Para evitar
recortes de agua como el que está afectando a la Ciudad de México y 13
municipios del Estado de México, en 2013
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) encargó a unas empresas contratistas la
construcción de una tercera línea del sistema Cutzamala, que distribuye el
vital líquido en el Valle de México.
Sin embargo,
la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) detectó que la institución pagó 56 millones 702 mil pesos de manera
injustificada a algunas de las empresas contratadas: un consorcio encabezado
por la constructora La Peninsular, propiedad del magnate Carlos Hank Rhon y
otro encabezado por el grupo Hycsa, de Alejandro Calzada Prats.
Ambas empresas, vinculadas de manera
histórica con el PRI, forman parte del reducido grupo de contratistas más
beneficiadas por contratos de obra pública durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto; y ambas integraron consorcios que obtuvieron contratos en el Nuevo
Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Estos pagos se sumaron a las
anomalías por 28.4 millones de pesos que la ASF detectó el año pasado en el
mismo proyecto.
En aquella ocasión, el órgano
fiscalizador incluso señaló que la Conagua gastó 20 millones de pesos por
trabajos supuestamente no realizados, pues la propia institución resultó
incapaz de aclarar a los auditores el trabajo realizado.
En su
informe de auditoría 429-DE –publicado hoy–, la ASF revisó una muestra de 317 millones de pesos, de los 607 millones
de pesos que ejerció la Conagua en 2017 en cuatro contratos que ampararon la
construcción de la tercera línea de conducción del sistema Cutzamala.
De acuerdo
con el documento, el consorcio
encabezado por La Peninsular cobró a la Conagua por 13 millones 695 mil pesos
de “pagos excepcionales” en diciembre de 2016 y enero de 2017, los cuales
resultaron “fuera de catálogo” en la opinión de la ASF, pues ya venían
incluidos en el contrato.
En el caso
del otro consorcio, la ASF detectó que
la Conagua pagó 14 millones 192 mil pesos y 28 millones 814 mil pesos sin
proporcionar a los auditores la documentación de soporte de los trabajos
ejecutados.
La tercera línea del sistema
Cutzamala se diseñó para llevar 12 metros cúbicos de agua cada secundo a la
Zona Metropolitana y Toluca, una cantidad suficiente para “mantener la
operación del sistema, así como la inspección, diseño y rehabilitación de las
líneas de conducción existentes SIN NECESIDAD DE CORTAR EL SUMINISTRO DEL
LÍQUIDO A LOS USUARIOS FINALES”, según la ASF.
Para ello, el gobierno federal planeó gastar 5 MIL 200
millones de pesos. Las obras arrancaron en marzo de 2014 y debían concluir en
2017; sin embargo, el pasado 23 de
octubre Abdías Montoya, residente a cargo de la operación de Cutzamala, indicó
que todavía le faltaba un 20%, como lo reportó el periódico Reforma ese día.
La ASF
auditó los gastos de la Conagua “a fin de comprobar que las inversiones físicas
se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación y normativa
aplicables”, y concluyó, con base en sus observaciones, que “en términos
generales, la Comisión Nacional del Agua no cumplió las disposiciones legales y
normativas aplicables en la materia”.
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