El próximo 7 de noviembre, los ojos del mundo estarán sobre México. En esa fecha está programado el tercer Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en el país, el mecanismo de la ONU conocido como #EPU.
Esta evaluación será una especie de
examen final del gobierno de Enrique Peña Nieto, a tan solo unos días de que
concluya el periodo del priista como jefe del Estado mexicano.
“Este año en particular, es
especialmente importante porque (el EPU) viene justo en el contexto de
transición en el país, y podemos pensar que a la vez constituye una evaluación
del sexenio de Enrique Peña Nieto”, comentó en entrevista Stephanie Erin Brewer, coordinadora
del área internacional del Centro Prodh.
“Llega en un momento de muchos
cambios y de muchas oportunidades para reorientar las acciones del Estado, las
políticas”, agregó.
Es la
segunda vez en que se aplica el #EPU, durante el gobierno de Peña Nieto. La
primera fue en 2013. Entonces México
recibió decenas de recomendaciones, como establecer un programa integral para
reducir la violencia contra las mujeres; crear una base de datos de migrantes
desaparecidos; mejorar las condiciones de las prisiones; redoblar los esfuerzos
para combatir la corrupción y la impunidad, y garantizar las asignaciones de
presupuesto para el mecanismo de protección de defensores de derechos y periodistas,
entre otros puntos.
Las naciones de la ONU se
pronunciarán sobre su cumplimiento y harán nuevas recomendaciones, durante el
EPU, aunque organizaciones ciudadanas en México ya han adelantado que califican
como “reprobado” al gobierno de Peña Nieto, porque a su parecer la situación de
los derechos humanos en el país se ha deteriorado.
Cómo se hace
la evaluación.
El Examen
Periódico Universal (EPU) es una
herramienta para que los 193 países miembros de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) revisen entre sí, entre pares, la labor de sus estados respecto a
la situación de los derechos humanos en su territorio. Qué retos hay, cuáles
son las violaciones más preocupantes, y qué prácticas pueden implementarse para
mejorar.
Si bien oficialmente no hay una
categoría de “aprobado” o “reprobado”, el mecanismo exhibe a nivel
internacional las fallas o carencias de los estados, para que las naciones
hagan propuestas y ayuden a mejorar la situación de derechos humanos.
El 7 de
noviembre, una delegación de funcionarios
mexicanos en Ginebra, Suiza, que es la sede del Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, recibirá cuestionamientos de representantes de otras naciones, respecto
a qué está pasando con temas como el sistema de justicia del país, la
violencia, las desapariciones forzadas, el marco jurídico y la impunidad.
De hecho, algunos países ya adelantaron sus preguntas
específicas. Alemania cuestionó a México por los casos de espionaje a
defensores de derechos y periodistas, y si la Comisión Nacional de Búsqueda de
Desaparecidos tiene personal y presupuesto suficiente.
Estados
Unidos preguntó por qué México ha “fallado” en establecer una Fiscalía general
independiente, y cuándo estarán listas las corporaciones de policía para
hacerse cargo por completo de la seguridad pública, en lugar de que el Ejército
haga también esas labores.
Los funcionarios del gobierno de
Enrique Peña Nieto podrán responder a las interrogantes y exponer lo que
consideran avances
Todas las naciones tienen la
oportunidad de hacer preguntas a México, aunque para tener orden, el EPU
funciona con Grupos de Trabajo. En el Grupo de Trabajo para el examen del 7 de
noviembre habrá un delegado de Ruanda, uno de Corea del Sur y otro de Panamá.
Este grupo de delegados o relatores,
conocido como troika, ordenará y retransmitirá las preguntas que hayan hecho
las naciones de la ONU a México, en un diálogo interactivo de 3 horas y media,
donde también podrá hacer cuestionamientos, pedir precisiones o señalar
oportunidades de mejora.
Al concluir el diálogo, la troika
elaborará un resumen que integre las preguntas y observaciones, y las
intervenciones de los representantes del Estado mexicano.
Este proceso lleva a dos fechas
importantes: en diciembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a partir
de lo expuesto en el examen del 7 de noviembre, emitirá un listado de
recomendaciones para México (en 2013 fueron 176 recomendaciones).
Luego, en marzo de 2019, el Estado
mexicano deberá responder qué recomendaciones acepta, y cuáles no; para ese momento ya estará en
funciones el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Tres
documentos clave.
Para el
Examen Periódico Universal del 7 de noviembre, son clave tres documentos que ya
pueden consultarse en línea.
Para hacer preguntas u observaciones
a México, las naciones tienen a su disposición el Informe nacional que presenta
el Estado que es sometido a revisión. Incluye datos de 36 dependencias
federales, la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, y
las cámaras de senadores y diputados, como las leyes aprobadas en materia
anticorrupción, contra la tortura, en materia de desaparición forzada, la
implementación de programas y protocolos, y cifras sobre pobreza y rezago
educativo.
El segundo
documento clave es elaborado por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Contiene información de los comités o relatores de las Naciones Unidas, a
partir de visitas realizadas a México, respecto a carencias en tareas como
combatir la contaminación ambiental, el nivel de violencia “alarmantemente
alto”, ejecuciones extrajudiciales en casos como Tlatlaya, o la tortura y
detenciones arbitrarias en la investigación sobre Ayotzinapa.
El tercer
documento clave para el #EPU de México es
un resumen de las observaciones o recomendaciones de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos de México, y cientos de organizaciones ciudadanas y
colectivos. Entre otros puntos, en este reporte la CNDH acusa que las
instancias que deben brindar seguridad son las que cometen mayores violaciones
a la seguridad personal, que el 80% de las víctimas de trata son mujeres, que
persiste la situación precaria de los pueblos indígenas, y que la Ley de
Seguridad Interior carece de certeza jurídica.
El
#ColectivoEPUmx.
Para incidir en el proceso de
evaluación al que será sometido el Estado mexicano, más de 200 organizaciones
ciudadanas se agruparon en el #ColectivoEPUmx, y entregaron a la ONU un informe
conjunto sobre las fallas y retos que tiene el Estado mexicano, en su misión de
preservar los derechos humanos de los ciudadanos.
Entre los
integrantes del colectivo están organizaciones como la Comisión Mexicana de
Defensa Y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19, el Centro de Derechos
Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh), y el Centro de Derechos
Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
El informe
de la sociedad civil, cuyos datos forman parte del paquete de documentos con el
que las naciones harán cuestionamientos a México, puede consultarse aquí.
En este documento, se señalan fallas
como que continúan predominando las violaciones sistemáticas y sistémicas
contra personas migrantes; que la Ley de Seguridad Interior pretende
profundizar la militarización de la seguridad pública, y que México vive una
situación “crítica” de violencia e impunidad, con récords de homicidios y al
menos 310 mil personas desplazadas, desde 2009.
Además de
ese reporte, el mecanismo del EPU
establece que las organizaciones de la sociedad civil participen acudiendo a Ginebra,
y realicen “labores de incidencia para que el Estado acepte las
recomendaciones”, además de hacer un posicionamiento público sobre la respuesta
del gobierno mexicano ante el escrutinio internacional.
El EPU,
explicó Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la CIDH, es “la evaluación más importante en materia
de compromisos internacionales sobre derechos humanos”, y las recomendaciones
que surjan pueden ser un “mapa de ruta” para el próximo gobierno de México.
¿Por qué las
ONG dicen que EPN está reprobado?
Erin Brewer,
del Centro Prodh, explicó que las ONG
del #ColectivoEPUmx no tienen una cifra o porcentaje de las recomendaciones de
2013 que fueron cumplidas, porque cada una de ellas requiere una valoración o
una forma de calificación distinta, aunque en general puede decirse que
prevaleció un desempeño negativo.
“Una minoría de recomendaciones
incluyen acciones concretas tipo ‘retirar reservas a tratados internacionales’.
En esos casos, es posible medir el cumplimiento de manera binaria (sí/no) o
numérica. En esa materia, el Estado retiró 4 reservas a tratados
internacionales”,
apuntó Brewer.
Otras recomendaciones “binarias”,
continuó Brewer, como abolir por completo la figura del arraigo, no se
cumplieron.
“Otras más que se refieren a reformas
legales o armonización legislativa muestran avances, sobre todo por la entrada
en vigor del nuevo sistema de justicia penal y la publicación de las leyes
generales sobre tortura y desaparición forzada”, agregó.
La mayoría de las recomendaciones
hechas a México se refieren a “garantizar” el respeto a ciertos grupos, como
las mujeres o la población indígena, o a “fortalecer” mecanismos como la
protección de periodistas.
En esos
casos, dijo Brewer, el #ColectivoEPUMx concluyó que la regla es de
incumplimiento o cumplimiento muy limitado o deficiente, “es decir, las mismas
problemáticas recomendadas en 2013 generalmente persisten sin avances
sustantivos”. De ahí que consideren que el gobierno de Peña Nieto “sale
reprobado”, en el tema de derechos humanos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.