Este año, como parte de las
“asignaciones a los grupos parlamentarios” del Presupuesto de Egresos de la
Federación, tienen 521 millones 654 mil pesos más, sin que se sepa, a ciencia
cierta, cómo y en qué será invertido el dinero.
Los 2, 787 millones
de pesos erogados –equiparable, por
ejemplo, al presupuesto de la SEP de este año para mejorar 1 mil 651 escuelas
en 17 entidades federativas– forman parte de recursos aprobados y utilizados
por los partidos políticos sin un control adecuado, dijo a SinEmbargo Jaime
Hernández Colorado, coordinador ejecutivo del programa Interdisciplinario de
Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El gasto que se les asigna a los
diputados “está lejos de ser racional, pues es a todas luces excesivo. No digo
que se deba eliminar, sino ajustar con una lógica racional para que garantice
el funcionamiento adecuado de las estructuras partidistas, pero nada más”, expuso el investigador.
Según la
información disponible en la Gaceta Parlamentaria, entre septiembre de 2015 y febrero de 2018, el PRI se hizo de 1 mil 045
millones 402 mil pesos por esta vía. Le siguieron el PAN (551 millones 849 mil
740 pesos), el PRD (469 millones 822 mil 097.05 pesos), el PVEM (229 millones 747
mil pesos), MORENA (193 millones 652 mil pesos), MC (121 millones 698 mil
pesos), PANAL (84 millones 274 mil pesos) y PES (91 millones 035 mil 040 pesos).
Los montos corresponden a cinco tipos
diferentes de subvenciones, además de “apoyos a personal” y “otros ingresos” de
los grupos parlamentarios. De las subvenciones, una es fija –lo que quiere
decir que el monto para cada grupo parlamentario, sin importar el número de
integrantes, es igual– y es utilizada para “actividades complementarias” (que
no están definidas en la ley). En los últimos tres años, este tipo de
estipendio fue de 12 millones anuales para cada partido político.
Las cuatro
subvenciones restantes, son calculadas
por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, según
el número de integrantes de cada grupo parlamentario (hay uno por cada partido
político que cuente con diputados en la Cámara, y debe ser integrado por al
menos cinco legisladores, de acuerdo con el artículo 26, base II, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos).
Fuentes al
interior de las secretarías Técnica y de Transparencia de la JUCOPO en la
Cámara Baja, confirmaron a SinEmbargo
que las designaciones presupuestales para los grupos parlamentarios son
establecidas “por acuerdo entre los partidos políticos”. Más allá de esa
explicación, el mecanismo con que la JUCOPO calcula los montos para cada
bancada, es un enigma.
El importe de las subvenciones que se
entreguen a los grupos parlamentarios “se obtendrá multiplicando la cantidad
que determine la JUCOPO, por el número de Legisladores en funciones que
integren cada grupo parlamentario”, refiere el artículo 9 de la Norma para Regular la
Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos
Parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Entre las
subvenciones se encuentra la “ordinaria
variable” (para “apoyos a la función legislativa”), la de “apoyos logísticos”
(para gestoría) y “de honorarios” (para pagarle a asesores y consultores).
Además, el artículo 11 permite a la JUCOPO “autorizar, en casos excepcionales,
subvenciones especiales por única vez, para atender asuntos específicos, si
existe disponibilidad presupuestal para ello”.
El PRI, PAN, PRD, PVEM, MORENA, MC,
PANAL y PES gastaron, entre septiembre de 2015 y febrero de 2018, 2 mil 029
millones 811 mil 577.14 pesos por concepto de subvenciones “ordinarias
variables”; 10 millones 057 mil 223.98 pesos en “apoyos logísticos”; 111
millones 312 mil 105.80 pesos por “honorarios” (MORENA no registró gastos en
este rubro); y 250 millones 035 mil 456 pesos en “subvenciones
extraordinarias”.
Asimismo, los partidos erogaron 88 millones 797 mil
644 pesos para “apoyos” y “gratificaciones” para personal, además de 45
millones 414 mil 870.13 pesos correspondientes a “otros ingresos”, que
recibieron PRI, PAN, PRD y PVEM.
Por lo demás, no es posible saber, a cabalidad, en qué
gastaron los partidos políticos, porque no están obligados a publicar las
facturas y recibos de sus egresos. La normatividad referida (artículos 15 a
23) sólo establece la obligación de
presentar informes cuatrimestrales y semestrales ante la JUCOPO y la
Contraloría Interna, basados en un sistema contable a consideración de cada
grupo, según los formatos y la clasificación de subvenciones y rubros
establecidos por ley.
A pesar de que el artículo 9 de la
normatividad de recursos financieros del Congreso de la Unión establece que “en
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y en la adopción e
instrumentación de las acciones que para tales efectos deban llevarse a cabo,
se observarán criterios que promuevan el ahorro de recursos y la eficiencia en
el trabajo, así como la transparencia, la simplificación, la modernización y el
desarrollo administrativo”, la realidad es que los grupos parlamentarios
reciben carretadas de dinero sin rendir cuentas con total apertura.
Por ello,
explicó Jaime Hernández Colorado del CIDE,
hace falta “un rediseño de las reglas de asignación de recursos de los partidos
políticos, con base en sus necesidades presupuestales reales, para el
cumplimiento de sus obligaciones y su operación administrativas”.
EL CAMBIO
QUE SE AVECINA.
A finales de
2016, se suscitó una polémica en la
Cámara de Diputados porque los legisladores decidieron darse un bono de 150 mil
pesos, cada uno. Este regalo, que nombraron “apoyos a personal”, causó disputas
entre los grupos parlamentarios, porque además del bono, como parte de sus
prestaciones de fin de año, los diputados ya tenían un beneficio similar como
parte de sus ingresos mensuales. Estas prestaciones, se sumaron a los apoyos
que reciben de la “subvención para honorarios de grupos parlamentarios” y de la
“subvención de apoyo para el personal de grupos parlamentarios”.
“No permitamos que los diputados
reciban el bono escandaloso, ostentoso, ilegal e inmoral que pretende la
mayoría de los legisladores recibir, cuando ya tienen su aguinaldo, su dieta,
cuando tienen un ingreso mensual satisfactorio muy superior al que recibe la
mayoría de los mexicanos”, dijo entonces el Diputado emecista Manuel Espino.
Según el PEF
2018, este año la Cámara de Diputados
recibió 8 mil 439 millones 435 mil 153 pesos. De esta cantidad, el 64.4 por
ciento corresponde al rubro de “servicios personales” (cada Diputado nos cuesta
5 mil 328.11 pesos diarios, entre salario y prestaciones) y el 16 por ciento a
“servicios generales” (que incluye el paquete de subvenciones). El resto se
divide en “transferencias y subsidios” (14.8 por ciento), “obra pública” (2.9),
“materiales y suministros” (1.7) y “mobiliario y equipo” (0.2).
En el marco
de la LXIV Legislatura (que iniciará el 1 de septiembre de 2018 y concluirá el
31 de agosto de 2021), la Diputada de Morena Dolores Padierna ha propuesto
reducir el gasto de la Cámara Baja.
“El principal concepto de ahorro
sería la reducción de los salarios de los mandos medios y superiores en
congruencia con lo señalado en el Artículo 127 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala que ‘Ningún servidor público
podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para
el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente’”, refiere su Propuesta de Reducción
de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Según la
Diputada, la percepción bruta anual de
los legisladores sería reducida, para 2019, en 21.79 por ciento (de 5 mil
328.11 a 4 mil 166.66 pesos diarios). Asimismo, de las 4 mil 047 plazas con que
cuenta la Cámara de Diputados, 687 tendrían una reducción salarial que
permitiría un ahorro de 352 millones de pesos, equivalente al 25.7 por ciento
de lo que reciben actualmente.
En el caso del capítulo presupuestal
“servicios generales” (que incluye el paquete de subvenciones), los morenistas
planean ahorrar 353.6 millones de pesos, con recortes que reducirían las
“asignaciones a los grupos parlamentarios” a la mitad (de 521.6 a 260.8
millones de pesos). De esta forma, el capítulo entero tendría ahorros
consolidados de 26.1 por ciento.
Del resto de
los capítulos, el de “materiales y
suministros” y el de “mobiliario y equipo” quedarían igual; el de “subsidios y
transferencias sería recortado en un 50 por ciento (con un ahorro de 623
millones de pesos) y el de “obra pública” podría ser suprimido siempre y cuando
no hubiera obras en proceso.
“En síntesis –refiere el documento de
Padierna– las disminuciones propuestas ahorrarían 2 mil 752 millones de pesos,
equivalentes al 32.6 por ciento de lo autorizado para 2018”.
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