Pese a que
las dependencias que estuvieron a su cargo firmaron más de 40 convenios con
universidades públicas, a través de los cuales presuntamente se desviaron
millones de pesos de recursos públicos como parte de la denominada Estafa
Maestra, las gestiones de Emilio Lozoya
en Pemex, Alfredo del Mazo en Banobras, Emilio Chuayfett en la SEP, y Gerardo
Ruiz Esparza en SCT, no acumulan ni una sola acusación penal en su contra.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) informó
ayer que ha presentado ante la PGR 30 denuncias penales por el presunto desvío
de casi 5 mil millones de pesos, como parte del seguimiento a La Estafa
Maestra. Pero ninguna de ellas está relacionada con las dependencias federales
mencionadas.
En cambio, más del 75 % de las
denuncias penales, y el 100 % de los procesos administrativos para recuperar
recursos que se han transparentado, se han promovido en contra de la Secretaría
de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, durante la gestión de Rosario Robles.
En
septiembre de 2017 Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad publicaron el reportaje “La
Estafa Maestra: Graduados en Desaparecer Dinero Público” en el que se
documentó, a partir de las auditorías de la propia ASF, que al menos once
dependencias federales habían empleado el mismo mecanismo para el presunto
desvío de recursos públicos.
Dicho
mecanismo consistía en aprovechar una cláusula del artículo 1 de la Ley de
Adquisiciones para entregar dinero a universidades y entes públicos mediante
convenios sin licitaciones. En la mayoría de los casos dicho dinero era
transferido ilegalmente a otras empresas, varias de ellas fantasma, que
simulaban realizar los servicios asignados.
De todas las dependencias
involucradas y presentadas en el reportaje, Petróleos Mexicanos (Pemex) es la
que firmó la mayor cantidad de convenios con las universidades, con 36 en
total, esto bajo la dirección de Emilio Lozoya.
Pero hasta ahora la ASF no ha presentado ninguna
denuncia penal ante la PGR por esta situación, ni se han hecho públicos
procesos administrativos contra funcionarios de dicha empresa, que pudieran
estar involucrados.
Tampoco se han promovido denuncias
penales en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que en la
gestión de Gerardo Ruiz Esparza ha firmado cuatro convenios; ni en contra de
Banobras que en la gestión de Alfredo del Mazo (hoy gobernador del Estado de
México) firmó tres convenios, ni en contra de la SEP que con Emilio Chuayfett
al frente firmó tres convenios con instituciones públicas.
Otras dependencias involucradas en
las presuntas irregularidades que tampoco han recibido denuncias por estos
casos en específico son Senasica, el Registro Nacional Agrario, y la Secretaría
de Economía.
Animal
Político solicitó a la ASF conocer el
motivo por el cual no se han presentado denuncias penales en contra de otras
dependencias por los convenios firmados con universidades, que las propias
auditorías han advertido ya como irregulares. Hasta la publicación de esta nota
no se había recibido respuesta oficial.
¿A quién sí
se ha denunciado?
De las 30
denuncias presentadas ante la Procuraduría General de la República (PGR), 23 de ellas se centran en los convenios
firmados exclusivamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en la
gestión de Robles, de 2013 a 2015, y en la Secretaría de Desarrollo Territorial
y Urbano (Sedatu) en 2015 y 2016, también con Robles al frente. Esto equivale
al 76 % de las denuncias presentadas. A ello se suman tres denuncias más
presentadas contra Sagarpa en la gestión de José Calzada Rovisorsa.
En el
documento entregado en mayo pasado al Congreso, el titular de la ASF, David
Colmenares, reconoció que se habían
enfocado en los casos registrados a partir de 2013, y que involucran a las
referidas dependencias, por un tema de interés público.
“El interés de diversos actores se ha
centrado en las contrataciones realizadas por tres entidades: (1) SEDESOL, (2)
SEDATU y (3) SAGARPA. Por ello, la ASF desea mostrar total apertura respecto al
seguimiento de las acciones que se derivaron de la fiscalización practicada en
las Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016”, dice el informe.
Una revisión
hecha por Animal Político al documento que la ASF publica en su sitio oficial,
con el historial de denuncias penales, permite
advertir que las denuncias restantes que no se han detallado en los mensajes
corresponden a casos contra el Instituto Nacional para la Educación de los
Adultos, contra Fovissste y contra Superissste.
En el año 2012 se identificaron
también cuatro denuncias penales contra Conaculta, por el mismo mecanismo. Es
todo por ahora.
De acuerdo
con lo señalado por la propia ASF en las auditorías practicadas a dichas
dependencias, el abuso del mecanismo
planteado por el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, que permite asignar
recursos directamente a universidades y entes públicos, es una práctica que se
generalizó en la administración pública federal derivando en un posible fraude
millonario al erario público.
Reclamo de
dinero solo en Sedesol.
Por el mismo
tema de La Estafa Maestra, el titular de la Auditoría Superior de la
Federación, David Colmanares, ha
reportado hasta ahora el inicio de 34 procedimientos administrativos promovidos
por la propia ASF en contra de personas físicas que deben devolver un total de
2 mil 400 millones de pesos.
De esos procedimientos se han
detallado públicamente 18, y todos están centrado en los convenios que la
Secretaría de Desarrollo Social firmó en la gestión de Rosario Robles.
Autoridades federales indicaron que los otros procedimientos que no se han
detallado también están centrados en su mayoría en esta dependencia.
“Como parte de estos procedimientos
se ha citado a comparecer a servidores públicos de las dependencias y entidades
contratantes, funcionarios de las universidades, así como a los proveedores
que, en su caso, fueron subcontratados”, indica el informe que la ASF presentó ayer ante el Congreso.
A diferencia de las denuncias penales
que se presentan ante PGR por estos casos, y en donde solo se denuncia el
hecho, en los procedimientos administrativos la ASF sí procede directamente
contra las personas físicas que concluye que están involucradas directamente en
el manejo irregular de los recursos, y en su caso les reclama su devolución.
Los casos
transparentados por la Auditoría son los relacionados con los convenios que
Sedesol firmó en 2013 y 2014 con los siguientes planteles: Universidad Autónoma
del Estado de México, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Tecnológica
Nezahualcóyotl, Universidad Politécnica de Texcoco, y con la Universidad
Tecnológica del Sur del estado de México.
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