El Penal de Topo Chico será demolido
en el año 2020, cuando cumpla 77 años en funciones, y los prisioneros que
alberga serán trasladados a celdas que se construyen en los penales de Apodaca
y Cadereyta.
El
secretario general del gobierno de Nuevo León, Manuel González Flores, informó este lunes que ya están en
construcción 350 celdas en Apodaca y próximamente comenzará la edificación de
otras 350 celdas en Cadereyta.
Durante la
glosa del Tercer Informe de Gobierno ante diputados en el Congreso de Nuevo
León, el funcionario informó que los
trabajos de ampliación del penal de Apodaca ya tienen un 60% de avance.
La inversión para ese proyecto sumará
los dos mil millones de pesos, de los cuales 900 serán aportados por el estado
y el resto por la Federación.
El
funcionario reconoció que las
instalaciones del Topo Chico han dejado de ser funcionales y ya no pueden
proporcionar las condiciones penitenciarias que demanda el sistema estatal, por
lo que es necesaria e impostergable la reubicación de los internos que ahí
purgan condenas.
Los días 10 y 11 de febrero de 2016
fueron asesinados 49 internos en el penal de Topo Chico, en una de las peores
matanzas carcelarias del país.
“Pensamos nosotros liberar y cerrar
totalmente el penal de Topo Chico, un penal que dejó de ser eficaz, que dejó de
ser el lugar donde podamos lograr la reinserción de los reos recluidos en ese
lugar”, dijo
González.
Manuel
González Flores agregó que, tras
concluir la reubicación de los más de siete mil 500 internos en el estado, se
podrá establecer un sistema de inteligencia penitenciaria que permitirá, entre
otras acciones, crear programas que permitan la correcta reinserción social de
los reclusos.
Además, el personal que opera las instalaciones
penitenciarias contará con profesionalización y certificación.
El Gobierno
de Nuevo León planea apoyarse en el
sistema Compstat (estadísticas comparadas), de la firma Exiger Advisory, que
evalúa el desempeño del sistema penitenciario local. También contaría con el
respaldo del gobierno de Estados Unidos a través de su Embajada en Monterrey,
que replicará ahí la Iniciativa Mérida para penales.
La
administración del gobernador Jaime
Rodríguez Calderón cancelo en 2013, por falta de recursos, la construcción del
Penal de Mina, cuyas obras comenzaron en el gobierno anterior.
Del plan para edificar este
reclusorio de máxima seguridad sólo queda la barda perimetral, en la cual se
invirtieron 430 millones de los 3 mil millones 200 mil pesos que costaría todo
el complejo carcelario.
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