cambiar la decisión de elegir como sucesor a su primo Alfredo del Mazo y no a
Eruviel Avila Villegas.
En su cuenta
de Twitter, el abogado Jesús Robles Maloof sintetizó así la situación:
“La explicación política a la
libertad de Elba Esther y Javier Duarte está en el 2012. Votos y
financiamiento. Plenamente documentado en reportajes e investigación, el apoyo
a la campaña de EPN. Les debe y le saben. EPN no tiene legitimidad que cuidar.
¿AMLO? Sean serios”.
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