Alejandro
Encinas, quien a partir del próximo 1 de diciembre será subsecretario de
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, advierte que habrá un “cambio de paradigma en la relación de las
Fuerzas Armadas en el país”. El propósito es terminar con la impunidad de las
tropas que hayan cometido abusos contra la población. Su principal compromiso, dice
en entrevista con Proceso, es crear una
Comisión de la Verdad y resolver los casos más emblemáticos heredados de la
administración de Enrique Peña Nieto: Tlatlaya y Ayotzinapa.
El viernes
24, casi al mismo tiempo en que el encargado de garantizar el respeto
irrestricto a los derechos humanos de los mexicanos, Alejandro Encinas Rodríguez, habló de la responsabilidad que le delegó
Andrés Manuel López Obrador, éste anunció que los elementos castrenses en
funciones de seguridad pública durante los últimos 12 años seguirán en las
calles.
Entrevistado
en su oficina del Senado, Encinas habla
de la herencia del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de derechos
humanos. Los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, dice, son emblemáticos, pues
varios de los militares implicados no han sido sancionados.
Cuestionar a un militar no va en
demérito de la institución castrense, aclara, y apunta: “Ese prurito es
absurdo; en el fondo es encubrimiento”, comenta.
Encinas es
uno de los poco colabores de López Obrador que no pasó por el PRI. Comenzó su
militancia en el Partido Comunista Mexicano.
Señala que la práctica de las Fuerzas
Armadas de acuerparse frente a señalamientos de graves violaciones a derechos
humanos se remonta al menos a la época del homicidio del líder campesino Rubén
Jaramillo y su familia, la matanza de Tlatelolco en 1968, las desapariciones
forzadas de la Guerra Sucia y las represiones a los movimientos obreros.
“Siempre se vio esa intervención del
Ejército como una intervención institucional y no como una responsabilidad del
presidente”, destaca Encinas. Recuerda: en los años de control férreo del PRI,
la actuación de las Fuerzas Armadas respondía al cumplimiento “de la orden del
jefe máximo”; al menos así sucedió durante la represión estudiantil en 1968,
cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz “asumió personalmente la
responsabilidad política, histórica y jurídica”.
Considera que en años recientes se ha
malentendido la defensa de la institución castrense al proteger a elementos que
han fallado. Y sentencia: “Ni el Ejército ni la Marina tienen por qué asumir
como institución los errores o los abusos que cometen sus elementos… No tienen
por qué encubrir una responsabilidad en una malentendida defensa de la
institución”.
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