Dulce Olvera.
La Auditoría
Superior de la Federación (ASF) señaló
irregularidades por 159 millones 641 mil 100 pesos en dos componentes del
Programa de Apoyo a Pequeños Productores.
El Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que el campo es un sector estratégico
para reducir la pobreza e incidir sobre el desarrollo regional, por lo que debe
impulsarse la productividad para garantizar la seguridad alimentaria.
Este programa consiste en apoyar a
pequeños productores con servicios de extensión, innovación y capacitación para
incrementar la producción de alimentos y fortalecer el desarrollo comunitario
en las zonas rurales.
Sin embargo,
en el componente “Arráigate
Joven-Impulso Emprendedor” el órgano fiscalizador detectó anomalías por 37
millones 247 mil 500 pesos.
En otra auditoría,
la ASF fiscalizó el Programa de Apoyo a
Pequeños Productores en su componente “Extensionismo, Desarrollo de Capacidades
y Asociatividad Productiva”, en el cual hay pagos sin determinar su destino por
122 millones 393 mil 600 pesos.
ARRÁIGATE
JOVEN.
“Se identificaron deficiencias de
control en el seguimiento y supervisión de los recursos del componente
‘Arráigate Joven – Impulso Emprendedor’ por parte del INCA Rural y de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, dictaminó la Auditoría Superior.
Los recursos son ministrados por la
Dirección General de Desarrollo Territorial y Organización Rural y Dirección
General de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural y transferidos al
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA
Rural).
El
componente se conforma por dos conceptos. Del de “Proyectos de Producción
Primaria y Agregación de Valor” se
hallaron posibles daños al erario por 20 millones 006 mil 700 pesos.
El órgano
fiscalizador observó falta de
documentación comprobatoria por 8 millones 281 mil 700 pesos de 66 agrupaciones
sociales que recibieron recursos del programa; no se acreditó que 6 millones
519 mil 500 miles de pesos se entregaron a las agrupaciones beneficiarias.
Además, 2 millones 200 mil pesos rebasaron los
montos máximos autorizados, y se efectuó la comprobación del ejercicio del
gasto por 3 millones 005 mil 500 miles de pesos con Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet que fueron cancelados por su emisor.
Sobre el
concepto “Capacitación y Consultoría”, se
tuvieron dudas por 17 millones 240 mil 800 pesos.
No se acreditó que cuatro instancias
capacitadoras cumplieran con la cantidad de personas que recibirían la
capacitación por 6 millones 815 mil pesos; una instancia capacitadora no
comprobó los recursos que recibió ni acreditó haber prestado el servicio de
consultoría a 24 grupos sociales por 6 millones de pesos.
También faltó la comprobación de 4 millones 010 mil
800 pesos de tres instancias capacitadoras; y la comprobación del ejercicio del
gasto por 450 mil pesos con un Comprobante Fiscal Digital por Internet que fue
cancelado por la instancia capacitadora que lo emitió.
La Auditoría
Superior de la Federación pidió al Órgano Interno de Control en la Sagarpa que investigara las irregularidades de los
servidores públicos que no acreditaron la publicación de la convocatoria
dirigida a los solicitantes del concepto de “Capacitación y Consultoría”.
Al Órgano
Interno de Control del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del
Sector Rural pidió investigar por los
pagos a la capacitación de tres personas, de las cuales no acreditó su devengo
ya que estas fallecieron antes de la fecha de la solicitud de los apoyos, y por
no aclarar la no entrega de recursos a las instancias capacitadoras.
EXTENSIONISMO.
Sobre el componente “Extensionismo,
Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva” también hay dos
conceptos.
En el de
“Apoyo Extensionistas” hubo diversos
pagos a prestadores de servicios sin acreditarse con comprobantes fiscales o
entregables y en otros casos no de demostró el destino final por un total de 65
millones 472 mil pesos.
En el
segundo concepto, el de Apoyo “Centros
de Extensionismo”, se determinaron anomalías por 56 millones 920 mil pesos.
Por ejemplo,
cuatro Centros de Extensionismo no
acreditaron, con los comprobantes fiscales, la aplicación de 7 millones 097 mil
600 pesos o se transfirieron 2 millones 124 mil pesos a tres Centros de
Extensionismo, los cuales, al mes de mayo de 2018, se encontraban depositados
en las cuentas bancarias sin demostrar que estaban comprometidos para los fines
que fueron otorgados.
El INCA
Rural tampoco demostró que los 2
millones 044 mil pesos que Sagarpa ministró para los gastos de operación del
Concepto “Centros de Extensionismo” se destinaron para cumplir con la ejecución
de ese apoyo.
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