El próximo 1 de septiembre dejarán de
ser diputados federales cinco exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, en
el que ocuparon altos cargos en dependencias de Veracruz desde las cuales se
hicieron millonarios pagos a empresas fantasma. Gracias a su fuero como
legisladores no se ha podido proceder en contra de algunos de ellos.
Se trata de Antonio Tarek Abdalá quien fuera Tesorero de la
Secretaría de Finanzas de Veracruz; Alberto
Silva Ramos quien se desempeñó como secretario de Desarrollo Social y coordinador
de comunicación social; Adolfo Mota
Hernández quien ocupó el cargo de secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera quien trabajó
como Oficial Mayor de dicha dependencia; y Noemí
Guzmán Lagunes, exsecretaria de Protección Civil.
En las elecciones federales de 2015
todos ellos obtuvieron un lugar en la Cámara Baja abanderados por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), con excepción de Spinoso quien compitió por
el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Lo hicieron justo después de dejar
sus cargos en el gobierno de Veracruz y cuando ya se habían realizado la mayor
parte de las transferencias de recursos públicos a las compañías fachada con
licitaciones simuladas.
Animal
Político y Mexicanos contra la Corrupción (MCCI) publicaron en mayo pasado que la administración de Javier Duarte
transfirió más de 3 mil 600 millones de pesos a una red de empresas fantasma a
través de distintas dependencias, entre ellas las que encabezaron los hoy
diputados federales.
El año pasado la Fiscalía de Veracruz
intentó proceder en contra de algunos de los legisladores, pero el fuero que
perderán el próximo 1 de septiembre lo impidió.
La
Procuraduría General de la República también investiga, por su parte, la desaparición de recursos federales en la
gestión de estos funcionarios a partir de las denuncias formales interpuestas
por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El personaje
clave.
El diputado federal Antonio Tarek
Abdalá es una figura central en los pagos a la red de empresas fantasma. Desde
su cargo como tesorero del Estado dio el visto bueno para la salida de los
recursos e incluso, según exfuncionarios de Veracruz, por orden suya se
anticiparon pagos a dichas empresas antes de que se simularan los procesos de
licitación y adjudicación en las dependencias.
Al inicio
del gobierno de Duarte se desempeñó como tesorero del DIF Estatal, instancia
desde la cual arrancó el pago a las compañías fachada. Luego, con su llegada a
la Tesorería del Estado, estos pagos se extendieron a múltiples secretarías. De
acuerdo con lo documentado por Animal Político y Mexicanos contra la
Corrupción, fueron poco más de 1 mil 459 millones de pesos los pagos que
salieron de la tesorería a las compañías fachada.
Abdalá estuvo presente en distintas
operaciones irregulares. Por ejemplo, Xóchitl Tress –exfuncionaria del gobierno
de Duarte – declaró ante el Ministerio Público que fue Tarek quien encabezó la
reunión en la que usando una empresa fachada del contador Víctor López Gachuz,
se le transfirió dinero para adquirir una casa.
En
septiembre de 2017 la Fiscalía General
de Justicia del estado de Veracruz reveló que integraba una carpeta de
investigación en contra de Tarek Abdalá por su probable participación en
diversos ilícitos, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento del deber
legal y peculado. Por este motivo envió una misiva al Congreso en la que
solicitaba su desafuero, a fin de que pudiera ser presentado ante el Ministerio
Público.
Sin embargo,
en octubre de ese mismo año la Sección
Instructora de la Cámara de Diputados – presidida por un diputado priistas –
rechazó darle siquiera trámite a la solicitud de la Fiscalía de Veracruz, bajo
el argumento de que la carpeta de investigación en la que se involucraba a
Tarek Abdalá no estaba resuelta.
En los últimos meses los abogados del
diputado federal han promovido demandas de amparo para averiguar si hay
investigaciones u órdenes de aprehensión en su contra.
El vocero.
El diputado
federal Alberto Silva Ramos trabajó en
distintos momentos en la administración de Javier Duarte. Antes de 2015 lo hizo
principalmente como secretario de Desarrollo Social y luego, tras obtener su
lugar en San Lázaro pidió licencia para ocupar durante algunos meses el cargo
de coordinador General de Comunicación Social. Luego de la derrota del PRI en
las elecciones estatales de 2016 volvió a su escaño en San Lázaro.
La Secretaría de Desarrollo Social es
la segunda dependencia del gobierno de Veracruz de donde salió una mayor
cantidad de pagos a las empresas fantasma, solo detrás de Finanzas. Un parte de
ellos fueron en la gestión de Silva Ramos. En total, dicha dependencia adjudicó
vía contratos más de 635 millones de pesos a las compañías irregulares.
Por su parte
la Fiscalía de Veracruz investigó y
determinó pagos irregulares hacia empresas fantasma desde la Coordinación
General de Comunicación Social, esto en la gestión de Silva y de su antecesora.
En agosto de
2017 la referida fiscalía pidió
formalmente al Congreso de la Unión el desafuero de Silva Ramos. A diferencia
de lo sucedido de Tarek, en este caso el proceso sí se puso en marcha por parte
de la sección instructora, sin embargo, la comisión de puntos constitucionales
terminó desechando el procedimiento.
Luego de conocer que era investigado
formalmente por la Fiscalía de Veracruz, Silva Ramos envió una declaración
ministerial por escrito a través de sus abogados al Ministerio Público, en la
que negó haber actuado premeditadamente para desviar recursos, y subraya que
los pagos que se llegaron a realizar eran por instrucción de la secretaría de
Finanzas de la entidad.
El resto.
El diputado
federal del PRI Adolfo Mota Hernández, y
el legislador del Verde Edgar Espinoso, laboraron en la Secretaría de Educación
de Veracruz antes de llegar a la Cámara Baja. El primero lo hizo como titular
de dicha dependencia y el segundo como Oficial Mayor de la misma. Además, Spinoso
también ocupó el cargo de subsecretario de Administración y Finanzas.
Animal
Político y MCCI documentaron que la
Secretaría de Educación de Veracruz realizó pagos por más de 216 millones de
pesos a múltiples empresas fachada pertenecientes a la red creada por el
despacho del contador Víctor López Gachuz. No hay constancia confiable de que
los servicios se realizaron, aunque el dinero sí se transfirió.
Investigaciones
a cargo del gobierno de Veracruz advierten
además que Mota podría haber fungido como supuesto prestanombres para la
adquisición de propiedades en los Estados Unidos.
En el caso
de Spinoso Carrera este ha colaborado
con el gobierno de Miguel Ángel Yunes y ha devuelto varias propiedades,
incluyendo una avioneta y un helicóptero, sin embargo, no está claro si a cambio de ello no se procederá en su contra.
En el caso
de la diputada Noemí Guzmán Lagunes ella trabajó como titular de la Secretaría
de Protección Civil de Veracruz, cargo del que renunció para buscar su lugar
como diputada federal en 2015.
Durante la gestión de Guzmán, la referida dependencia otorgó contratos por casi 60 millones de pesos
a compañías fachada. El concepto de dichos contratos eran supuestos apoyos con
materiales y despensas para damnificados, sin embargo, cuando se solicitó vía
transparencia la comprobación de que esto se realizó, la respuesta oficial es
que no se encontraron los expedientes.
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