La bancada
de Morena en la Cámara de Diputados
presentó este martes su proyecto para reformar 13 artículos de la Constitución
para dar vida a una Guardia Nacional integrada por policías militares, marinos
y federales que deberán encargarse de combatir al narcotráfico y a otras tareas
de seguridad pública.
La
iniciativa, que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales,
Gobernación y Seguridad Pública, propone
reformar los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de
la Constitución.
La diputada
Guillermina Alvarado Moreno dio lectura a las propuestas, entre las que destaca la del artículo 5 transitorio, que establece que
las Fuerzas Armadas no regresarán a los cuarteles y establece que se evaluarán sus
tácticas y estrategias.
“En tanto persista la crisis de
violencia e inseguridad en el país, se mantendrá la Guardia Nacional de
conformidad con los términos planteados en el presente decreto, por ser
obligación del Estado mexicano tomar las medidas pertinentes para salvaguardar
la seguridad de los ciudadanos”, dijo la legisladora.
La propuesta
establece que el Ejecutivo, en
coordinación con el Legislativo, deberán realizar una evaluación de la política
instrumentada en la materia “transcurrido el plazo de tres años a partir de su
implementación”.
También agrega una excepción de la prohibición
establecida en el artículo 129 de la Constitución, que actualmente dice: “En
tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las
que tenga exacta conexión con la disciplina militar”.
La reforma propone agregar: “Los miembros de la
policía militar y naval adscritos a la Guardia Nacional quedan exceptuados de
la prohibición a que se refiere el artículo 129 de esta Constitución”.
Con ello se permite a los militares
estar a cargo de las tareas de seguridad pública y combate al crimen
organizado.
En su
exposición de motivos, la diputada por Nuevo León también recordó que, “desde hace tiempo, México pasa por una crisis de
violencia, inseguridad e impunidad” que hace “imposible la construcción de
bienestar e inhibe el desarrollo y amenaza con llevar al país a la
ingobernabilidad”.
“El incremento de los índices
delictivos expone a la población a la zozobra y destruye el tejido social, se
cobra decenas de miles de vida al año y causa graves afectaciones
patrimoniales”,
agregó.
Reprochó a los gobiernos de Felipe
Calderón y Enrique Peña Nieto por continuar con la misma estrategia sin atacar
“las raíces económicas y sociales del auge delictivo y la violencia”. En
cambio, “ambos se enfrascaron en la lógica de guerra que agravó la inseguridad
ciudadana, generó una catástrofe de derechos humanos y, paradójicamente,
fortaleció a la delincuencia al impulsar a los grupos delictivos a diversificar
y extender sus actividades y al provocar la atomización de los grandes cárteles
en pequeñas células dispersas por buena parte del territorio nacional”.
Por otra
parte, Morena justificó la permanencia
de los militares en las calles: “Es evidente que el Estado no puede asegurar el
cumplimiento de la legalidad ni reconstruir la paz sin el concurso de los
institutos armados. El retiro de los soldados y marinos de las tareas de
seguridad pública colocaría a diversas regiones y a sus habitantes en una total
indefensión ante la criminalidad organizada”.
“Hoy en día, las Fuerzas Armadas
siguen siendo el principal y más confiable pilar de la seguridad en nuestro
país; pero a 12 años de que fueran involucradas en esa misión por el mando
civil, siguen careciendo de un marco legal específico y de una formulación
institucional adecuada para participar en esa tarea”, se lee en la iniciativa.
“Los soldados han pagado con sus
vidas, experimentado un desgaste injustificable, distraídos de sus funciones
explícitas y se ha generado una indeseable erosión en sus vínculos con la
población, sin embargo, advierte, la crisis de violencia no la puede garantizar
el Estado Mexicano sin los institutos armados”, agrega.
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