Por segunda ocasión, el Juzgado
Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales determinó que el
gobernador mexiquense no tiene facultad para designar notarios que incumplan
con los requisitos de ley.
En ese
sentido, calificó de ilegal el
nombramiento de los 12 fedatarios que hizo el exmandatario Eruviel Ávila, antes
de concluir su mandato.
El juez determinó otorgar la protección de la
justicia federal al aspirante a fedatario Carlos Ruiz Domínguez, como resultado
de la denuncia 1242/2017, aunque el abogado constitucionalista Oscar Valdés,
promotor de la demanda, precisó que el gobernador Alfredo del Mazo aún puede
impugnar la sentencia por la vía del recurso de revisión.
No obstante,
consideró que existen grandes
posibilidades de que al agotar todas las etapas procesales el fallo quede
firme, pues en esta ocasión el juez atacó tanto la Ley del Notariado del Estado
de México como las designaciones realizadas por Ávila.
“En este amparo ya se entró al fondo;
ya se comentó que fueron ilegales las notarías y que el gobernador no puede
nombrar notarios a discreción sin que cumplieran los requisitos”, dijo.
El 30 de
mayo pasado, el mismo Juzgado con sede
en Toluca ya había declarado inconstitucionales los artículos 12 y 13 de la Ley
del Notariado que permiten al mandatario mexiquense ejercer de forma
discrecional la impugnación.
No obstante,
al resolver el recurso de revisión, el
Tribunal Colegiado falló en favor de Alfredo del Mazo Maza, quién recurrió
aquella sentencia, pues los jueces determinaron que el amparo fue promovido de
forma extemporánea, ya que debió presentarse tan pronto como se promulgó la
atribución del gobernador para designar notarios, y no hasta que ejerció esa
facultad.
En enero
pasado el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Segundo Circuito con sede en Naucalpan concedió la
suspensión definitiva como notarios públicos a los 12 fedatarios designados por
el exgobernador Eruviel Ávila.
Sin embargo,
a la fecha siguen operando ocho de
ellos, debido a que para entonces ya habían entrado en funciones, y hacer
efectiva la suspensión requería cubrir 600 mil pesos por cada notaría, lo que
se traduciría en un monto de 5 millones de pesos que el promovente no logró
reunir.
Valdés
Ramírez confió que en esta ocasión la
sentencia sea más contundente, debido a que ataca tanto la ley como la acción
de las designaciones, lo que al ser confirmado por el Tribunal Colegiado
prácticamente revocará los nombramientos.
Los
fedatarios impugnados: son Alfredo
Jaramillo Manzur, sobrino del exsecretario general de Gobierno, José Manzur;
Erasto Martínez Rojas, exsecretario de Infraestructura cercano a Ávila
Villegas; Lorena Gárate Mejía; hija de Francisco Gárate, exrepresentante del
PAN ante el Instituto Nacional Electoral (INE); Luz María Angélica Alatorre
Carbajal, esposa del entonces diputado federal panista Ulises Ramírez, y Omar
Martínez Vargas, hermano de Octavio, exsecretario de Asuntos Electorales del
CEN del PRD.
También Héctor Javier Astudillo Calvo, hijo del
gobernador de Guerrero; Ricardo Giovanni Arredondo Lino y Beatriz Mercedes
Corona Mercado, ambos, familiares de funcionarios federales cercanos al
presidente Enrique Peña, y Gustavo Fernández Sauri, exfuncionario del DIF de Veracruz
y de la federación.
Además, los empresarios Marcelo Rosseto Armida y
Francisco Xavier Borrego Hinojosa, y el pevemista Alejandro Agundis Arias.
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