Gustavo De
la Rosa.
En la década
de los 70 conocí las ideas de Guillermo Rousset acerca del desarrollo económico
de México, ideas después desarrolladas por Francisco Soto Angli, y sobre la
consolidación de una nueva clase social: la
burguesía financiera. Esta surge de la acumulación de capital por transferencia
de recursos públicos a familias favorecidas, al mismo tiempo protegidas por otro
sector social que basaba su crecimiento en la administración indebida de los
fondos públicos, identificado como la burguesía burocrática.
En su
momento me pareció muy atractivo su análisis porque me permitió comprender las
relaciones entre el capital y el poder político, que por aquellos años se
enfrentaron representados en el grupo Monterrey y Luis Echeverría. Las diferencias entre los dos sectores se
agudizaron en 1982 durante la crisis petrolera del Gobierno de López Portillo y
todo culminó con la expropiación de la Banca Nacional. Pero no había buenos o
malos, porque ambos eran bastante perversos y buscaban su propio
enriquecimiento.
Con Salinas de Gortari los
financieros se fortalecieron al asaltar las riquezas del Estado, privatizar la
banca y destruir el ejido; ese fortalecimiento, la globalización de la
economía, y las precarias inversiones de la burguesía mexicana, que prefirió al
mercado mundial ofreciendo mano de obra barata en lugar de insertarse con
inversiones de riesgo, llevaron a un atraco del erario disfrazado de inversión
pública, con grandes ganancias para los beneficiados (que repartieron con los
gobernantes corruptos), y hundieron al país en la miseria política y humana que
nos deteriora más día a día.
Después del
primero de julio se estableció un nuevo equilibrio de fuerzas e inversiones en
México y ahora es indispensable
reconstruir la fortaleza del país, separar los negocios de la política y poner
condiciones a los capitales para que compitan en condiciones de igualdad bajo
un sólido Estado de derecho, en el que los inversionistas depositen su capital
procurando ganancias lícitas y razonables, derivadas de la calidad de sus
productos y servicios y no de los favores o pactos con los gobernantes.
Pero esta lucha por mejores condiciones
de inversión para todos parece que será más difícil que la lucha por el triunfo
democrático, porque además sólo tenemos seis años para empezar la construcción
de un nuevo México, donde sean prioridad los pobres, los jóvenes y las mujeres.
La lucha por el nuevo aeropuerto sólo
ha sido el primer asalto y es fundamental que los inversionistas actuales
comprendan que también se necesita su participación activa, sin ideologías
excluyentes: los 750 mil votos por Santa Lucía son votos contra la corrupción,
no contra el capital ni contra la inversión extranjera; son votos contra el
monopolio de negocios y política que nos trajo hasta aquí.
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