Los siete estados con mayor sobre-ejercicio
de recursos públicos en partidas no prioritarias como viáticos, ceremonias
oficiales y “otros”, tienen (en promedio) a la mitad de sus respectivas
poblaciones sumidas en situación de pobreza.
En tres años y en conjunto, Coahuila,
Guerrero, Michoacán, Puebla, Tamaulipas y Yucatán sobreejercieron un total de
12 mil 98.4 millones de pesos para cubrir los gastos de traslado y de viaje de
funcionarios públicos, los actos de representación y ceremonias oficiales, así
como “otros servicios generales” no etiquetados.
Chiapas, por su parte, erogó 2 mil 81.1 millones
adicionales a lo aprobado en su presupuesto de egresos entre 2016 y 2017, según
datos de las cuentas públicas analizadas por el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO).
Estas
entidades federativas, no obstante, tienen
altos porcentajes de pobreza poblacional. Y sus resultados en la materia han
sido escasos en los últimos años, de acuerdo con las cifras más recientes del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
Chiapas lidera la lista con el 77.1 por ciento de
sus habitantes en pobreza. Le siguen Guerrero (64.4), Puebla (59.4), Michoacán
(55.3), Yucatán (42), Tamaulipas (32.2) y Coahuila (25).
“Los estados tienen una capacidad
limitada para recaudar y gastar. Si a esto añadimos que el presupuesto que
tienen lo destinan a partidas no prioritarias, evidentemente merman mucho el
impacto que puede tener el Gobierno estatal en el desarrollo económico de su
estado y en el combate a la pobreza”, dijo a SinEmbargo la doctora Violeta Rodríguez Villar,
investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
Mientras que
el gasto adicional de los estados en
tres partidas no prioritarias fue dos a cinco veces mayor que lo aprobado por
el Poder Legislativo entre 2015 y 2017, las erogaciones excedentes en materia
de desarrollo social, subsidios, subvenciones y ayudas sociales fue, en
promedio, 20 por ciento mayor durante el periodo.
Sólo en el caso de Yucatán, hubo un
subejercicio de recursos de 10.1 por ciento, equivalente a 7.9 mil millones de
pesos.
En términos
monetarios, el sobre-ejercicio conjunto
de los estados en desarrollo social, subsidios y apoyos (112.7 mmdp) fue mucho
mayor que el de las tres partidas (14.2 mmdp). Pero la asimetría del gasto como
proporción del presupuesto aprobado refleja mala eficiencia presupuestaria.
En ese
sentido, la doctora Rodríguez explicó
que el gran problema de los estados es su creciente dependencia del Gobierno
federal, porque en lugar de buscar su independencia financiera para atender las
necesidades más urgentes de la población, han dejado la responsabilidad a la
Federación.
Ello se debe a que en México tenemos
un sistema de concurrencia fiscal “desvirtuado”, en un contexto de coordinación
fiscal “en el cual los estados ceden a la Federación sus potestades
tributarias”.
Esto quiere
decir que, para evitar que las entidades
y el Gobierno federal cobren dos veces el mismo gravamen, unos ceden sus
facultades (los estados) y el otro (la Federación) le retribuye, a cambio, con
la repartición del dinero de los impuestos recaudados.
Este mecanismo de concurrencia fiscal
tenía el objetivo de lograr una distribución equitativa de los recursos entre
los estados, privilegiando a aquellos con menor nivel de desarrollo. No
obstante, “el mecanismo no logró sacar a los estados más pobres de su nivel de
pobreza, ni fue suficiente para impulsar su actividad económica”, explicó.
Además de faltar a su
responsabilidad, las entidades federativas utilizan su presupuesto de manera
“muy discrecional, a pesar de que estos recursos deberían de ser fiscalizados y
supervisados por la Federación”.
Al respecto,
la investigadora comentó que la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “ha deteriorado el ejercicio de
su potestad para supervisar el uso de recursos” y la redistribución de los
mismos en el presupuesto de egresos, pese a que la Ley vigente establece que
hay partidas prioritarias que no deben ser modificadas.
“Los estados, en lo que se refiere a
los recursos federales, no podrían estar transfiriendo recursos que se destinan
a financiar acciones prioritarias hacia acciones no prioritarias. El hecho de
que no ejerzan las acciones prioritarias debería llevar a quitarles el
presupuesto, e incluso, a levantar denuncias [penales]”.
Asimismo, acusó la existencia de un “contubernio”
entre los gobiernos estatales y las legislaturas locales, a que corresponde la
supervisión de los recursos propios del estado.
EL GASTO
ESTATAL.
Guerrero es el estado que más sobre-ejercicio
presentó en los rubros de viáticos, ceremonias oficiales y “otros”. Entre 2015
y 2017, erogó 1 mil 267 millones de pesos (543.5 por ciento) más.
En ese mismo
periodo, la entidad gobernada por Héctor
Astudillo Flores gastó 12 mil 358 millones (14 por ciento) adicionales en
subsidios y desarrollo social.
La cantidad
adicional invertida en gastos no prioritarios de Guerrero equivale a la mitad de la deuda pública estatal, al cierre de 2017
(2.1 mmdp, según los datos oficiales).
Sin embargo,
los datos más escandalosos de la entidad
fueron los del rubro de “servicios oficiales” en los años 2015, 2016 y 2017. En
esos tres años, Guerrero presupuestó 20 mil pesos y terminó con un gasto de
78.2 millones de pesos en 2015 (3 mil 909 veces mayor a lo presupuestado), de
105 mdp en 2016 (5 mil 267 veces mayor) y de 134 millones en 2017 (6 mil 458
veces mayor).
Coahuila es la segunda entidad federativa con mayor
gasto excedente en los tres rubros no prioritarios (1.2 mmdp ó 197 por ciento)
en comparación con los rubros prioritarios (8.4 mmdp ó 10.2 por ciento).
Le siguen Michoacán, 4 mmdp (171 por ciento) contra
27.7 mmdp (23 por ciento); Puebla, 2.8 mmdp (130.4 por ciento) contra 44.7 mmdp
(22.1 por ciento); Tamaulipas, 1.6 mmdp (123 por ciento) contra 16.5 mmdp (18.6
por ciento); además de Yucatán, 1.1 mmdp (122 por ciento) contra un
subejercicio de 7.9 mmdp (-10.1 por ciento) en materia de desarrollo social,
subsidios y apoyos a la población.
En el caso de Chiapas, entre 2016 y
2017, el sobre-ejercicio no prioritario fue de poco más de 2 mil millones de
pesos (123 por ciento) mientras que el excedente en aspectos prioritarios fue
de 23.2 mil millones (17.3 por ciento).
El gasto adicional en viáticos,
ceremonias y “otros” no etiquetados entre 2015 y 2017 de las siete entidades
federativas (14.2 mmdp), es superior a la suma de lo que la Secretaría de
Desarrollo Social federal planeó erogar durante 2018 para los programas
asistenciales de Estancias Infantiles (4 mmdp), Comedores Comunitarios (3.2
mmdp), Abasto Rural (2.1 mmdp), Fomento para la Economía Social (2.1 mmdp) y
Abasto Social de Leche de Liconsa (1.2 mmdp).
De acuerdo
con el IMCO, “todas las entidades de la
República violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental” y su tendencia
de gasto refleja “falta de planeación, incumplimiento generalizado de los
presupuestos de egresos y poca vigilancia de los congresos estatales”.
En general,
los resultados de su Índice de Información del Ejercicio del Gasto 2018
refieren que en conjunto, sólo en 2017,
los 32 estados de la República mexicana gastaron 91 por ciento más recursos
(2.1 mmdp) de lo presupuestado para ceremonias oficiales.
Asimismo, erogaron 56 por ciento más (9 mmdp) en
otros servicios generales, 38 por ciento más (1.6 mmdp) en artículos de
oficina, 12 por ciento más (229 mdp) en traslados y viáticos, así como 11 por
ciento más (1.7 mdp) en servicios básicos.
Para remediar el gasto “discrecional”
de los estados, la
doctora Violeta Rodríguez Villar de la UNAM dijo a SinEmbargo que será necesario establecer más controles en
materia de concurrencia fiscal; eliminar “el círculo vicioso que existe entre
los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados” con leyes menos laxas en
materia presupuestaria (para evitar que haya traspaso de recursos prioritarios
a recursos no prioritarios) y fortalecer la rendición de cuentas a través de la
SHCP y de la Auditoría Superior de la Federación.
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